Avenida Vicente Savall de San Vicente del Raspeig
PP y Vox chocan de nuevo en San Vicente del Raspeig por la futura Zona de Bajas Emisiones
El inicio de los estudios para diseñar el proyecto reabre las tensiones dentro de la coalición que gobierna el municipio alicantino
El Ayuntamiento de la ciudad alicantina de San Vicente del Raspeig vuelve a vivir un pulso entre los dos partidos que gobiernan en coalición. PP y Vox, socios desde el inicio del mandato, han vuelto a chocar, esta vez por los primeros pasos para implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El Gobierno local anunció hace unos días que había comenzado los trabajos de campo, pero la respuesta inmediata de Vox ha vuelto a mostrar la fragilidad del acuerdo que sostiene la Alcaldía.
La concejal de Medio Ambiente, la 'popular' Mercedes Torregrosa, presentó la adjudicación del contrato para redactar el proyecto de ZBE y actualizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. La empresa CPS Infraestructuras Movilidad y Medio Ambiente dispondrá de un año para elaborar la propuesta, con una inversión de 152.000 euros repartida entre 2025 y 2026. Torregrosa defendió que «damos respuesta al compromiso adquirido para trabajar por un San Vicente saludable» y explicó que el estudio permitirá conocer «el estado real del tráfico que soportan nuestras calles y nuestros ciudadanos, así como el nivel de emisiones de gases contaminantes».
El Ayuntamiento ha comenzado a recoger datos mediante drones, aforos de tráfico continuos, mediciones de ruido en once puntos y sensores de calidad del aire en tres zonas de la ciudad. Además, se realizarán encuestas sobre hábitos de movilidad. Torregrosa sostiene que estas mediciones permitirán tomar decisiones «basada en datos actuales y fiables».
Vox marca distancia y anuncia su veto
Tras el anuncio municipal, Vox difundió un vídeo en redes sociales que tensó de inmediato la relación con su socio. «Evitaremos que la implantación de la zona de bajas emisiones implique restricciones discriminatorias y sanciones», afirmó Adrián García, líder de la formación. El partido asegura que, con sus cinco concejales, «en ningún caso vamos a permitir que se apruebe una zona de bajas emisiones que discrimine a los sanvicenteros por razón de sus recursos económicos y por la posibilidad de poder acceder, o no, a la compra de un vehículo eléctrico».
Vox subraya que la obligación de implantar ZBE en ciudades de más de 50.000 habitantes deriva de la Ley 7/2021 del Cambio Climático, a la que se refiere como «otra ley del PSOE, como la que obligó a la aplicación de la nueva tasa de basura». De nuevo, enlaza su posición con la cuestión fiscal: «No consentiremos que el fanatismo climático se utilice como excusa para incrementar la presión fiscal de nuestros vecinos».
El partido intenta enviar un mensaje de tranquilidad a los sanvicenteros y recalca que no aceptará que «ningún vecino sea discriminado ni sancionado por circular en su propio municipio por razón del tipo de etiqueta que tenga su vehículo». Los de Abascal aprovechan para lanzar una pulla a sus socios, acusándoles de hacer seguidismo de las políticas socialistas.
El PP ha evitado contestar y se limita a recordar que el proceso está en una fase inicial y que el trabajo técnico determinará, si procede, cómo se implanta la ZBE.
Meses de desencuentros
El choque por la ZBE no es ninguna novedad. La coalición ya arrastra varios conflictos. En octubre, Vox acusó al alcalde, Pachi Pascual (PP), de bloquear una rebaja adicional del IBI prevista para 2026. El primer edil justificó su decisión con los informes económicos y afirmó: «El alcalde no va a tolerar pulsos». Aquel episodio llegó después de otra crisis en marzo, cuando el concejal de Tráfico -líder de Vox- ordenó retirar una señal que declaraba San Vicente «municipio libre de violencia machista» tras haber sido colocada sin su consentimiento. Pascual ordenó reponerla.
La tensión se ha convertido en algo habitual dentro de un Gobierno que, pese a gobernar en coalición, funciona con fricciones continuas. Ahora, la discusión sobre la ZBE añade un nuevo frente, con el PP defendiendo el proceso técnico para evaluar la calidad del aire y Vox dispuesto a vetar cualquier medida que pueda obligar a los vecinos a cambiar de vehículo o enfrentarse a sanciones por la etiqueta de sus coches.
