La izquierda se 'desangra' por sus contradicciones con los festejos taurinos

La tradición taurina se impone a los Gobierno de izquierdas en la Comunidad Valencia y propicia una doble moral dentro de los propios partidos. En la terreta, la tauromaquia forma parte del ADN festivo de muchos municipios, donde los discursos progresistas sobre el bienestar animal y la ética en los espectáculos públicos parecen encontrar una frontera infranqueable: la plaza y la calle. Pese a que, a nivel nacional, los partidos de izquierdas se posicionan con firmeza en contra del maltrato animal y promueven legislaciones más restrictivas, en muchas localidades valencianas son esos mismos partidos quienes gestionan los presupuestos que financian los festejos taurinos. Y no solo los permiten, sino que los subvencionan, los promocionan y los celebran.

Esta contradicción política se vuelve especialmente evidente durante las fiestas populares, cuando se despliegan los tradicionales bous al carrer, encierros, exhibiciones de toros embolados y concursos de recortadores, que movilizan a miles de personas y representan un motor económico y cultural imposible de ignorar. En la práctica, ningún ayuntamiento gobernado por partidos progresistas en Alicante, Valenciana y, sobre todo Castellón, ya sea el PSOE, Compromís o, en su día, Podemos, ha eliminado estos actos. En cambio, han optado por integrarlos como parte del programa oficial de las fiestas, conscientes de que su supresión supondría un alto coste político en forma de rechazo vecinal y pérdida de votos.

Esos mismos partidos que en Madrid o Barcelona muestran firmeza contra el maltrato animal, en localidades como Villarreal, Sagunto o la Vall d’Uixó pronuncian discursos dóciles cuando se trata de toros, conscientes de que enfrentarse a estas tradiciones podría ser políticamente letal. Y es que la Comunidad Valenciana encabeza el mapa taurino nacional, donde el año pasado se celebraron alrededor de 9.135 eventos. La provincia de Castellón concentra el 53 %, con 4.868 actos, seguida por Valencia con el 37 % y Alicante con tan solo un 10 %. Su arraigo popular en Castellón es tal que el 93,3 % de los municipios de la provincia organizaron algún festejo en 2024, y las fiestas taurinas se extendieron a lo largo de 245 días del año, especialmente entre julio y septiembre.

En el panorama nacional, mientras EH Bildu impulsa una encuesta en Pamplona para cuestionar las fiestas tradicionales, preguntando a 1.300 ciudadanos sobre corridas, encierros y devoción a San Fermín, la izquierda valenciana guarda silencio o activa su respaldo a lo local. Otro claro ejemplo es el Premio Nacional de Tauromaquia, eliminado por el ministro de Cultura Ernest Urtasun, del grupo Sumar. Una decisión respaldada por Sánchez y sus socios del PSOE en el Gobierno central.

Retirar la tauromaquia como BIC

De hecho, la contradicción de la tauromaquia dentro del PSOE vuelve a quedar al descubierto tras permitir ese movimiento a Urtasun, pero luego, no tener una postura clara con la tramitación de la nueva Iniciativa Legislativa Popular que busca retirar la consideración de la tauromaquia como Bien de Interés Cultural en España. La propuesta entra en el Congreso respaldada tan solo por una parte de los socios parlamentarios socialistas.

El desconcierto se amplifica cuando se miran las reacciones internas del propio partido. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y uno de los barones más influyentes del PSOE, se alineó con el PP para desafiar públicamente a Urtasun y defender la continuidad del premio taurino. En territorios como Andalucía, Extremadura o Castilla y León, las federaciones socialistas mantienen una vinculación histórica con la tauromaquia que complica cualquier consenso nacional. Incluso en las Juventudes Socialistas la división es notoria, ya que en 2021 aprobaron un posicionamiento en contra de los toros, pero lo hicieron por un margen estrecho, reflejo de un debate aún no resuelto.

Doble moral en los pueblos valencianos

Dentro de la Comunidad Valenciana, un caso especialmente simbólico es el de Vila-real, una de las ciudades más relevantes de la provincia de Castellón, que con una clara mayoría de izquierdas en el Consistorio desde hace años, el municipio ha anunciado que en las fiestas de la 'Mare de Déu de Gràcia', que tendrán lugar del 5 al 14 de septiembre, celebrarán los 650 años de historia de la tauromaquia local. El Ayuntamiento lo presenta como un acontecimiento histórico, cultural y turístico, en un gesto que no deja lugar a dudas sobre su apoyo institucional a esta tradición. Esta efeméride se presenta como una conmemoración orgullosa de un legado centenario.

Otro ejemplo claro de esta tensión entre el discurso y la práctica es el de la Vall d'Uixó, donde gobierna el Partido Socialista con mayoría absoluta. La alcaldesa, Tania Baños, no solo es un rostro destacado del PSOE en la provincia, sino que actualmente es la número dos en la región de la ministra de Ciencia, Diana Morant, una de las voces feministas y animalistas más contundentes del Gobierno central. Sin embargo, en la Vall, Baños no ha cuestionado en ningún momento los festejos taurinos, que siguen ocupando un lugar central en el calendario festivo.

Para las Fiestas Patronales de 2025, el Ayuntamiento destinará unos 331.000 euros, IVA incluido, exclusivamente a estos espectáculos, dentro de un presupuesto municipal que ronda los 52,8 millones. Una cifra que no pasa desapercibida y que refleja hasta qué punto estos actos siguen blindados incluso bajo gobiernos que, teóricamente, deberían tener una postura más crítica con la tauromaquia.

Otro ejemplo en la provincia de Valencia es Sagunto, que desde julio a agosto tendrán unos 30 días de fiesta, donde el eje central serán los festejos taurinos este 2025. Estos actos acaparan la mayoría de las novedades, con una tarde exclusiva de nueve toros, según ha informado el propio Consistorio, también liderado por el PSPV-PSOE. Además, también fomentan este tipo de festejos hacia los más pequeños con actividades como una exhibición de emboladores infantiles y un concurso de recortes con carretones entre la programación.

La realidad es que, en municipios como estos, el peso de la tradición y el arraigo cultural de los toros se impone sobre cualquier agenda política. Los equipos de Gobierno, aunque ideológicamente cercanos al ecologismo y los derechos animales, adoptan una postura pragmática que prioriza la gobernabilidad y el consenso vecinal. El resultado es una especie de excepción cultural no escrita, donde la tauromaquia queda al margen de la disputa ideológica en el ámbito municipal, especialmente en comarcas donde constituye un símbolo de identidad colectiva.

Mientras tanto, en las Cortes Valencianas o en el Congreso de los Diputados se debaten leyes para proteger a los animales y se alzan voces contra la violencia inherente a ciertos festejos populares. Sin embargo, en pueblos y ciudades valencianas, los carteles taurinos siguen ocupando marquesinas municipales, los corrales se montan con fondos públicos y las peñas taurinas cuentan con el respaldo institucional. La izquierda, que en otros temas sociales ha liderado cambios profundos, en Valencia, Alicante o Castellón prefiere mirar hacia otro lado cuando se trata de los toros.