La Comunidad Valenciana recibiría más de 2.000 millones de euros en financiación del Gobierno si no existieran los cupos vasco, navarro y catalán

La financiación autonómica es una de las principales batallas políticas para no pocas regiones de España. De hecho, ha sido una de las carpetas que formaban parte del orden del día de las dos últimas Conferencias de Presidentes, si bien la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a abordar ese tema ha derivado en que en ambas citas los folios al respecto se quedasen en blanco.

En concreto, la reivindicación para cambiar el actual sistema de reparto de fondos entre los distintos territorios nacionales (excluidos el País Vasco y Navarra) lo encabezan los presidentes de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

En este sentido, un estudio publicado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) es rotundo al afirmar que el modelo vigente está «caducado desde 2014» y que «provoca desigualdades entre las comunidades autónomas de Régimen General (RG)» y, muy especialmente, pone a las citadas anteriormente «a la cola de recursos para atender los servicios básicos de sus habitantes».

Así, apunta a la diferencia entre las regiones del RG y las que tienen los llamados cupos, es decir, País Vasco y Navarra, un aspecto que califica el documento como «privilegios» firmados «desde los años 80». Frente a ello, plantea la «posibilidad de aplicar a todas las comunidades autónomas un Sistema de Concierto Solidario», con lo que también rechaza el planteado para Cataluña en el acuerdo de 2024 entre el Partit dels Socialistas Catalans (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), conocido comúnmente como el cupo catalán y que permitiría a la Generalitat recaudar el 100 % de los impuestos y gestionarlos.

Fondo de nivelación transitorio

En el caso valenciano, el escrito de IVIE cuantifica el perjuicio de forma evidente, ya que cifra en 2.209 millones de euros más los que tendrían las arcas públicas del Consell que ahora preside Carlos Mazón si el sistema actual fuese «más equitativo». Si no fuera así, se mantuviera un contexto que «asigna recursos abundantes a algunas regiones con elevada renta per cápita (…) y mantiene con recursos escasos a regiones con niveles de renta inferior a la media (Andalucía Murcia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana), pero no a otras (Extremadura, Canarias y Cantabria)». En términos por «habitante ajustado», la modificación equivaldría a «entre 3.000 y 4.000 euros».

Finalmente, la investigación también comparte otra de las reclamaciones de la Generalitat Valenciana al Gobierno, como es la puesta en marcha de un fondo de nivelación transitorio. De este modo, «para compensar las pérdidas iniciales de las comunidades actualmente mejor financiadas» se valora «la posibilidad de arbitrar un fondo temporal que facilite la transición y garantice la estabilidad de las finanzas autonómicas de las comunidades afectadas». En cifras, el importe estimado que el Estado debería aportar para crear dicho fondo «sería de 8.538 millones de euros, lo que equivale al 0,6 % del Producto Interior Bruto (PIB)».