Inmigrantes obra Valencia

Imagen tomada este martes de varios inmigrantes regularizados trabajando en una obra en ValenciaEl Debate

Inmigrantes legales y españoles coinciden: «Los extranjeros irregulares que no coticen no deben recibir pagas»

El Debate recaba a pie de calle la opinión de la ciudadanía sobre una de las propuestas que planteará el PP en su Congreso: en la Comunidad Valenciana sólo el 10 por ciento de los afiliados a la Seguridad Social es foráneo

«No vine a España para cobrar gratuitamente sin trabajar. Estoy completamente de acuerdo con el sistema de trabajar y ganar lo que te mereces y no percibir dinero sin hacer nada». Esta contundente afirmación la realiza a El Debate Simone, dueño del local Barrieto, dedicado a las pizzas y otros productos italianos junto al Mercado Central de Valencia. Es su respuesta a las preguntas formuladas por este periódico sobre la propuesta del Partido Popular con vistas a su Congreso nacional de julio en materia de inmigración y de cara a un posible adelanto electoral por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la Comunidad Valenciana, de todos los trabajadores afiliados a la Seguridad Social únicamente un 10 por ciento son cotizantes extranjeros, según las últimas estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones este mismo lunes.

En concreto, el texto en cuestión dice lo siguiente: «Contribuir tiene que ser condición para permanecer. Eliminaremos la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas, porque la irregularidad no puede generar derechos, y condicionaremos la residencia de larga duración a la contribución efectiva al sistema de Seguridad Social, al conocimiento del idioma y de la cultura española».

El planteamiento de Génova llega días después de que, tal como informó en exclusiva este periódico, un ciudadano maliense acogido en una residencia universitaria reconvertida en centro de inmigrantes fuera detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, después de propinarle una paliza con la tapa de un inodoro, con la que le habría partido el cráneo. Además, la víctima sufrió lesiones graves en un ojo y presenta una profunda marca en el cuello, compatible con un intento de asfixia o corte.

A Simone, que el PP pudiera poner en marcha esa medida no le atañe por dos motivos: es italiano y, por tanto, miembro de un país de la Unión Europea y con plenos derechos y, al mismo tiempo, porque desde que vino hace algo más de dos años se puso a poner los mimbres de lo que hoy día es un negocio. Sin embargo, a otros inmigrantes procedentes de otras latitudes fuera del ámbito comunitario, sí. Por ello mismo, El Debate ha palpado de primera mano el sentir general en la capital del Turia ante la citada propuesta, tanto entre españoles como de extranjeros regularizados.

Si alguien es ilegal, ¿cómo se le va a dar una paguita? ¿En qué cabeza cabe?

Así, Alejandro, colombiano y camarero en un bar del barrio de Patraix, explica que llegó a España hace 29 años y que «desde el minuto uno» se puso «a trabajar», por lo que respalda la idea de Alberto Núñez Feijóo: «Si vienen inmigrantes, que sea para trabajar y no para vivir del cuento», afirma. En este sentido, reclama que las ayudas «se dan a quienes las necesitan de verdad». «Los que no vengan a trabajar, que se vayan. Los ilegales que no coticen no deben recibir ayudas», insiste.

Imagen de Mohammed, inmigrante pakistaní legal en España y dueño de Golden Frutas, en Valencia

Imagen de Mohamed, inmigrante pakistaní legal en España y dueño de Golden Frutas, en ValenciaEl Debate

Del mismo modo, César, que es español y copropietario del bar Lar Botánico, junto a la Gran Vía Fernando el Católico, es contundente sobre la medida que implantaría el PP si llegase al Palacio de La Moncloa: «Me parece perfecto. Si se viene a España, que sea para trabajar. Lo que no se puede hacer es venir de fuera a delinquir», señala a este periódico. Aunque reconoce que «la mayoría» de inmigrantes que conoce es «gente trabajadora», matiza que «hay de todo», por lo que aboga por un flujo de personas «con papeles» y si hay alguien que «delinque» y no está en regla tiene que irse «a su país».

No se puede hacer apología de lo ilegal mientras tienes a una clase media con deudas y sin casi futuro

Otro español de origen, Kike, repartidor de una conocida empresa de mensajería, también comparte el planteamiento de los 'populares' para su Congreso. En este sentido, sugiere que «con todos los impuestos» que paga, las ayudas deberían «a la gente que está legalmente en España». «Si alguien es ilegal, ¿cómo se le va a dar una paguita? ¿En qué cabeza cabe?», se pregunta indignado, antes de incidir: «Si alguien es ilegal, nada de nada y menos con el dinero ganado honradamente».

El 10 % de los cotizantes en la Comunidad, extranjeros

Argentino de nacimiento y llegado hace prácticamente siete años «con poca plata», Esteban trabaja en la obra y coincide con la ponencia del PP porque lo contrario sería «ir en contra del ejemplo» que está dando a sus hijos: «Si mañana se tuvieran que ir a otro país sería para buscar trabajo, para ayudar a quienes les han acogido. Aquí, igual. Nosotros vinimos para trabajar y aquí seguimos, haciendo un mejor país entre todos. Pero no se puede hacer apología de lo ilegal mientras tienes a una clase media con deudas y sin casi futuro», denuncia.

Finalmente, a Francisco se le escapa una 'risa tonta' cuando se le pregunta si está acuerdo o en desacuerdo en que los inmigrantes ilegales no opten a ayudas no contributivas. Su postura no entiende de dudas: «Obvio que lo apoyo. En principio, lo que dice el señor Feijóo me parece bien. Si vienen con papeles, perfecto, si no, a su casa».

Los últimos datos publicados por el Gobierno central sobre afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana indican que la región cerró el pasado mes de mayo con más de 2,2 millones de personas cotizando. De ellas, 228.178 son extranjeros que desarrollan su actividad laboral en Castellón, Valencia o Alicante, lo que representa el 10, 31 % del total, siempre de acuerdo con las cifras oficiales.

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