El Gobierno de España golpea con un sobrecoste de más de 30 millones de euros a la cogeneración cerámica

Una nueva sacudida hace temblar al sector cerámico, uno de los más castigados por los sobrecostes en los últimos años. El nuevo marco retributivo planteado por el Ministerio para la Transición Ecológica para regular la cogeneración entre 2026 y 2031 ha encendido todas las alarmas. La propuesta, actualmente en consulta pública, contempla un recorte global superior a los 250 millones de euros anuales respecto al sistema vigente, lo que equivale a una reducción del 25 % de la retribución regulada.

Para el sector cogenerador, la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) interpreta este giro como un cambio profundo en las reglas del juego y alerta de que la disminución de incentivos y el nuevo método de cálculo de costes pueden comprometer el futuro del modelo. En el caso concreto de la cerámica, que depende en gran parte de esta tecnología para abastecer de energía térmica y eléctrica a las plantas de atomización, el impacto económico se prevé especialmente severo.

El clúster de Castellón

La cerámica castellonense, que concentra la mayor parte de la cogeneración vinculada al azulejo en España, sería la más afectada por la reordenación del Ministerio. En la provincia funcionan cerca de una cuarentena de unidades, esenciales para transformar las arcillas en tierra atomizada, el primer paso del proceso productivo. Su potencia instalada ronda los 240 megavatios y su peso en la economía provincial es decisivo. El nuevo marco introduce, sin embargo, varios ajustes que suponen un sobrecoste directo para las empresas.

El más relevante se encuentra en la revisión del reconocimiento de los costes de CO₂, que hasta ahora, las plantas pagaban exclusivamente por los derechos de emisión adquiridos descontando los asignados gratuitamente a sus industrias asociadas. Con la nueva metodología, parte de esos costes dejará de estar reconocida y las propias industrias cerámicas deberán asumirlos a través del calor suministrado por las cogeneraciones. Solo esta modificación añade unos 18 millones de euros al año a la factura del sector en Castellón, según los cálculos publicados por Acogen.

A ese incremento se suma la actualización de los costes de operación y mantenimiento. El Ministerio contempla un aumento anual del 1 % desde 2020, pero los datos auditados muestran que estos gastos han crecido cerca del 50 % en seis años, lo que implica que una parte sustancial no quedaría cubierta. Para la cerámica, este desfase representa otros 10 millones de euros. También pesa el ajuste pendiente de 2023, cuyo cálculo revisado ha dejado sin reconocer unos 200 millones de euros en el conjunto del país. Dado que la provincia de Castellón supone algo más del 4 % de la producción nacional de cogeneración, el sector cerámico dejaría de percibir unos 5,3 millones en este concepto. En total, el impacto directo estimado para el clúster cerámico supera los 30 millones de euros anuales.

Todo ello llega en un momento especialmente delicado, ya que la producción de azulejo se ha reducido a la mitad en cinco años y la incertidumbre regulatoria acumula un bloqueo inversor que ronda los 1.300 millones de euros debido al retraso de las subastas prometidas. Buena parte de las instalaciones de cogeneración están próximas al final de su vida útil: un 37 % vencen este mismo año y más del 60 % lo hará antes de 2030. El sector esperaba que el nuevo marco de subastas ofreciera una base estable para renovar la tecnología, pero la propuesta del Ministerio apunta en la dirección contraria, según destacan tanto Acogen como la patronal cerámica Ascer, que ya prepara sus propias alegaciones.

Ambas organizaciones coinciden en que el deterioro del marco retributivo pone en riesgo una herramienta energética clave para mantener la competitividad de una industria tan intensiva en calor como la cerámica. La cogeneración ha permitido durante décadas generar electricidad y calor de forma simultánea y eficiente, reduciendo emisiones y costes. La pérdida de incentivos no solo elevaría la factura energética, sino que también podría provocar cierres de plantas de cogeneración y, por extensión, una pérdida de capacidad productiva en el propio sector cerámico, que además se vería obligado a asumir mayores costes de CO₂ y a depender más de energía externa.

El Ministerio prevé aprobar la orden definitiva en febrero de 2026, pero el sector confía en que el proceso de alegaciones introduzca cambios sustanciales. La preocupación es generalizada y la patronal advierte de caídas adicionales en la facturación, pérdida de empleo y un aumento de precios que mermaría aún más la competitividad internacional del azulejo español. En un momento en el que Europa refuerza sus estrategias de reindustrialización, la industria cerámica teme que esta modificación regulatoria termine empujando a parte de la producción a otros países y debilitando a uno de los clústeres industriales más relevantes del país. Según Acogen, sin un marco estable la cogeneración corre el riesgo de desaparecer, y con ella una ventaja competitiva que ha sostenido durante décadas a la principal industria de la provincia de Castellón.