La misión imposible de declarar en España una ciudad castellanohablante

El pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó el pasado 26 de junio una declaración institucional para instar a las Cortes Valencianas a que modifiquen la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y reconozcan la ciudad como municipio de predominio lingüístico castellano. La propuesta, presentada por Vox y respaldada por el Partido Popular, forma parte del acuerdo alcanzado entre ambas formaciones para sacar adelante el Plan Económico Financiero del Consistorio.

La moción plantea modificar el artículo 35 de la ley autonómica vigente desde 1983, con el fin de trasladar a Alicante al listado del artículo 36, donde figuran los municipios considerados de predominio castellano. Según Vox, el cambio responde a una realidad sociolingüística ampliamente documentada, como reflejan los datos del sondeo elaborado en 2021 por la Generalitat, que indica que más del 70 % de los alicantinos utiliza el castellano de forma habitual, frente al reducido uso del valenciano. «Presentamos esta declaración institucional para defender los derechos y libertades de los alicantinos en materia educativa y el español como lengua predominante en el término municipal de Alicante», expresó en el pleno la portavoz del grupo, Carmen Robledillo.

Aunque el Ayuntamiento ha mostrado voluntad política de abrir este debate, la viabilidad de modificar la ley en las Cortes es reducida. Desde el propio Partido Popular en el ámbito autonómico se ha insistido en la necesidad de un análisis técnico y un proceso más pausado antes de abordar un cambio legislativo de estas características.

No entra en la agenda del Consell

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha declarado que la moción aprobada por el Consistorio alicantino no entra, por el momento, en la agenda legislativa del Consell. «Para abordar una cuestión de ese tipo se necesita una serie de estudios técnicos sociológicos que en estos momentos no están sobre la mesa», ha afirmado en declaraciones a los medios. Aun así, ha subrayado el respeto institucional a las decisiones municipales: «La Generalitat tiene que ser extraordinariamente respetuosa con la autonomía municipal y con las declaraciones que cada uno de los municipios puede poner en marcha».

Mazón también ha querido destacar que la actual legislación autonómica, especialmente la Ley de Libertad Educativa, ha ofrecido un nuevo marco para las familias: «Por primera vez las madres y los padres pueden elegir la lengua vehicular de sus hijos. Eso antes no ocurría».

En paralelo, el secretario general del PPCV y diputado autonómico, Juan Francisco Pérez Llorca, ha reiterado la complejidad de abrir el melón legislativo. «Cuando la propuesta del Ayuntamiento de Alicante llegue a las Cortes Valencianas habrá que valorarlo», ha señalado en una entrevista en À Punt. A su juicio, «es muy difícil que cambiemos esa ley de Uso y Enseñanza del Valenciano porque refleja muy bien la ley de Libertad Educativa que hemos aprobado esta legislatura», y ha añadido que «esas modificaciones requieren más estudios y un proceso más largo».

Posturas distintas según la institución

La moción aprobada en el Ayuntamiento se aprobó unos días antes de otro acuerdo alcanzado en la Diputación de Alicante, donde el grupo 'popular' ha respaldado una iniciativa de Compromís en defensa del valenciano como lengua oficial en la ciudad. El texto aprobado ha incluido una enmienda del PP que reafirma «el compromiso de la Diputación en la defensa del valenciano como lengua oficial, histórica y de convivencia», reconociendo expresamente a Alicante como municipio de predominio valenciano, tal como recoge la Ley de 1983. La propuesta ha contado con el apoyo de Compromís, PSOE y PP, mientras que Vox ha votado en contra.

Desde las filas 'populares' se ha evitado considerar que exista contradicción entre ambos posicionamientos. «No veo demasiada contradicción, de hecho, ninguna», ha sostenido Mazón, quien ha defendido que existe un cambio real en la ciudad gracias al nuevo marco normativo. En el Ayuntamiento de Alicante, la portavoz del equipo de Gobierno, Cristina Cutanda, sostiene que el uso del valenciano ha descendido no solo en la ciudad, sino también en otras zonas de la Comunidad, como consecuencia de lo que ha calificado como «la imposición del Botànic».

Una ley con cuatro décadas de vigencia

La Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano fue aprobada en 1983 durante el primer Gobierno autonómico del socialista Joan Lerma, con el apoyo del Partido Comunista. La norma sentó las bases para promover el uso del valenciano en la Administración, el sistema educativo y los medios públicos, y establece dos zonas lingüísticas diferenciadas: de predominio valenciano y de predominio castellano, en función de criterios sociolingüísticos.

La propuesta del Ayuntamiento a instancia de Vox ha reabierto el debate sobre si Alicante, como capital provincial con un uso insignificante del valenciano en la calle, debería mantener su actual clasificación. Sin embargo, las declaraciones de los dirigentes autonómicos y la falta de un consenso político amplio en las Cortes hacen prever que, al menos por ahora, la moción municipal no pasará del plano declarativo.