Imagen aérea de la presa de Beniarrés (Alicante)

Imagen aérea de la presa de Beniarrés (Alicante)Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana

Alicante afronta el verano más seco de la historia con el tijeretazo al Tajo-Segura concedido por Sánchez a Page

Los nuevos caudales ecológicos aprobados por el Gobierno recortan el trasvase hacia el sur, dejando en vilo a productores, regantes y ayuntamientos ante un escenario de escasez sin precedentes

La provincia de Alicante se enfrenta al verano más árido de su historia reciente en una situación límite marcada por la escasez de recursos hídricos, la falta de soluciones estructurales y un recorte político al trasvase Tajo-Segura que golpea de lleno al campo, la industria y el turismo. A pesar de que las principales cuencas hidrográficas del país registran cifras elevadas de agua embalsada -el Tajo al 80,76 %, el Ebro al 85 % y el Duero al 86,62 %-, la del Segura apenas alcanza un 30,61 %, la más baja del país. En Alicante, solo hay 81 hm³ almacenados, un 25 % de su capacidad. Y, como subraya José Vicente Andreu, presidente de ASAJA Alicante, «ese dato es absolutamente demoledor y altamente preocupante para el futuro a corto plazo de la agricultura, la industria y el turismo en la provincia».

La paradoja es sangrante: sobra agua en origen, pero falta en destino. Mientras el Ministerio para la Transición Ecológica aumenta el caudal ecológico del Tajo y endurece las condiciones para autorizar trasvases -una medida que ha sido calificada de «cacicada» por el Gobierno valenciano-, las comarcas del sur de Alicante ya viven con restricciones del 30 % sobre sus dotaciones de riego. La Vega Baja, tradicionalmente dependiente del Segura y del trasvase, afronta un verano seco, con alta demanda de riego y sin certezas sobre el volumen de agua disponible. En palabras de Andreu, «el secano está en una situación límite y el regadío sin recursos para poder atender las necesidades de riego».

En esta comarca coexisten dos sistemas hídricos: el regadío tradicional de la Vega Baja -unas 20.000 hectáreas entre Orihuela y Guardamar- y las zonas regables del trasvase (50.000 hectáreas más) que incluyen desde Orihuela hasta Muchamiel y el litoral de Pilar de la Horadada, San Miguel de Salinas y Los Montesinos. Pero ni uno ni otro están a salvo. El regadío tradicional sufre ya restricciones del 25 % al 35 %, con embalses apenas al 31 % de su capacidad. Y en el sistema del trasvase, aunque hay agua en la cabecera del Tajo, no se garantiza su envío debido a la normativa aprobada por el Gobierno central, que incrementa el caudal ecológico de 7 a 8,6 m³/s. Esto se traduce en una reducción efectiva del 50 % del agua destinada al riego desde el trasvase, y del 75 % si se compara con los valores originales del diseño de esta infraestructura.

Agua a Portugal mientras el sur se seca

La situación es especialmente grave porque se impone en un contexto de abundancia. Según los últimos datos oficiales (30 de junio de 2025), la cuenca del Tajo retiene 8.929 hm³ de agua, frente a los exiguos 349 hm³ del Segura. Esta brecha es aún más difícil de justificar cuando España envía 6.616 hm³ al año hacia Portugal desde la cuenca del Tajo, cumpliendo ampliamente -y de forma sobredimensionada- con el Pacto de Albufeira, que exige un mínimo de 2.700 hm³. Es decir, se cede al país vecino más agua de la que se niega a regantes del sureste español, cuyas explotaciones alimentan mercados nacionales e internacionales.

Agua embalsada por cuencas

Agua embalsada por cuencasembalses.net

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sabido rentabilizar políticamente el endurecimiento de las restricciones al trasvase Tajo-Segura. Desde Molina de Aragón, lanzó una pulla retórica al Levante por haber dejado de reclamar el trasvase del Ebro, y se alineó abiertamente con Aragón y Cataluña en la defensa de los caudales ecológicos del Tajo. Sabía que su presión política había surtido efecto: el Gobierno de Pedro Sánchez terminó cediendo, en un intento de contener la disidencia interna que encabeza el líder autonómico. Pero el gesto no aplacó a Page, que se mantiene como uno de los principales críticos del sanchismo dentro del PSOE.

Ahora, además de cuestionar su gestión política, aprovecha el contexto de los escándalos de corrupción que cercan al presidente del Gobierno para reforzar su ofensiva.

Mientras tanto, la Generalitat Valenciana denuncia lo que considera una «imposición ideológica sin respaldo técnico» que condena al sureste a la escasez.

«Falta de rigor técnico»

Desde la Unió Llauradora i Ramadera ha presentado alegaciones al nuevo ciclo de planificación hidrológica 2028-2033 para las cuencas del Segura y el Júcar. Denuncian que los planes del Ministerio «ponen en grave riesgo el futuro del regadío valenciano» y piden la retirada del expediente por falta de rigor técnico, ausencia de medidas de reutilización y desatención a los derechos históricos de riego. «Estamos hablando del sustento de miles de familias y de la soberanía alimentaria de nuestro territorio», advierten. Además, recuerdan que el sector agrícola no es responsable de la sobreexplotación, sino su principal víctima, como reconoce la Comisión Europea en su Recomendación sobre eficiencia hídrica del pasado 4 de junio.

El problema, sin embargo, no se limita a los campos. La falta de agua ya provoca desinversión en zonas tradicionalmente regables. Las empresas están abandonando zonas sin garantía hídrica, como parte del sur de Alicante, para reubicarse en comarcas como el Vinalopó, donde la previsión de suministro es más estable. Y municipios como Relleu, que no recibieron lluvias en marzo, se enfrentan a una emergencia hídrica con acuíferos agotados y ríos secos.

Un problema político de primer orden

Ante este panorama, más de 80 alcaldes del sureste español se reunieron recientemente en Murcia para exigir un cambio de rumbo. La convocatoria, impulsada por el Ayuntamiento de Murcia y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, fue calificada como «histórica» y puso de relieve la dimensión del conflicto: una crisis hídrica que trasciende lo técnico y se ha convertido en un problema político de primer orden.

«El concepto ambiental de los caudales ecológicos se usa como excusa para liquidar el trasvase», denuncia Andreu. «Haciéndose la vista gorda con las aguas negras mal depuradas de Madrid y Castilla-La Mancha que siguen llegando al Tajo. Pura hipocresía que nos castiga injustificadamente». El presidente de Asaja Alicante lo tiene claro: «Lo único que obtenemos del Gobierno son recortes y amenazas, pero sin soluciones».

Mientras tanto, en la Vega Baja, los agricultores siguen levantándose cada mañana con el mismo temor: que el agua no llegue. A pesar de todo -del calor, de las restricciones, del olvido institucional- siguen sembrando, regando como pueden, luchando por sostener el pulso de una tierra que alimenta a media Europa. Solo esperan decisiones justas. Agua cuando hay agua. Y respeto por encima de tacticismo político.

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