Marián Cano: «España es el país europeo con mayor riesgo de apagón y se alargará hasta 2030 por el cierre de las nucleares»

La consejera valenciana de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, llegó a su actual cargo como consecuencia de la remodelación que hizo el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de su Consell, con tal de abordar la tarea, sin paragón, de la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la dana. Centrada en tan arduo trabajo pero sin descuidar los aspectos del día a día de la región, la dirigente se sienta con El Debate para, además, tratar todo lo relativo al apagón energético.

— ¿Cómo valora el apagón que sacudió España el pasado 28 de abril?

— Para empezar, creemos que las explicaciones que se han dado hasta ahora desde el Gobierno de España son insuficientes y además omiten información importante que entendemos que tendría que haberse utilizado para prevenir un problema que ha afectado a nuestra industria. Según los últimos datos oficiales de la Red Europea de gestores de redes de transporte de electricidad, España es el país con mayor riesgo de apagón de toda la UE. Riesgo que se intensifica este año 2025 y que se prolongará hasta 2030, especialmente en un escenario de cierre de nucleares. De hecho, ⁠Red Eléctrica, en su informe financiero, ha señalado que el cierre de la nuclear «introduce un mayor riesgo de incidentes en la operación que pueden afectar al suministro». Es decir, apagones.

— ¿Cree que situaciones como esta deberían ayudar a replantear el cierre de las nucleares?

— No lo digo yo, lo dicen los hechos. ⁠En 2024 se obligó a la industria a parar su actividad en cuatro ocasiones (22 mayo, 10 julio, 12 y 13 diciembre), en parte por paradas técnicas de nucleares. Se ha tenido que desconectar a la industria para mantener el suministro a los hogares españoles. Para 2025 se ha duplicado la previsión de potencia y horas a desconectar. El Gobierno ha normalizado la desconexión de la industria, cuando tiene que garantizar un suministro eléctrico continuo y seguro. Por lo tanto, hay un claro desequilibrio del sistema que el Gobierno conoce y que se agravará con cierre de instalaciones nucleares si no se hace algo para remediarlo.

«Queda trabajo por hacer»

— Más allá del apagón masivo y, dentro de sus competencias, ¿en qué situación está la reconstrucción de la provincia de Valencia tras la dana?

— La riada ha marcado un antes y un después en la acción política de este Gobierno. El Consell de Carlos Mazón ha impulsado desde el primer minuto un plan de reconstrucción para tratar de recuperar la normalidad en la zona afectada, tanto desde un punto de vista económico como emocional. Nuestro papel desde la Consejería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo pasa por servir de apoyo a las empresas, grandes y pequeñas, para que retomen la actividad cuanto antes. En este sentido, hemos avanzado mucho en estos seis meses, aunque aún queda trabajo por hacer.

— ¿A cuánto asciende la inversión realizada por su departamento para dichos trabajos? ¿Cuánta es la prevista?

— Durante los primeros meses tras la riada esta Consejería firmó contratos de emergencia desde el Ivace+i por valor de más de siete millones de euros con el objetivo de asumir la limpieza de 40 polígonos industriales colapsados por el barro, fletar autobuses gratuitos para que los empleados pudiesen llegar a sus puestos de trabajo, poner en marcha un cuerpo de agentes de proximidad industrial que atendiese las necesidades de las empresas sobre el terreno y abordar la reparación de los cuadros eléctricos en las zonas afectadas. También pusimos en marcha una línea de ayudas directas a comercios y empresas industriales que ha repartido más de 76 millones de euros de manera directa y que ya están abonadas al 100 %.

Somos una región infrafinanciada por el Estado, con un déficit importante en infraestructuras y que, por lo tanto, no compite en igualdad de condiciones con otros territorios

En cuanto a este año, en nuestros Presupuestos hay reservados 225,5 millones de euros para la reconstrucción, entre los que se incluyen los 127,4 millones de la convocatoria del Plan Ara Empreses que tenemos actualmente abierta para acelerar la reactivación de las pymes y que también gestiona el Ivace+i. Asimismo, hemos utilizado parte de nuestros fondos europeos de turismo para dedicarlos a la recuperación de la zona afectada, y pondremos en marcha medidas de estímulo al consumo como el Bono Dana y otras específicas para la hostelería y el comercio. También se destinarán diez millones de euros para la internacionalización de las empresas de la zona cero.

— ¿En qué medida le está afectando que no haya unos Presupuestos de la Generalitat ni Generales del Estado aprobados?

— Se trata de una situación completamente anómala que además cronifica una injusticia histórica con la Comunidad Valenciana. Somos una región infrafinanciada por el Estado, con un déficit importante en infraestructuras y que, por lo tanto, no compite en igualdad de condiciones con otros territorios. La provincia de Alicante, quinta de España en número de habitantes, es , con estos Presupuestos, la última del país en inversión per cápita desde hace ya tres años. A pesar de esto, y de cómo condiciona nuestras cuentas, esta injusticia no nos va a desviar de nuestra acción política: seguiremos planteando una baja fiscalidad para empresas y clases trabajadoras, además de apostar por un marco regulatorio simplificado.

Algo que ya está dando sus frutos: la recaudación tributaria en 2024 subió un 7,8 %, hasta los 2.541 millones de euros, mientras que ya somos la segunda comunidad autónoma de España con un mejor balance de entrada y salida de empresas, solo por detrás de Madrid. También cerramos el año pasado con récord de afiliaciones a la Seguridad Social y 9.000 desempleados menos.

Por el «camino adecuado»

— Al menos los regionales saldrán en semanas, pero el Gobierno central no tiene en su agenda presentar sus cuentas tal como le mandata la Constitución…

— El presidente Carlos Mazón ha ejercido su responsabilidad y compromiso con todos los valencianos pactando los Presupuestos autonómicos con el apoyo de la mayoría de las Cortes Valencianas. No se entendería que, en una situación como la actual, la Comunidad Valenciana no fuese capaz de cerrar un Presupuesto que le permitiese abordar con garantías un proceso de reconstrucción.

— ¿Qué valoración hace de los Presupuestos que se debatirán en las Cortes Valencianas?

— Estamos aún en una fase de enmiendas pero, en lo que respecta a la Consejería, la valoración es tremendamente positiva. Con 733,96 millones de euros, hemos elevado un 40 % nuestras cuentas respecto al año anterior, lo que demuestra la importancia que la Generalitat da a la reconstrucción de la provincia de Valencia pero sin descuidar la economía del resto del territorio. Nuestro objetivo es trabajar en paralelo para que la Comunidad Valenciana siga siendo un polo de creación de empleo y de atracción de inversiones mientras se completa la reconstrucción de la provincia de Valencia.

Nuestro principal trabajo ahora es que todas aquellas empresas que hayan bajado la persiana a causa de la riada vuelvan a abrir

— Tras la dana, ¿cuál es el contexto del tejido industrial y comercial de la provincia de Valencia?

— Es innegable que la riada ha sido un golpe duro para la economía valenciana. Las inundaciones afectaron a unos 8.000 comercios en 78 municipios, más de 2.000 empresas industriales y 35.000 trabajadores. Se trata de una zona que comprende el 22 % del PIB de la Comunidad Valenciana. Pero también es cierto que somos un territorio emprendedor, resiliente y que es capaz de adaptarse a cada momento. La actividad se está retomando poco a poco y creemos que el proceso de reconstrucción va por el camino adecuado. Las empresas saben que la Generalitat va a estar a su lado para apoyarlas en todo momento.

— ¿Cuáles son los planes a corto, medio y largo plazo que tiene su departamento para la reconstrucción?

— Tenemos una idea clara de qué tenemos que hacer porque estamos en contacto permanente con las empresas para escuchar sus necesidades, y hemos articulado mecanismos de ayuda directas rápidos y eficaces, como los fondos Indana y Codana, o el Ara Empreses. Nuestro principal trabajo ahora es que todas aquellas empresas que hayan bajado la persiana a causa de la riada vuelvan a abrir.

Pero para eso es indispensable que se articulen todos los mecanismos necesarios para una planificación a corto plazo, como por ejemplo que se abonen todas las indemnizaciones del Consorcio de Seguros. Según la última actualización, de mediados de abril, aún queda un 30 % de los comercios y las empresas industriales que no han cobrado lo que les corresponde del Consorcio. Y no podemos olvidar que se trata de un derecho adquirido, no una ayuda o gracia que concede el Gobierno central. Esta lentitud está lastrando el proceso de recuperación y dificulta que podamos seguir avanzando en la reconstrucción.

— ¿Cuáles son las zonas más dañadas en este aspecto o cuáles son las que más necesidades presentan?

— Existen muchos problemas a la hora de cobrar las indemnizaciones del Consorcio, y es importante que incidamos en que es necesario activar todos los mecanismos posibles para evitar que empresas que son perfectamente viables cierren. El Gobierno valenciano también ha exigido al Ejecutivo central que se acometan las obras necesarias para evitar que una tragedia como la del pasado 29 de octubre vuelva a ocurrir.

— ¿Cómo es su coordinación con el vicepresidente segundo, Gan Pampols?

— La coordinación de todo el Consell es fluida, con un diálogo permanente que coordina el presidente Carlos Mazón. Creo que el vicepresidente está haciendo un excelente trabajo y un diagnóstico preciso de la situación y las necesidades que tiene la zona afectada por la riada.

Ayudas del Gobierno y de la Generalitat

— ¿Y con el Gobierno central? ¿Cómo ha sido y está siendo esa relación y qué echa en falta?

— Echamos en falta todo. El Gobierno central ha sido el gran ausente durante estos seis meses en los que los valencianos se han sentido abandonados. Solo es necesario echar un vistazo al porcentaje de ayudas que han abonado: apenas un 14,3 % frente al 47 % del Consell de Carlos Mazón. Tampoco hemos encontrado una respuesta rápida a problemas que hemos denunciado de manera reiterada desde el Gobierno valenciano, como la necesidad de abordar un FLA extraordinario específico para la Comunidad Valenciana, solicitar a Europa una flexibilización del régimen de mínimis o la aplicación de bonificaciones fiscales en la zona afectada por la riada.

Un ejemplo: no es de recibo que el Gobierno de España vaya a recaudar una importante cantidad de dinero en concepto de IVA por la reposición de vehículos, en algunos casos superior a la ayuda que da para adquirirlos. Y hace apenas un mes el Gobierno rechazó una propuesta para eximir a los valencianos de pagar 441 millones de IVA por la compra de estos vehículos.

— En otro orden de cosas, el presidente Mazón esta semana ha viajado a Estados Unidos con los aranceles como principal problema. ¿Cuáles han sido los objetivos de esa visita a Nueva York y Miami?

— Ese viaje ha sido producto del diálogo fluido que mantiene este Consell con todos los sectores productivos valencianos. Hemos creado una mesa que debate para recabar las necesidades de las empresas afectadas y, fruto de esa colaboración, esta semana realizamos una misión de refuerzo de las relaciones comerciales que permitirá sondear sobre el terreno cuáles son las preocupaciones de algunas de las principales compañías de la Comunidad con presencia en Estados Unidos. Actualmente las exportaciones al país norteamericano suponen un 8 % de nuestro total, y somos la tercera región de España que más exporta a EE. UU.

En la Consejería estamos trabajando en la elaboración de un mapa de afectación sobre la posible aplicación de los nuevos aranceles, y el presidente aboga por pedir políticas de Estado que permita avanzar hacia una desescalada que termine con aranceles cero para la industria valenciana, así como una respuesta coordinada desde Europa. En este sentido, el viaje de esta semana es clave en el desarrollo de una estrategia a medio plazo que se articulará en medidas concretas.

— ¿Qué valoración hace de los datos turísticos de Semana Santa en la Comunidad Valenciana?

— Los datos que tenemos son que las reservas de última hora han funcionado y hay patronales hoteleras que ya hablan de la mejor Semana Santa en años. Las primeras estimaciones cifran ocupación media del 85 %, con llenos técnicos en puntos como la ciudad de Elche. Es cierto que la ocupación de este periodo vacacional siempre está condicionada por el clima, y la evolución de este año ha sido muy positiva. Pero también demuestra la fortaleza del destino y la capacidad que tenemos para ser referentes durante los grandes periodos vacacionales.

— Con todo ello, ¿qué expectativas maneja de cara a verano y cuáles son las fortalezas de la región para seguir atrayendo tantos visitantes?

— La Comunidad Valenciana es un destino consolidado que ofrece todo tipo de productos turísticos a los visitantes, y que además viene de cerrar un año récord con casi 30 millones de visitantes y un incremento del gasto extranjero del 21 %. Los aeropuertos valencianos cerraron el ejercicio con las mejores cifras de su historia y, por lo que hemos visto en lo que llevamos de año, es muy probable que la tendencia continúe durante este verano.

Nosotros apostamos por la gobernanza turística, la regulación y, sobre todo, la idea de que una parte tan importante de nuestro PIB tiene que tener un respaldo decidido por parte de la Administración. En la Generalitat seguiremos impulsando políticas que permitan combatir fenómenos nocivos como la economía sumergida en el turismo, la colaboración público-privada y, sobre todo, alejarnos de criminalizar al turista como parece que se pretende desde determinados posicionamientos políticos.