Imagen de archivo de la fachada de un edificio okupado
La Generalitat Valenciana declara la 'guerra' a los okupas
Mazón anuncia una oficina antiokupación con asistencia legal y psicológica a propietarios afectados
La Generalitat Valenciana pondrá en marcha en los próximos días una oficina autonómica de atención a las víctimas de la okupación ilegal. Esta nueva herramienta institucional se enmarca dentro del Plan Integral contra la Okupación de Viviendas anunciado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y tiene como objetivo «prevenir, combatir y reducir» un fenómeno que, según datos del propio Consell, ha registrado un aumento exponencial en los últimos catorce años. En 2010 se contabilizaban 277 denuncias en la Comunidad Valenciana; en 2024 la cifra alcanzó las 1.767.
El plan contempla la puesta en funcionamiento de un servicio de atención inmediata a través del teléfono 012, así como un acompañamiento legal y psicológico a los propietarios afectados. Esta atención personalizada se prestará a través de la red de 37 Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito y los 66 centros JustiProp, presentes en municipios de toda la Comunidad Valenciana. El objetivo, según ha explicado Mazón, es dar cobertura inmediata a ciudadanos que sufren no solo el despojo de sus bienes, sino también situaciones de estrés, ansiedad o inseguridad derivadas de la okupación.
La oficina contará con profesionales específicamente formados: abogados, psicólogos y trabajadores sociales que han recibido instrucción especializada durante los últimos meses. Además, se elaborarán protocolos antiokupación para las actuaciones de policías y empleados públicos, en colaboración con el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía. Entre otras medidas, también se prevé la redacción de una Guía Informativa que será difundida a través de los ayuntamientos y del 012, y la firma de un protocolo con los administradores de fincas para establecer pautas de actuación ante casos de okupación o inquiokupación.
La iniciativa amplía el modelo municipal impulsado en abril por el Ayuntamiento de Valencia, donde ya se anunció una Oficina Antiokupas dependiente de la Policía Local. En aquel momento, la alcaldesa, María José Catalá, subrayó que se trataba de una respuesta ante el incremento sostenido de intervenciones policiales en inmuebles ocupados: solo en Valencia, de 796 en 2023 se pasó a 810 en 2024, con 144 registradas en los primeros meses de 2025. Además del asesoramiento técnico y jurídico, el consistorio incorporó herramientas tecnológicas, como un sistema de detección temprana de consumo de agua en viviendas vacías.
El plan autonómico da un paso más al establecer un sistema de coordinación con los Servicios Sociales para valorar situaciones de vulnerabilidad en los casos en los que proceda, así como la creación de una conexión telemática con el Registro de la Propiedad. Esta permitirá a los funcionarios de la Generalitat y a las fuerzas de seguridad conocer en tiempo real la titularidad de los inmuebles okupados y, con ello, agilizar los procesos de desalojo. También se contempla la formación específica de los cuerpos de policía a través del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE).
Imagen de los integrantes del Integral contra la Okupación de Viviendas de la Generalitat Valenciana
El respaldo político a la iniciativa ha llegado desde Vox, que ya había defendido la creación de una oficina antiokupación autonómica mediante una enmienda a la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025. La formación liderada por Abascal ha mantenido negociaciones con el Partido Popular para sacar adelante esta y otras medidas, aunque sin presentar propuestas conjuntas. Vox considera que la iniciativa es una respuesta necesaria ante lo que denuncia como permisividad del Gobierno central frente a las okupaciones ilegales.
Durante la presentación del plan, Carlos Mazón ha recordado que al llegar al Consell se encontraron con más del 10 % del parque público de viviendas okupado. «El anterior gobierno no hizo nada para evitar o corregir y ahora vamos a poner solución», ha asegurado. Además, ha reclamado al Gobierno central una batería de reformas legales, entre ellas la derogación de la actual Ley de Vivienda, la agilización de los procedimientos judiciales, refuerzo de la autoridad de las fuerzas de seguridad y deducciones fiscales para propietarios cuyos inmuebles se encuentren okupados y sometidos a litigios.
La Generalitat enmarca esta ofensiva institucional dentro de una estrategia más amplia de política de vivienda. Según el Consell, la okupación y la inquiokupación son síntomas de un problema estructural de escasez habitacional, que la actual administración pretende revertir mediante el Plan Vive, avales a jóvenes, rebajas fiscales y licitación de vivienda protegida. «Desplegamos al máximo todas las competencias de la Generalitat», afirmó Mazón, aunque matizó que muchas de las reformas necesarias dependen del Gobierno central y de las Cortes Generales.
Con esta nueva oficina y el plan que la acompaña, la Generalitat lanza un mensaje claro: tolerancia cero ante la okupación ilegal. Un giro de timón que, más allá de la respuesta institucional, pretende ofrecer a los propietarios la seguridad jurídica y la protección que, según el Consell, se ha visto comprometida durante demasiado tiempo.
