Imagen de archivo de una Oficina de Extranjería
Más de un 20 % de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en la Comunidad Valenciana son extranjeros
Pese a que suponen solo el 18,2 % de la población, los extranjeros representan casi una cuarta parte de los perceptores de la prestación económica en la región
El 22,3 % de los titulares del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la Comunidad Valenciana no tiene nacionalidad española, según los datos oficiales publicados en junio por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En total, 18.355 personas extranjeras reciben esta prestación en la región, frente a 63.881 ciudadanos con nacionalidad española. La cifra cobra especial relevancia si se compara con la estructura demográfica: según el último censo, los extranjeros representan el 18,2 % de la población valenciana. Es decir, el peso de los beneficiarios extranjeros del IMV es proporcionalmente mayor al que tienen sobre el total de residentes.
En conjunto, 82.278 hogares de la Comunidad perciben esta ayuda económica, con una nómina mensual que supera los 51 millones de euros, lo que sitúa la cuantía media por hogar en 550,27 euros. Alicante concentra el mayor número de titulares no españoles, con 7.382, seguida de Valencia (7.616) y Castellón (3.357). El Ministerio no especifica cuántos de los perceptores con nacionalidad española son personas naturalizadas, por lo que la cifra de beneficiarios nacidos fuera de España podría ser aún más elevada.
Este reparto vuelve a poner el foco en el diseño y el control de las políticas de subsidios impulsadas por el Ejecutivo. Mientras el Gobierno defiende el IMV como una herramienta para combatir la pobreza, especialmente la infantil, desde la oposición se advierte de los efectos de una política de ayudas que no distingue entre residentes legales y situaciones administrativas irregulares.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha detectado que recibir el Ingreso Mínimo Vital disminuye la probabilidad de trabajar en tres puntos porcentuales, lo que supone una caída del 12% frente a las cifras que arrojan los hogares que no lo reciben.
En este contexto, el Partido Popular ha presentado una propuesta que rompe con la lógica vigente desde la aprobación del IMV. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo plantea desvincular el empadronamiento automático del acceso a determinadas ayudas sociales, como las becas educativas, las bonificaciones al transporte o la renta mínima autonómica, e introducir criterios vinculados a la contribución a la Seguridad Social y al conocimiento del idioma y la cultura españolas. Según recoge el documento interno, «condicionaremos la residencia de larga duración a la contribución efectiva al sistema de Seguridad Social».
Imagen de una mujer de origen extranjero trabajando como cuidadora
Aunque la ponencia no menciona de forma explícita esta prestación, el debate está abierto. La ayuda económica aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2020 se encuentra ahora en el centro de un nuevo frente político. Los 'populares' insisten en que la normativa actual, lejos de resolver situaciones de vulnerabilidad, está alimentando un sistema de dependencia estructural del Estado.
Las cifras globales refuerzan esa impresión. El IMV alcanza este mes a 736.867 hogares en todo el país, en los que viven 2.253.401 personas. Respecto a junio del año pasado, el número de prestaciones activas ha crecido un 17,8 %, una expansión que evidencia la dificultad del Gobierno para reducir la población dependiente de subsidios. La mayoría de titulares son mujeres (67,7 %) y el 41,3 % de los beneficiarios son menores de edad, según los datos del propio Ejecutivo.
Brecha entre beneficiarios y cotizantes
En la Comunidad Valenciana, el porcentaje de beneficiarios extranjeros de la prestación estatal supera en más de cuatro puntos su peso en la población total. Este desfase ha reactivado el debate sobre el acceso a las ayudas sociales y la necesidad de revisar los criterios de adjudicación. La propuesta del Partido Popular, que plantea endurecer las condiciones para percibir determinadas prestaciones en función de la situación administrativa y la vinculación con el sistema, ha encontrado eco en parte de la ciudadanía, acercándose así a las propuestas defendidas por Vox.
En paralelo, los datos de afiliación reflejan que solo un 10 % de los cotizantes a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana son de nacionalidad extranjera. Según las cifras oficiales del Ministerio de Seguridad Social, 228.178 trabajadores foráneos están afiliados en la región, de un total de más de 2,2 millones de personas dadas de alta, lo que sitúa en evidencia la brecha entre quienes aportan al sistema y quienes reciben ayudas. Esta diferencia refuerza los argumentos de quienes consideran que las prestaciones no contributivas deben estar más ligadas al esfuerzo fiscal que al mero empadronamiento.
Un modelo pendiente de reformulación
El texto presentado por el PP, sin embargo, deja aún muchas incógnitas abiertas. No concreta cuántos potenciales beneficiarios se verían afectados. Lo único que se establece de forma explícita es que «en ningún caso se dejará a los inmigrantes sin atención médica», una declaración que fija límites en materia sanitaria, pero mantiene la ambigüedad de los de Feijóo en temas polémicos, con el fin de aglutinar al votante más conservador pero sin perder la vista posibles votos provenientes del centro-izquierda.
En este contexto, los 'populares' deberán concretar su posición en materia de ayudas sociales y definir si su propuesta va más allá de un gesto político. El verdadero reto será determinar si está dispuesto a impulsar un cambio estructural en un modelo heredado de la izquierda, basado en una amplia red de subsidios que ha generado una creciente dependencia de los recursos públicos, o si optará por dar un giro a las políticas del país. La diferencia entre reformar el sistema o sostener su inercia marcará el alcance real de su apuesta política. Mientras, el Gobierno de España sigue presumiendo de que millones de ciudadanos dependen del Ingreso Mínimo Vital.
