Qué se ha hecho y qué queda por hacer tras la dana de Valencia: infraestructuras reparadas pero los barrancos sin desviar

Este miércoles se cumple el primer aniversario de la dana de Valencia, que arrasó con más de 70 municipios de la provincia, dejando a su voraz paso 229 muertos, más de 200.000 vehículos destrozados, miles de viviendas destruidas y un sinfín de imágenes que dieron la vuelta al mundo por el paisaje bélico que mostraban. A lo largo de estos doce meses, mientras las vertientes política y judicial siguen cada una a su ritmo, la reconstrucción de las zonas afectadas avanza a la par que no pocas obras para intentar minimizar el impacto de otro temporal siguen guardadas en los cajones del Palacio de La Moncloa y no se prevé su ejecución, al menos en el corto plazo.

En cuanto a los «hitos» logrados hasta la fecha, cabe destacar que la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, ha movilizado 700 millones de euros para la reparación. «Todos esos fondos están ejecutados o en ejecución», señalan fuentes de la Administración autonómica consultadas por El Debate.

Así, dichas partidas incluyen 77 millones para volver a levantar infraestructuras regionales que, entre otros aspectos, han permitido reabrir 18 carreteras y puentes. Igualmente, se han destinado 52 millones para infraestructuras locales, con la mitad de ellas ya finalizadas, y otros 100 millones para infraestructuras hidráulicas y depuradoras, estas últimas ya todas restauradas.

Respecto al Metro, el Gobierno de Carlos Mazón ha aportado 140 millones para su «reconstrucción y modernización», indican en la Consellería, destacando el «gran hito» que es «reabrir en los últimos días 50 kilómetros afectados por las inundaciones». Del mismo modo, se han movilizado 93 millones para infraestructuras forestales, 6 para portuarias, 225 en la gestión de residuos (ya finalizada) y 12 para parques naturales y entornos forestales.

En lo concerniente a carretas, la Generalitat consiguió reabrir semanas después de la riada en un total de 47,3 kilómetros. Con ese objetivo «cumplido» se ha puesto el foco en «buscar soluciones definitivas para reponer las infraestructuras de forma completa», apuntan en Medio Ambiente.

El contrapunto lo ponen en el Gobierno de Pedro Sánchez: «Sigue teniendo aún obras pendientes que está ejecutando en carreteras de titularidad estatal», señalan las mismas fuentes, concretando que el by-pass «sigue con solución provisional a la espera de que vuelva la normalidad y con el riesgo de las lluvias de otoño si no terminan». «Se continúa pasando por un badén al ser un recorrido provisional. La Generalitat ya no tienen en sus infraestructuras autonómicas ese riesgo», subrayan. Los reproches al Ejecutivo central no se quedan ahí, ya que recuerdan que «también hay trabajos en la A7» y actuaciones «de bionda pendientes en la Pista de Silla». «El ministro de Transportes, Óscar Puente, vendió soluciones provisionales, pero los trabajos definitivos no han terminado en las carreteras estatales frente a las autonómicas», lamentan.

Al titular de la cartera de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez también le recriminan su gestión: «Lo grave es que el proceso de reconstrucción de Cercanías, pese a recuperar algunas líneas como la C1 y C2, no ha terminado. Y lo más preocupante: no tiene fecha para recuperar la línea C3, donde solo se puede llegar de Valencia a Aldaia», afirman, poniendo sobre la mesa que en su día «se habló de una inversión de 184 millones que sigue sin fecha de ejecución completa».

En términos generales, la Conselleria ensalza su labor en este año desde la tragedia: «En estos momentos, han finalizado las obras de 31 de las 58 actuaciones asumidas, lo que supone más de la mitad terminadas en menos de 12 meses. El 54 % ya están terminadas», inciden.

En los días y semanas posteriores a la dana, se instaló en todas las Administraciones implicadas la imperiosa necesidad de no escatimar ni un solo euro a la hora de poner en marcha obras de cara a modernizar las infraestructuras que, ante otro temporal como el del 29 de octubre, se vean afectadas. Ese consenso se quedó en mera retórica, puesto que los trabajos que se han de hacer para desviar los cauces continúan esperando su activación, un proceso que se debió de llevar a la práctica hace más de diez años por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), es decir, del Ministerio para la Transición Ecológica.

En este sentido, una de las prioridades es hacer realidad el desvío del barranco de La Saleta hacia el nuevo cauce del río Turia, un proceso burocrático en el que próximamente se acabará el plazo de alegaciones ante las expropiaciones forzosas y que dará paso a la adjudicación técnica del proyecto y al posterior inicio de las obras sobre el terreno. El objetivo es reducir el riesgo de inundaciones en las localidades de Valencia, Quart de Poblet, Aldaia, Xirivella, Ribarroja de Turia, Mislata, Alzira y Alaquás. Todo ello con una inversión prevista de 98 millones de euros.

Pero la pasividad de la CHJ, a cuyo frente está Miguel Polo, en lo que obras se refiere también tiene su traslación en los barrancos de Casella, Barxeta, el Poyo y Gallego. Además de que la Generalitat denuncia que la Ley de la Huerta que aprobó el tripartito de izquierdas encabezado por el socialista Ximo Puig impidió que el Poyo estuviera limpio, el Gobierno de Sánchez no tiene previsto instalar sistemas de alerta temprana ni más medidores en ninguna rambla regional pese a que la cuenca es una de las más peligrosas de toda Europa. Tan solo se pondrán pluviómetros.

Por tanto, el departamento que dirige la también vicepresidenta tercera del Ejecutivo, Sara Aagesen, no tiene sobre su mesa implementar mejoras de calado. Tampoco se prevén en la presa de Forata, epicentro de la preocupación durante el 29 de octubre ante su posible rotura, un hecho que habría provocado que la magnitud de la tragedia fuera de proporciones aún más descomunales.

Pero por si el hecho de mantener en stand by todas esas y otras obras vitales para evitar otro desastre como el de hace un año no fuera suficientemente grave y preocupante, las que se puedan debatir y proponer tienen, a priori, el mismo destino, que no es otro que el de caer e el olvido. Y es que cabe recordar que España cuenta por tercer año consecutivo con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados, ya que el Sánchez es incapaz de, ya no de aprobar, sino ni siquiera de presentar unas cuentas públicas ante el Congreso de los Diputados, tal como le mandata la Constitución Española en su artículo 134.

Por tanto, la reconstrucción de la provincia de Valencia lleva dos velocidades, algo que también se da en lo relativo a las ayudas. Así pues, mientras la Generalitat, con menos capacidad de movilización de recursos y músculo financiero comparado con el Gobierno, va cumpliendo y sumando «hitos» a esta ingente tarea, Sánchez y sus ministros van al ralentí, eternizando el cobro de prestaciones a los afectados por las riadas y, al mismo tiempo, obviando y posponiendo actuaciones que son vitales para evitar que una devastación humana, material y medioambiental vuelva a sacudir la vida de los valencianos.