Imagen de archivo del excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel Batalla
La Diputación de Valencia se persona para reabrir la causa por el título «falso» del excomisionado del Gobierno para la dana José María Ángel
El exdirigente socialista, que dimitió tras la denuncia, habría usado desde 1987 una diplomatura inexistente para acceder a un puesto público, según denuncia el organismo provincial
La Diputación de Valencia ha solicitado formalmente al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia su personación como parte perjudicada con el objetivo de reabrir la causa penal que investigaba al excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel Batalla, por el presunto uso de un título universitario falsificado.
Según la información a la que ha tenido acceso El Debate, la corporación provincial presentó el 2 de octubre un escrito a la Fiscalía en el que pedía la apertura de diligencias para esclarecer si el exfuncionario -que también fue presidente del PSPV en la provincia- utilizó una diplomatura inexistente en Archivística y Biblioteconomía para acceder, en 1987, a un puesto público reservado a titulados universitarios.
La Fiscalía Provincial comunicó el 13 de octubre que las diligencias de investigación penal se habían remitido al Juzgado de Instrucción, donde ya se investigan los mismos hechos en el marco de las Diligencias Previas.
En su solicitud, la Diputación argumenta que se considera perjudicada por un posible delito de falsificación documental y estafa, al haberse podido derivar un perjuicio económico y administrativo durante décadas. La personación se apoya en los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que facultan a las entidades afectadas por un delito a ejercer acciones penales y civiles, y en el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que reconoce el derecho de intervención a quienes acrediten un interés legítimo.
La administración provincial, presidida por Vicent Mompó, solicita además que se le notifiquen todas las actuaciones judiciales relacionadas con el caso, con el fin de poder ejercer plenamente sus derechos procesales.
José María Ángel Batalla, que dimitió tras conocerse la denuncia, estaba siendo investigado por presuntamente haber usado una titulación académica inexistente desde finales de los años ochenta para ocupar distintos cargos públicos.
