Sánchez fuerza a Mazón a pedir 1.800 millones a los bancos mientras negocia una financiación singular para Cataluña

Cuando se celebra una primera Conferencia de Presidentes y no se trata el tema de la financiación autonómica pese a afectar y tener a varios territorios contra las cuerdas en lo que a sus cuentas públicas se refiere pese a que éstos piden que se debata, es síntoma de que por parte del Gobierno este asunto tiene una importancia muy menor, oscilante entre el cero y la nada. Es un síntoma, pero no el único, ya que el escenario se repitió en otra cita de mandatarios regionales, pero tan solo unos meses después. Mismos protagonistas, mismo resultado.

Con quien sí tiene el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con sentarse para abordar el reparto de fondos es con la Generalitat de Cataluña. Con el resto de territorios no, pero la llamada «mesa bilateral» entre ambos gabinetes se reunirá el próximo lunes 14 de julio para tratar la financiación singular para la comunidad gobernada por el socialista Salvador Illa.

Esa concepción de la vida pública tan arraigada en el Palacio de La Moncloa cuyo rasgo más característico es firmar todos los pactos que sean posibles con independentistas catalanes y demás enemigos de España sin más meta que el sostenimiento en el poder con respiración asistida deja no pocos damnificados. Lo contrario sería tan difícil de creer como que en ajedrez se puede hacer jaque al rey sin haber matado previamente a alguna pieza.

Seguramente, la región más perjudicada sea la Comunidad Valenciana. Ya lo era por la negativa del dúo Pedro Sánchez-María Jesús Montero a actualizar el sistema de financiación, lo será más con modelo a la carta para Cataluña y, si cabe, todavía más por no recibir por parte del Gobierno lo correspondiente al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario por valor de 1.816 millones de euros.

«Difícil» confiar en el Gobierno

Este mecanismo se ha venido activando durante los últimos doce años, pero, sin razón aparente, el Ejecutivo de coalición no tiene previsto dale luz verde, por lo que las autonomías tendrán serias dificultades para pagar los servicios básicos y a proveedores sin haber atajado el exceso de déficit del ejercicio previo. En el caso valenciano, el daño es más sangrante, ya que acumula años de infrafinanciación y la destrucción sin igual causada por la dana del 29 de octubre.

El silencio gubernamental ha obligado a la Generalitat a recurrir a préstamos de entidades financieras, con las que desde «hace días» está «trabajando», si bien todavía no se ha concretado los tipos de interés con que se sellará el acuerdo, según explica la consellera de Hacienda, Ruth Merino. Esta medida a la que la Administración autonómica se ha visto «obligada» a recurrir genera «más deuda» a los vecinos de Castellón, Valencia y Alicante.

Cabe subrayar que el acuerdo tomado por el Consell ha de ser confirmado por el propio Ejecutivo de Sánchez. Al respecto, Merino ha hecho un llamamiento a que la autorización la apruebe el Consejo de Ministros en su próxima reunión del «15 de julio». «No concebimos otro escenario que la autorización. Es una cuestión de voluntad política y altura de miras», ha insistido, si bien advierte de que con los antecedentes políticos del sanchismo es «difícil tener confianza» porque las «reivindicaciones y necesidades justas» de la Comunidad no han sido atendidas.

En el mismo sentido, la vicepresidenta primera del Gabinete liderado por Carlos Mazón, Susana Camarero, es contundente: «El Gobierno menosprecia a la Comunidad Valenciana (…). Cataluña va a tener una situación excepcional con la reunión del 14 de julio». Además, apunta directamente a la delegada del Gobierno en la región, Pilar Bernabé, por sus palabras previas relacionando bajada de impuestos con recortes:

«Que deje de mentir»

«Es gravísimo, muy grave que se atreva a hablar de recortes sociales de este Consell desde el desconocimiento, ignorancia y política de mentira permanente», señala. Igualmente, define el actual contexto de «asfixia» provocada por el Ejecutivo central «sin que ella, como responsable» no «haya dado ni un paso para ayudar», más aún cuando hay «tropecientos ministros que no sabemos para qué sirven» y que conforman el Gobierno «más caro de la historia», como en su día lo fue el de Ximo Puig, con «más asesores, chiringuitos y gasto».

Como ejemplo, la número dos del Consell pone la eliminación de los impuestos de Sucesiones y Donaciones. Según detalla, esta iniciativa fiscal ha permitido un ahorro de 90 millones de euros a la par que la recaudación ha subido ocho puntos en esta materia: «Los recortes están en su imaginación, pero no en la realidad. Que esta señora deje de mentir», exige.

Del mismo modo, Camarero refresca la memoria a Bernabé poniendo sobre la mesa que estando el PSOE en La Moncloa y en el Palau de la General «el FLA extraordinario llegaba sin problema», por lo que no entiende por qué ahora «la delegada del sanchismo dice que pedimos algo que no nos corresponde». Así, asegura que la dirigente cuatro de los socialistas «miente y manipula». «¿Entonces, por qué no renunciaron al FLA en estos años?» se pregunta irónicamente pero enojada: «Le ha faltado decir que lo mendigamos. Es ignorancia o mala fe», zanja.