La defensa de Ribó deja al borde de la imputación a cuatro concejales de Valencia por una piscina ilegal de 1,2 millones de euros

La piscina ilegal de 1,2 millones de euros que Alboraya construyó en suelo protegido de Valencia parece que va a salpicar a más concejales y de varios partidos políticos de la capital. La defensa del exalcalde Joan Ribó ha sido servir en bandeja al juez instructor el nombre de los cuatro ediles que gestionaron las delegaciones de «las competencias de alcaldía» durante los dos mandatos de la izquierda en Valencia. Entre las mencionadas, Sandra Gómez es la que peor parada sale.

Joan Ribó está citado a declarar como imputado este próximo 24 de diciembre, pero su defensa, que la ejerce el abogado del Ayuntamiento de Valencia en una situación laboral no detallada por el propio consistorio, ha sido extender el foco judicial sobre dos concejales del PSOE, uno de Podemos y otro de su propio partido Compromís. Así consta en las alegaciones presentadas ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia a las que ha tenido acceso El Debate.

Parece ser que no importan ya los bandos ni las formaciones cuando se está en el radar judicial, por eso la sorpresiva defensa de Ribó contrasta con la gestión que se llevó a cabo en los ocho años que la izquierda mandó en Valencia con rencillas internas pero sin reconocer los circos mediáticos.

Ahora Ribó se quita de cualquier responsabilidad del alcalde, que por ejemplo sí ha servido para que sobre el primer edil de Alboraya pueda recaer una solicitud de 8 años de cárcel, señalando a los cuatro ediles a los que «delegó las competencias de alcaldía» en las materias que atañen a la construcción de la piscina de 1,2 millones de euros que Alboraya 'levantó' en suelo protegido perteneciente a la ciudad de Valencia.

Del primer mandato, entre 2015 y 2019, Ribó señala que las competencias de gestión «de Patrimonio Municipal y Vivienda» las tenía delegadas la concejala María Oliver, representante del partido Valencia en Común (Podemos) y la gestión de «Obras de Infraestructura, Mantenimiento de Infraestructuras y Planificación y Gestión Urbana» la llevaba el socialista Vicent Sarrià.

La piscina se Alboraya se construyó en 2022, lo que implicaría directamente a los responsables del segundo mandato de Ribó, ahí aparece una compañera de Compromís y Sandra Gómez. El exalcalde señala a su vicealcaldesa socialista ya que tenía delegada la gestión de "Desarrollo y Renovación Urbana y Vivienda, la

Gestión de Obras de Infraestructura, la Planificación y Gestión Urbana, y el Mantenimiento de Infraestructuras". Este señalamiento lo que hace es poner más el foco en Sandra Gómez, sobre la que ya recaía su imputación conforme acabe la fase de instrucción por parte del juez Zaragoza Campos. Ribó está imputado por un delito de «prevaricación urbanística omisiva» y Sandra Gómez parece ser que en breves se enfrentará a la misma situación procesal.

Pero el reparto de culpas de Ribó no acaba ahí, ya que incluso deja en evidencia judicial a su excompañera de hemiciclo y también militante de Compromís Isabel Lozano. A ella le delegó el alcalde la gestión de «Vivienda y el Patrimonio Municipal». La edil continúa actualmente en el Ayuntamiento de Valencia.

Y todo ello a cerca de una semana de que Ribó acuda al juzgado a contar, teóricamente, lo mismo que ha esgrimido ahora por escrito su defensa. Es decir, que el exalcalde buscará evitar el banquillo acomodando en el asiento judicial a cuatro concejales de sus dos mandatos en Valencia. Incluso podría darse la situación que la defensa no surta efecto, pero sí el ataque y al final acaben otros tres concejales y Sandra Gómez como imputados por el juez.