Así queda la Zona de Bajas Emisiones en Alicante, Valencia y Castellón desde el 1 de enero de 2026

Las Zonas de Bajas Emisiones se han convertido en una de las principales herramientas de las ciudades europeas para reducir la contaminación, mejorar la calidad del aire y avanzar hacia una movilidad más sostenible. En España, la Ley de Cambio Climático obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a implantar estas áreas con restricciones al tráfico más contaminante, aunque su aplicación práctica está siendo desigual según el territorio. En la Comunidad Valenciana, esta obligación no se ha traducido todavía en un modelo común, y las tres capitales de provincia afrontan la implantación de las ZBE en momentos y con enfoques muy distintos.

Alicante es, por ahora, la ciudad que va más adelantada. Su Zona de Bajas Emisiones lleva un año en vigor y se ha diseñado con un planteamiento progresivo, centrado principalmente en el Casco Antiguo. Castellón de la Plana, por su parte, activará su ZBE este 1 de enero, tras culminar las obras de transformación urbana asociadas al proyecto, aunque lo hará sin restricciones permanentes al tráfico. Valencia, en cambio, continúa sin una ordenanza aprobada, después de que el desacuerdo político haya impedido sacar adelante la normativa necesaria, una situación que empieza a tener consecuencias más allá del ámbito medioambiental.

Alicante

En Alicante, la ZBE entró en funcionamiento el 1 de enero de 2025 tras varios retrasos y una prórroga concedida para adaptar la ordenanza municipal. La ciudad, que supera ampliamente los 300.000 habitantes, ha optado por un modelo dividido en anillos, aunque solo el más céntrico está sujeto a limitaciones reales. En la práctica, la medida ha servido para regular de forma oficial una situación que ya existía desde hace años en el Casco Antiguo, donde el acceso estaba restringido a residentes, propietarios de garajes y vehículos autorizados. En el resto de la ciudad no se aplican prohibiciones permanentes, sino que se monitoriza el tráfico y la calidad del aire, con la posibilidad de activar restricciones temporales solo en caso de episodios de alta contaminación.

Castellón

Castellón estrenará su Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de enero de 2026, coincidiendo con la finalización de las obras de las dos fases del proyecto, que han supuesto la reforma integral de más de 40 calles y plazas del centro urbano. A diferencia de otras ciudades, el Ayuntamiento ha dejado claro que la ZBE no implicará restricciones habituales al tráfico ni la obligación de contar con etiquetas ambientales para circular. Los vehículos podrán seguir accediendo con normalidad, salvo en situaciones puntuales de elevada contaminación, en las que podrían aplicarse medidas temporales. El proyecto, financiado con fondos europeos y con una inversión superior a los once millones de euros, se ha planteado como una transformación urbana orientada a ganar espacio para el peatón y reducir emisiones, sin cerrar el centro de la ciudad ni generar barreras para residentes y comerciantes.

Valencia

El caso de Valencia es el más complejo y, a la vez, el que mayor impacto puede tener en la vida cotidiana de los ciudadanos. La capital sigue sin Zona de Bajas Emisiones después de que el pleno municipal no haya logrado aprobar la ordenanza necesaria para regularla. El equipo de gobierno, formado por PP y Vox, rechazó recientemente la tramitación urgente de una propuesta de la oposición para desbloquear la situación, alegando que ya no era viable aprobar una normativa completa antes de final de año. Esta falta de consenso ha dejado a Valencia fuera del calendario que marca la legislación estatal y ha generado un escenario de incertidumbre.

Más allá del debate político, la ausencia de ZBE en Valencia tiene consecuencias prácticas. Una de las más relevantes afecta al transporte público urbano, ya que la continuidad de determinadas subvenciones estatales está vinculada a la implantación efectiva de estas zonas. Si el Ministerio mantiene este requisito, la EMT podría perder las ayudas que permiten aplicar descuentos del 40 % en los abonos, lo que encarecería de forma notable el precio del bonobús y otros títulos. En ese contexto, Valencia se desmarca de Alicante y Castellón, donde el peso del transporte autonómico garantiza una mayor estabilidad en los precios, mientras que en la capital el coste final del transporte urbano queda condicionado a decisiones que dependen de la aprobación de la ZBE.

Así, la Comunidad Valenciana afronta la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones con tres modelos distintos y ritmos desiguales. Alicante avanza con una ZBE ya operativa y de alcance limitado, Castellón apuesta por una transformación urbana sin restricciones permanentes y Valencia continúa bloqueada por la falta de acuerdo político. Una diversidad de situaciones que refleja las dificultades de aplicar una misma obligación legal en ciudades con realidades, prioridades y equilibrios políticos muy diferentes.