Los agravios de Sánchez con la Comunidad Valenciana se perpetúan con su negativa a convocar elecciones

Dice el dicho popular que «lo que abunda no daña». Sin ánimo de contradecir al refranero español, en la Comunidad Valenciana los agravios por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se cuentan por doquier y, naturalmente, causan perjuicio a los más de cinco millones de habitantes y lastran no solo su presente, sino también su futuro. Esta circunstancia no es limitada a una materia, ya que tiene varias aristas, la suma de las cuales ponen de manifiesto el menoscabo hacia la región.

Es muy probable que buena parte de la sociedad valenciana no sepa qué es un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario. Un motivo de ello puede ser que más allá del ámbito económico, financiero y político, este mecanismo es algo totalmente ajeno. Pero otra razón puede ser que durante los últimos doce años se ha venido activando sin mayor problema ni polémica, independientemente de qué partido estuviera tanto en el Palacio de La Moncloa y en el Palau de la Generalitat. Los colores azul y rojo se han intercambiado y han convivido en plena armonía.

Pero en 2025 el contexto ha cambiado por completo y esta herramienta es uno de los principales puntos del debate institucional en la Comunidad, ya que Sánchez sigue sin ponerla en marcha por más que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se lo siga pidiendo por activa, pasiva y perifrástica. De hecho, en la sesión de control al Consell en las Cortes este jueves, reprochó a los diputados del PSOE lo que calificó como su «traición» por no reclamar a su jefe de filas que dé luz verde al Fondo.

La cuantía no es baladí: 2.500 millones de euros menos que se unen a un sistema de financiación autonómica que sitúa a la Comunidad como el peor territorio nacional al respecto y que, según advirtió la consellera de Hacienda, Ruth Merino, si no se reforma, la Generalitat no podrá no podrá volver a financiarse en los mercados. Pero el agravio económico es aún más sangrante cuando el Ejecutivo central está más que dispuesto a aprobar una financiación singular para Cataluña a cambio de mantenerse en el poder.

Trasvase Tajo-Segura

El contexto no es mejor en lo relativo al agua, dado que el recorte impuesto por Sánchez al trasvase Tajo-Segura condena, en palabras de Mazón, a la «asfixia» a la provincia de Alicante, tanto en términos económicos, como de empleo y medioambientales. La postura de la Generalitat es más que clara: la medida lleva a cabo por el Ministerio para la Transición Ecológica responde únicamente a criterios «ideológicos» y «políticos», por lo que obvia cualquier atisbo de argumento «científico». «Salvajada» e «injusticia» es el resumen del presidente valenciano.

En este sentido, Mazón lleva la 'voz cantante' en este asunto, pero figuras como el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, también se han pronunciado. Así, el primero alertó de que la hoja de ruta sanchista con el trasvase condenaría a la provincia a ser «el desierto de Europa» junto a Murcia y Almería. Por su parte, el segundo habla directamente de «un apagón hídrico programado» fruto de una «voluntad política de perjudicar a la agricultura valenciana y murciana», más aún cuando, tal como informó El Debate, los embalses del Tajo que nutren el trasvase al Segura están a rebosar mientras Alicante agoniza.

Energía

El símil de Pérez con el apagón lleva directamente a otra materia en la que los intereses de la Comunidad Valenciana chocan con la estancia de Sánchez en La Moncloa. Tras el caos que supuso quela inmensa mayoría de España se quedase a oscuras, Mazón hizo una férrea defensa de la energía nuclear pidiendo abrir una «reflexión» que sea «sin extremismos, sin ideologías extremas, con equilibrio y con sentido común». En paralelo, la incógnita sobre el futuro de la central de Cofrentes sigue en el aire gracias al silencio del Gobierno.

A la par que la ministra Sara Aagesen se ha comprometido, aunque ahora parece que con algún titubeo, a prolongar la vida útil de la central nuclear de la localidad extremeña de Almaraz hasta 2030, tres años más de lo estipulado, mantiene la incertidumbre sobre si esa medida extraordinaria también se aplicará en Valencia. Ante ello, el presidente de la Generalitat exige el «mismo trato» y tratar «de manera urgente» la situación energética en la región y en el conjunto de España.

Lengua

La diferencia de trato por parte del líder socialista entre Cataluña y la Comunidad también tiene su ramificación en lo lingüístico. De cara a garantizarse la investidura en 2023, Sánchez cedió ante los independentistas catalanes en múltiples temas. En lo idiomático, una de las exigencias de Carles Puigdemont fue que el Gobierno movilizase todos los recursos para que el catalán fuera oficial en la Unión Europea. Se ha movilizado a tal efecto, pero sin éxito, ya que el Parlamento comunitario ha dado largas al asunto.

Pero por si no fuera suficiente, el Grupo de Trabajo de Lenguas y de los Ciudadanos y Servicios Lingüísticos de la Mesa de la Eurocámara, tal como este periódico informó, reprochó al Ejecutivo que la lengua oficial de la Comunidad Valenciana tiene «el mismo rango de cooficialidad en España» que el catalán «tanto en la Constitución como en sus respectivos Estatutos de Autonomía».

Infraestructuras

Las infraestructuras en la región también siguen sufriendo los efectos de la permanencia de Sánchez en el poder. El último ejemplo de ello se ha dado esta misma semana, con el anuncio de ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat al mismo tiempo que tiene en un limbo la del recinto de Manises, en Valencia, y la del de Alicante-Elche Miguel Hernández.

Del mismo modo, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, lleva desde el primer momento en que accedió al cargo reivindicando al ministro de Transportes, Óscar Puente, el soterramiento de las vías de Serrería, y el primer edil de Elche, Pablo Ruz, hace lo propio con la situación del ferrocarril en la ciudad alicantina.