El hachazo de Sánchez al trasvase Tajo-Segura reducirá a la mitad el agua que recibe Alicante

El trasvase Tajo-Segura, columna vertebral del abastecimiento y regadío en el sureste peninsular desde hace casi medio siglo, se enfrenta a un cambio de reglas que reducirá drásticamente su aportación. A partir de 2027 -o incluso antes, si prosperan recursos judiciales en curso-, los nuevos caudales ecológicos fijados por el Gobierno y la revisión de los niveles de explotación recortarán el agua disponible en más de 90 hectómetros cúbicos anuales.

El impacto será directo en Alicante, donde el trasvase sostiene tanto el consumo urbano como la agricultura de la Vega Baja. Para una provincia que ya es la última en inversión estatal desde 2022, el recorte se percibe como un nuevo castigo. La Diputación y numerosos ayuntamientos acusan a Moncloa de marginación sistemática, mientras organizaciones agrarias advierten de pérdida de competitividad, empleo y tierra cultivable.

Un año histórico antes del tijeretazo

El presente ejercicio hidrológico terminará como uno de los más generosos de la última década: 480 hectómetros cúbicos transferidos, 91 de ellos para abastecimiento urbano. Cinco meses seguidos se alcanzó el máximo de 60 hectómetros fijado por la norma actual gracias a la buena situación de los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía.

Pero la abundancia es circunstancial. El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) ya anticipa que, con los nuevos umbrales, se duplicará la probabilidad de que no se produzca trasvase alguno. Además, el nivel 1 de referencia subirá de 1.300 a 1.600 hectómetros, el nivel 2 reducirá su margen de 27 a 18 hectómetros y el nivel 3 dejará prácticamente fuera al regadío.

El contraste entre Tajo y Segura

La fotografía actual de los embalses ilustra la asimetría territorial. El Tajo acumula 7580 hectómetros cúbicos, alrededor del 70 % de su capacidad, mientras el Segura apenas retiene el 22,54 %. Otras cuencas, como el Duero o el Ebro, también superan el 60 %, lo que refuerza la idea de desequilibrio entre la cabecera y el sureste.

Mientras Castilla-La Mancha invierte más de 70 % de fondos públicos en modernizar regadíos e incluso prepara nuevas transformaciones de secano a regadío, el sureste queda a la espera de obras sin ejecutar: ampliaciones de desaladoras como las de Torrevieja o Águilas, la segunda fase de Muchamiel o el plan de reutilización de aguas en Elche. Ninguno de estos proyectos estará plenamente operativo antes de que entren en vigor los recortes.

Alicante, en el centro del conflicto

En la provincia, el trasvase es mucho más que una infraestructura: sostiene un modelo agrícola que alimenta a Europa en invierno y equilibra el consumo urbano en zonas turísticas como Benidorm o Torrevieja. La reducción de caudales amenaza con encarecer la producción, reducir la oferta exportadora y comprometer el abastecimiento en temporadas de máxima presión demográfica.

El malestar institucional es creciente. Ana Serna, vicepresidenta de la Diputación, denuncia que Pedro Sánchez se «ensaña» con Alicante. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, lamenta la «falta de transparencia» sobre la ampliación de la desaladora local. El sindicato SCRATS alerta de que se pone en riesgo «el regadío, la economía y el futuro de miles de familias».

Consecuencias políticas

La batalla por el agua coincide con el ecuador de la legislatura autonómica y se proyecta como un factor decisivo en el tablero político valenciano. El recorte impulsado por Moncloa amenaza con lastrar las aspiraciones de Diana Morant, ministra de Ciencia y apuesta socialista para la presidencia de la Generalitat. En un territorio donde el agua es un asunto identitario, el desgaste puede ser determinante, sobre todo para una candidata que, a juzgar por las encuestas, no termina de alzar el vuelo.

La división alcanza al propio PSOE: mientras Emiliano García-Page exige en Castilla-La Mancha acelerar la aplicación de las nuevas reglas, dirigentes murcianos sostienen que no llegarán a materializarse. En la Comunidad Valenciana, el Consell de Carlos Mazón y la Diputación de Alicante han cerrado filas en defensa del trasvase y reclaman un Plan Hidrológico Nacional que permita un reparto más equilibrado de recursos.

La supervivencia del sureste

El Gobierno defiende que el aumento de caudales en el Tajo responde a criterios ambientales. Los regantes del Segura, en cambio, lo ven como una decisión política que favorece a Castilla-La Mancha a costa de la supervivencia de una de las zonas agrícolas más productivas de España.

El debate ya no es solo técnico. Con una cuenca deficitaria como la del Segura -que depende estructuralmente de aportes externos- y sin infraestructuras alternativas a corto plazo, el tijeretazo amenaza con alterar el mapa económico y social del sureste. Entre un Tajo rebosante y un Segura al límite, Alicante se convierte en el símbolo de un conflicto territorial que reabre el viejo debate sobre la solidaridad en la gestión del agua.