El hermano del expresidente de la Generalitat, Francis Puig
El juez procesa a Francis Puig, hermano del expresidente valenciano, por estafa y falsedad documental
La investigación comenzó en 2019, a raíz de una denuncia del Partido Popular. La Fiscalía pidió enjuiciarle el pasado julio al ver indicios de corrupción
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, Jorge Martínez Ribera, ha acordado abrir juicio oral a Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y a su socio, el también empresario Juan Enrique Adell Bover, por presuntos delitos de falsedad documental y estafa por las ayudas públicas que habrían cobrado las sociedades de contenidos audiovisuales Comunicacions dels ports, Mas Mut y Canal Maestrat.
Según el auto de incoación de procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado señala que «las conductas son relevantes en un doble aspecto, tanto cuantitativo, como se ha expresado en los hechos de la presente resolución, así como en los instrumentos utilizados: facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo y produjo el subsiguiente enriquecimiento a favor de las sociedades administradas por los investigados Francisco Puig Ferrer y Juan Enrique Adell Bover».
El pasado julio, la Fiscalía Anticorrupción pidió procesar al hermano del dirigente socialista al considerar que había indicios de corrupción en dichas subvenciones públicas que otorgó la Generalitat, entre 2015 y 2018, cuando gobernaba Ximo Puig. La investigación comenzó en 2019, a raíz de una denuncia del Partido Popular. Según señaló la Fiscalía, la cantidad que había obtenido una de esas empresas, Mas Mut Producción SL, ascendía a 110.692 euros.
Como contó en su día El Debate, y tal como se revelaba en el informe del Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil, Francis Puig cruzaba facturas entre sus empresas para poder recibir más ayudas públicas. Se indicaba igualmente en el informe que, entre otras irregularidades, las fechas de muchos de los trabajos audiovisuales realizados no se correspondían con los de las de facturación, o que, por ejemplo, no existían contratos ni facturas con empresas para las que supuestamente se realizaron esas producciones.
El juzgado da ahora un plazo de diez días al Fiscal y las acusaciones personadas en el procedimiento para que soliciten el sobreseimiento de la causa o la apertura de juicio oral mediante la presentación de escrito de acusación. El auto no es firme y puede ser recurrido en reforma.
