Imagen de archivo de una calle de Sedaví que amanecía abarrotada de vehículos arrastrados por la corriente un día después de la dana
La jueza de la dana vuelve a pedir amparo al CGPJ con la causa en el alero entre quejas y querellas
La magnitud del sumario judicial sobre gestión política de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024 que dejó 230 víctimas mortales y estampas que jamás se olvidarán es tal que la magistrada que lo instruye, Nuria Ruiz Tobarra, tiene dedicación exclusiva a ello, primero desde la Ciudad de la Justicia y, meses más tarde, desde el Juzgado número 3 de Catarroja una vez se reconstruyó tras el paso de las riadas. En este sentido, la pasada semana preguntó a las partes personadas de cara a prorrogar seis meses más la investigación.
Casi en paralelo, elevó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) las actuaciones, pidiendo la imputación del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón por lo que considera «inactividad negligente». El escrito de la jueza sorprendió, tanto porque basa su acusación en que el exmandatario estaba en el restaurante El Ventorro como porque lo escribe sin esperar a que Whatsapp y Telegram recuperen una prueba clave, como son las conversaciones mantenidas el día de la tragedia entre Mazón y el que fuera su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca.
A este hecho polémico se le suma la querella presentada por un abogado de varias víctimas por la supuesta intervención activa del marido de Ruiz Tobarra en algunos interrogatorios a afectados. De confirmarse este episodio, la macrocausa puede ser objeto de nulidad y quedaría en nada. Pero la instrucción también podría tener un segundo revés si el TSJCV rechaza investigar a Mazón o, que también es otra opción, devuelve el sumario a Catarroja por no ver suficientemente sustentada la petición de imputación al exmandatario. Dicho de otra manera, todo está en el aire.
Testificales de Feijóo y Pérez Llorca
Además de ese panorama, ha habido decisiones llamativas de la jueza a lo largo de este tiempo. Por ejemplo, se ha negado a llamar a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la entonces vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y a los titulares de Interior y Transportes, Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente, respectivamente. Por el contrario, sí han testificado el actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que acudió horas antes de ser investido, y el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Todo ello le ha valido a la instructora no pocas críticas. Una de ellas es la del diputado del PP Rafael Hernando por un mensaje en su perfil de la red social X el 12 de febrero: «La Guardia Civil hace un informe de investigación que destruye las tesis de la jueza de la dana y ella lo desacredita porque incrimina al Gobierno de Pedro Sánchez. La prevaricación es palmaria y Vallés te lo explica. Acabará mal», escribió días atrás, acompañando la publicación con un fragmento de vídeo de Antena 3 Noticias.
No parece que las palabras del parlamentario hayan sentado bien a la magistrada, ya que ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como reacción, una maniobra que ya ha realizado una vez. El Debate se ha puesto en contacto con Hernando, quien, lejos de rectificar, se reafirma es sus manifestaciones:
«Quien tiene que pedir amparo es el pueblo de Valencia ante una instrucción ilegal y sectaria», indica, añadiendo que el marido de la jueza «se está comportando como si fuera una parte más del procedimiento cuando no lo es». Así, el diputado espera que el CGPJ diga que la citada instrucción es «ilegal» y le recomienda a Ruiz Tobarra que «si no está capacitada para llevar una causa como esta, que renuncie».
Con la queja formal ya en el Poder Judicial desde hace dos semanas, ahora será la Comisión Permanente de la institución la que tome una decisión sobre ello. Mientras tanto, la jueza sigue con su actividad normal a la espera de que el TSJCV fije posición sobre la imputación de Mazón y el papel del marido de la magistrada y la eventual nulidad.