Imagen de un puesto de fruta del Mercado Central de Alicante
Sánchez deja el mercado de frutas y verduras en manos de Marruecos al aniquilar el trasvase Tajo-Segura para amarrar los votos de Page
Las reservas de agua en España triplican las de Alicante mientras el PSOE ultima el fin de las transferencias al Segura
La provincia de Alicante afronta un verano al límite. Mientras los embalses del país superan el 70 % de su capacidad y la cuenca del Tajo rebosa por encima del 80 %, aquí solo se retienen 81 hectómetros cúbicos, el 25 % del total. La situación sería crítica en cualquier contexto, pero se vuelve directamente insostenible cuando el Gobierno central mantiene el recorte al trasvase Tajo-Segura, una infraestructura vital para sostener el regadío y el tejido agrícola de la provincia. En lugar de garantizar el envío de agua que ya existe y que los embalses acumulan en origen, el Ejecutivo ha endurecido las condiciones técnicas que lo impiden. Lo ha hecho tras la presión política de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, y con un objetivo cada vez más evidente: asegurar el apoyo de los diputados de la región dentro del propio PSOE.
En los campos de la Vega Baja, L' Alacantí y el Vinalopó, en las huertas que rodean Muchamiel, Orihuela, Pilar de la Horadada o San Miguel de Salinas, la sensación de abandono es absoluta. Una de las provincias que más frutas y hortalizas exporta de España, con productos de referencia en toda Europa, está viendo cómo el agua deja de llegar por una decisión puramente política. Se recorta el trasvase, no por falta de caudal en los embalses de Entrepeñas y Buendía -diseñados desde la II República con ese propósito-, sino por un cálculo de poder interno en el seno del Gobierno central. El aumento del caudal ecológico del Tajo -pasado de 7 a 8,6 m³/s- se ha convertido en la herramienta perfecta para vaciar de contenido el trasvase, sin derogarlo oficialmente. Una jugada que ha recibido duras críticas tanto del Consell como de los regantes: se vende como medida medioambiental lo que en realidad es un peaje político.
Las consecuencias ya se notan en la calle. En el Mercado Central de Alicante, los comerciantes lidian con una tormenta perfecta: menos agua para cultivar, más costes de producción y una avalancha de productos extranjeros -principalmente marroquíes- que entran en el mercado sin los mismos controles ni estándares. Solo en el primer trimestre de 2025, España ha importado casi 192.000 toneladas de frutas y hortalizas de Marruecos, un 22 % más que en el mismo periodo del año anterior. Tomates, pimientos, aguacates, arándanos… productos que se cultivan también en las comarcas alicantinas y que ahora compiten en desigualdad.
El producto español pierde terreno
«Con menos agua, todo se encarece. Y si encima dejamos entrar sin filtro el producto marroquí, lo nuestro se queda sin espacio», resume Vanesa, vendedora en el mercado. La presión sobre los márgenes es cada vez mayor. La clientela nota la subida de precios, los productores reducen la superficie cultivada y el producto nacional pierde terreno en los lineales. Todo mientras Marruecos, con estándares mucho más laxos en materia laboral, sanitaria y medioambiental, inunda el mercado con precios imbatibles.
Género de una de las fruterías del Mercado Central de Alicante
Los vendedores lo ven claro: sin agua no hay producto competitivo, y sin competitividad se pierde mercado. Noelia, otra comerciante del Mercado Central, denuncia que «se nos suben los costes por todas partes y encima se permite que entren productos sin los mismos controles. No hay forma de competir así». La falta de agua golpea de lleno a los precios, los márgenes y la rentabilidad de una cadena que ya está tensionada por la inflación, el encarecimiento energético y los cambios normativos.
La Generalitat Valenciana lleva meses alertando de que el recorte del trasvase es una «imposición ideológica sin respaldo técnico» y que su impacto será demoledor para el sureste. Y es especialmente grave en Alicante, donde más del 80 % del agua para riego depende directa o indirectamente del Tajo-Segura. La Vega Baja sufre ya restricciones del 30 % en regadío, y ni siquiera las zonas que combinan fuentes hídricas -como el Vinalopó- tienen garantías de estabilidad a medio plazo.
Lo más difícil de explicar es que el agua sí existe. La cuenca del Tajo acumula más de 8.900 hm³, el triple de lo que exige el Pacto de Albufeira para ceder a Portugal. El Gobierno cumple con creces ese compromiso internacional (más de 6.600 hm³ anuales), pero restringe las transferencias internas que sostienen la agricultura, la industria y el empleo de una provincia entera. Un sinsentido que ha llevado a agricultores, empresarios y alcaldes a hablar abiertamente de discriminación territorial.
Competir en calidad pero no en precio
En los comercios de cercanía, como los puestos tradicionales del Mercado Central, el conflicto es tangible. Los vendedores aseguran que el producto español no puede competir en precio, solo en calidad. Y cada vez cuesta más defender esa calidad si no se puede garantizar agua para cultivarlo. Aun así, no todos se rinden. «Podemos competir perfectamente con Marruecos, porque nosotros ofrecemos calidad. El que viene aquí lo sabe y lo busca», dice Carmen, frutera de toda la vida. Pero hasta esa resistencia tiene un límite.
Mientras los consumidores se dividen entre el precio y el origen, y el campo alicantino ve marchitar su modelo productivo, el Gobierno central mantiene su apuesta: blindar los votos de García-Page a costa de cerrar el grifo al sureste. Y con cada hectárea que se queda sin regar, con cada cosecha que se encarece, Marruecos gana más cuota de mercado. Alicante pierde agua, pierde producción y pierde presencia.
