El Gobierno deja a Alicante a expensas de la desalación ante el recorte del trasvase Tajo-Segura

Alicante afronta el recorte del trasvase Tajo-Segura con la desalación como única válvula de escape. El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene la reducción de aportes desde el Tajo a pesar de que esa cuenca roza el 70 % de su capacidad, mientras el Segura apenas supera el 24 %. Esa decisión ha encendido la oposición de la Generalitat Valenciana, la Diputación y los principales ayuntamientos de la provincia, que denuncian que el Ejecutivo antepone los equilibrios internos del PSOE, que necesita amarrar los votos de los diputados de Castilla-La Mancha, al suministro de agua en el sureste peninsular.

En este escenario, la desaladora de Muchamiel se ha convertido en una pieza estratégica. Tras años de infrautilización, lleva un año y medio funcionando al máximo, con una producción de 18 hectómetros cúbicos anuales. Sus caudales abastecen a Benidorm, San Juan, la zona norte de Alicante y El Campello, además de sostener a la Marina Baja, cuyos embalses se encuentran bajo mínimos. La planta, inaugurada en 2015, fue concebida con capacidad de ampliación, aunque la segunda fase sigue pendiente de decisión política.

Mientras tanto, el Ministerio para la Transición Ecológica ejecuta obras parciales en Muchamiel, como la construcción de dos depósitos de 40.000 metros cúbicos de capacidad que deberían estar listos en 2026, y ha reactivado el proyecto para conectar la planta con el propio municipio y con el norte de El Campello, una actuación presupuestada en 20,9 millones de euros. Los usuarios, sin embargo, insisten en que estas inversiones no resuelven la falta de planificación global frente al tijeretazo del trasvase.

La dependencia de Benidorm

Benidorm es el ejemplo más claro de esta dependencia. Con una población que se multiplica en temporada alta, el municipio reclama garantías de suministro al Ejecutivo central. El Consorcio de Aguas de la Marina Baja promueve la construcción de una desaladora propia, con capacidad de hasta siete hectómetros cúbicos al año.

El choque político e institucional se intensifica. La Generalitat y la Diputación de Alicante reclaman un Plan Hidrológico Nacional que asegure la solidaridad entre cuencas y acusan al Gobierno central de «castigar» al sureste. Mientras, Pedro Sánchez sostiene el aumento del caudal ecológico en el Tajo, una decisión que en Alicante se percibe como el abandono de una provincia que queda cada vez más a expensas de la desalación para garantizar su futuro agrícola y turístico.

Así, la pugna por el agua sigue abierta y el horizonte es incierto. Alicante queda cada vez más sujeta al recurso de la desalación mientras el trasvase pierde peso en la planificación estatal. Instituciones y regantes insisten en que no basta con inversiones parciales y reclaman al Gobierno un compromiso claro que garantice el suministro a una provincia donde coinciden gran parte de la presión turística del país y una agricultura altamente dependiente del riego. La respuesta del Ejecutivo, que por el momento no es favorable, será clave para determinar si el sureste afronta los próximos años con seguridad hídrica o con la amenaza permanente de la escasez.