De la derogación del Plan Hidrológico Nacional a la Ley de la Huerta: las dos veces que el PSOE frenó el desvío del Barranco del Poyo

La dana de Valencia no hubiera sido lo mismo si el barranco del Poyo hubiese tenido un lecho más amplio y con capacidad para poder dirigir con menor peligro el agua hacia la Albufera. Esa obra estaba pensada, planificada y prevista, pero en dos ocasiones se topó con Gobiernos socialistas. El primero en Madrid, con la derogación del Plan Hidrológico Nacional de Aznar por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, y después con la Ley de la Huerta Valenciana de Ximo Puig. Dos textos normativos que minimizaron el riesgo latente de un gigante dormido que ruge de tanto en tanto.

Año 2004, el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero deroga el Plan Hidrológico Nacional por el que se revierten una serie determinada de obras hídricas en toda España. Entre ellas, que también estaba el trasvase de agua del Ebro a la Comunidad Valenciana, estaba la construcción de una presa en Cheste y determinadas actuaciones para reforzar la rambla del barranco del Poyo. Es ciertamente curioso que el PSOE de Zapatero diera al traste de forma genérica con obras, como la del Poyo, que ya contemplaba el Ejecutivo de Felipe González en 1995.

Del plan de José María Aznar se realizó sólo una primera fase, quedando completamente descartada cualquier actuación con el cambio normativo sentenciado por Zapatero. Fue el principio del fin de una obra siempre pendiente y nunca realizada, aunque faltaba la puntilla.

Si bien es cierto que en 2006 se aprobó un proyecto para la Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera. Esta obra hubiera implicado aumentar considerablemente la capacidad del lecho del Poyo y su conexión con el nuevo cauce del Turia. Éste fue el proyecto que más cerca estuvo y en él ya aparece la 'desaparecida' Teresa Ribera.

La ministra, que era la máxima responsable de Aemet, la Cuenca Hidrográfica del Júcar y Protección Civil en la tarde del 29 de octubre, fue la encargada de firmar la declaración de impacto ambiental (DIA) de la citada obra prevista un lustro antes. Ella era secretaria de Estado de Cambio Climático. Firmó, pero dicho proyecto no contó con presupuesto.

Dicha DIA habría caducado en 2017, justo nueve años después de su aprobación en plena crisis económica y con el Gobierno nacional encorsetado entre el gasto y el ahorro.

2018 será el año maldito. Tampoco es que la obra fuera una reclamación vecinal incontestable en Valencia, aunque sí eternamente exigida y demandada por los municipios de la ribera del Poyo. Ahí es donde han sabido valorar su riesgo y lamentar la falta de interés con la que el proyecto se postergaba sine die.

El año en el que Pedro Sánchez asume la presidencia del Gobierno es el mismo en el que el Ejecutivo regional valenciano del socialista Ximo Puig aprueba la controvertida Ley de la Huerta Valenciana. Hay un documento público fechado en 2023 en el que el Gobierno de Sánchez reconoce que las obras previstas en el Poyo eran «incompatibles» con la normativa valenciana.

Esa confirmación de que la Ley de la Huera de Ximo Puig fue una traba para la adecuación del barranco del Poyo fue la puntilla para intentar domar un cauce tan seco durante prácticamente todo el año como peligroso conforme baja descontrolado.

Ambos movimientos, la derogación del PHN por parte de Zapatero y la Ley de la Huerta de Ximo Puig, son el claro ejemplo de que la política se plegó a otros intereses antes de ser fiel a las necesidades de un pueblo. Ni se hizo una presa en Cheste ni el Poyo fue desviado ni ampliado. Reescribir la historia es imposible, pero desde 1995 teniendo sobre la mesa proyectos para reducir la peligrosidad de un barranco y tuvo que venir una riada con 229 muertos para aflorar todo aquello que se quedó olvidado en un cajón o desechado sin contemplación.