«Las leyes nacionales abandonan al propietario»: así combate Castellón la plaga de los okupas

La okupación de viviendas se ha convertido en una de las mayores preocupaciones sociales en la Comunidad Valenciana, donde cada semana se registran nuevos casos tanto en zonas urbanas como en pequeños municipios del interior y la costa. Durante los meses de verano, las denuncias por allanamientos ilegales aumentaron de forma significativa, afectando a viviendas vacías, segundas residencias e incluso locales comerciales. La sensación de desprotección entre los propietarios se ha extendido, alimentada por una legislación que, según muchos juristas y autoridades locales, favorece a los okupas antes que a quienes poseen la propiedad legítima.

En este contexto, Castellón de la Plana ha decidido plantar cara con una estrategia clara: prevenir antes que lamentar. El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Seguridad y Emergencias dirigida por Vox, ha puesto en marcha un plan que combina la actuación inmediata de la Policía Local con la colaboración vecinal y el asesoramiento a los propietarios. En las últimas semanas, esta política ha permitido frustrar siete intentos de okupación ilegal en distintos puntos de la ciudad, seis en viviendas y uno en una nave industrial, la mayoría concentrados en el distrito norte. Según fuentes municipales, el éxito radica en la rapidez con que se actúa cuando llega un aviso y en la comunicación directa entre los agentes y los vecinos.

Antonio Ortolá, concejal del área, asegura que «la intervención de nuestros agentes ha sido decisiva para proteger la propiedad privada frente a okupaciones ilegales. La Policía Local actúa con profesionalidad y dentro de la legalidad, garantizando los derechos de los ciudadanos y la seguridad en todo el municipio». El edil subraya además que Castellón «no es un refugio para quienes se apropian de viviendas ajenas» y recalca que donde se produce una okupación «nace la inseguridad y la preocupación entre los vecinos».

El plan municipal se sustenta sobre tres ejes. El primero es la actuación inmediata: ante cualquier sospecha o denuncia, la Policía de Barrio y la Unidad de Barrios se coordinan con las asociaciones vecinales y los administradores de fincas para intervenir en cuestión de horas. Gracias a este sistema, se han evitado okupaciones tanto en viviendas próximas a la estación como en bajos comerciales del distrito oeste.

El segundo pilar es la prevención, con campañas informativas y asesoramiento a los propietarios sobre medidas de seguridad como puertas reforzadas, alarmas o cámaras, además de la vigilancia comunitaria como herramienta clave. El tercero aborda los casos ya consolidados, donde se trabaja en la revisión de empadronamientos, contratos irregulares y cortes de suministro en colaboración con las empresas proveedoras.

Desde abril, la Policía Local de Castellón ha conseguido frustrar doce intentos de okupación en la capital, una cifra que para el Consistorio confirma la eficacia del modelo. No obstante, el propio Ortolá reconoce que las administraciones locales operan con un margen limitado: «Las leyes nacionales actuales abandonan al propietario y premian al okupa. Nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos a nivel municipal, pero urge una reforma normativa que refuerce la protección de quienes sufren estas situaciones».

El edil destaca también la implicación ciudadana como pieza esencial del éxito del plan. Los vecinos actúan como los primeros ojos y oídos frente a movimientos sospechosos, facilitando que los agentes puedan intervenir con celeridad. Esta colaboración, dice, «no solo protege las propiedades, sino que refuerza la convivencia y la tranquilidad en los barrios».

Mientras el debate nacional sobre la reforma legal sigue estancado, Castellón de la Plana demuestra que la prevención, la cercanía y la coordinación pueden ser un freno eficaz a la okupación. Sin embargo, la sensación generalizada entre los propietarios sigue siendo la misma, y es que las leyes del país no les amparan.