El catalanismo valenciano exige sanciones económicas a policías y guardias civiles por hablar en español

Un plurilingüismo impuesto a base de sanciones. Así es como el catalanismo valenciano quiere que la nueva Ley Orgánica de garantía del plurilingüismo y de los derechos lingüísticos de la ciudadanía ante las instituciones del Estado tenga sentido en los territorios en los que deben existir con igualdad de condiciones dos lenguas cooficiales.

La norma es muy clara y evidente, busca por ejemplo que policías y guardias civiles «respeten» que un ciudadano les quiera hablar en cualquier lengua cooficial aunque el agente la desconozca o que un juez o magistrado deba demostrar mediante un certificado que es poseedor de cierto nivel del idioma cooficial, también se quiere que todas las señales de tráfico estén tanto en castellano como en la lengua autóctona del territorio, siempre que esté reconocido en el estatuto de autonomía.

A grandes rasgos lo que se quiere es aupar cualquier lengua cooficial por encima del castellano y ahí aparece la entidad catalanista de Escola Valenciana quien ha pedido incluso «sanciones» para cuando no se cumpla la norma.

La entidad, de una marcada línea en la que busca infravalorar el valenciano ante cualquier aspecto o cuestión catalana, quiere que un guardia civil sea sancionado por hablar en española a un ciudadano que se le dirige en catalán. En Valencia ocurriría lo mismo con el valenciano, aunque desde dicha entidad de Escola Valenciana, así como Acció Cultural del País Valencià, Compromís y ahora el PSOE defienden que en la Comunidad Valenciana se habla catalán y no valenciano.

A la organización da la sensación de que le ha parecido poca cosa la ley impulsada por la izquierda y extrema izquierda del Congreso de los Diputados, ya que ha pedido «garantías claras» y «sanciones».

Escola Valenciana ha visto en la hipotética nueva ley, que en caso de ser aprobada acabaría abocada al rechazo por la mayoría del PP en el Senado, una posibilidad para que el Gobierno de España tutele la cogobernanza de las autonomías y que el plurilingüismo sea un aspecto centralizado para todo el Estado, en vez del autogobierno imperante que intentan promover desde la izquierda. Es decir, que en una España a la que Pedro Sánchez quiere abocarla a un Estado Federal, se impondría a nivel nacional el uso de las lenguas cooficiales en cada uno de los territorios. Parece un sinsentido.

La entidad catalanista busca así la cuota de protagonismo que ha perdido tanto a nivel político como a nivel social en la Comunidad Valenciana, donde su gran triunfo es denunciar el uso del español ante el ministro Urtasun e intentar promover las manifestaciones contra Carlos Mazón por la gestión de la dana.

En base a ello han intentado enfocar la presentación de la ley como un intento de enmienda a las gestiones lingüísticas en la Comunidad Valenciana, como si de un órdago se tratara contra las políticas que cuentan con el aval de la mayoría política en las Cortes Valencianas en base a los resultados electorales en mayo de 2023.