La Generalitat Valenciana triplica las ayudas del Gobierno de Sánchez a los afectados por la dana

La gestión de las ayudas tras la devastadora dana que afectó a la Comunidad Valenciana ha puesto en evidencia la disparidad de criterios y ritmos entre la Generalitat y el Gobierno central. Los datos no admiten interpretaciones: el Consell de Carlos Mazón ha abonado 297,5 millones de euros en ayudas a familias damnificadas, frente a los solo 110,3 millones pagados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esto supone que el esfuerzo económico autonómico es un 165 % superior.

La diferencia de gestión no solo se mide en cifras absolutas. La Generalitat ha resuelto y pagado el 47 % del importe total presupuestado, mientras que el Gobierno apenas ha ejecutado el 14,3 % de las ayudas previstas. El dato es todavía más elocuente si se tiene en cuenta que el presupuesto estatal supera ampliamente al autonómico: el Estado maneja 386.000 millones de euros anuales frente a los 31.500 del Consell.

En cuanto a la atención a los hogares afectados, la Administración valenciana ha desembolsado 146,8 millones de euros a 24.469 familias para paliar la pérdida de bienes y enseres. Cada hogar ha recibido de forma inmediata 6.000 euros. En paralelo, el Ejecutivo central ha abonado 66,6 millones, cubriendo 3.868 solicitudes, apenas el 8,8 % de las 43.592 registradas.

La brecha también se manifiesta en las ayudas para la reposición de vehículos. El Consell ha atendido 79.392 solicitudes, lo que representa el 91 % de las registradas, con un desembolso de 150,7 millones de euros. Por su parte, el plan Reinicia Auto+ del Gobierno ha concedido 19.408 ayudas de las 31.727 solicitudes recibidas, pero solo ha abonado efectivamente 10.000 de ellas. Esto significa que la Administración autonómica ha pagado ocho veces más ayudas que el Estado.

Ayudas condicionadas

Además, las condiciones para acceder a las ayudas estatales resultan mucho más restrictivas. Para obtener la máxima ayuda de 10.000 euros es necesario adquirir un vehículo eléctrico nuevo, cuyo coste medio ronda los 45.000 euros y que implica, además, la recaudación del IVA por parte de Hacienda. A día de hoy, ninguna de estas ayudas especiales ha sido pagada, según admite el propio Ministerio de Industria.

Frente a esta rigidez, la Generalitat permite solicitar las ayudas de vehículo sin obligar a comprar otro coche, ni restringir el número de ayudas en función del número de vehículos que una persona hubiera perdido.

La agilidad en la tramitación también marca diferencias. Mientras el Consell ha resuelto el 86 % de las solicitudes totales, el Gobierno central apenas alcanza el 14,3 %. Esta lentitud ha generado críticas de las familias afectadas, denunciando muchas de ellas la «parsimonia» del Ejecutivo central en un contexto de necesidad urgente.

80.000 valencianos excluidos

Según relatan a El Debate fuentes cercanas a la Administración valenciana, su esfuerzo no solo ha sido mayor en magnitud y rapidez, también se ha caracterizado por una diversificación de líneas de ayuda, que ha incluido apoyos específicos a autónomos, alquileres, reconstrucción de infraestructuras municipales y daños en bienes de primera necesidad. En este sentido, más de 130 millones de euros ya han sido destinados a empresas y trabajadores por cuenta propia afectados.

A pesar de este esfuerzo, la Generalitat sigue reclamando fondos estatales a fondo perdido para cubrir los gastos de reconstrucción de colegios, centros de salud y otros servicios esenciales. Además, denuncia que el Gobierno central ha excluido a 28 municipios valencianos del plan de ayudas a la reconstrucción, afectando a 80.000 personas que sufrieron graves daños el pasado 29 de octubre.