El Gobierno consuma el agravio histórico con Alicante: recorte al trasvase Tajo-Segura y la última provincia en inversión

La provincia de Alicante encara 2026 en peores condiciones de las que cerró el ejercicio anterior. Lo hace tras encadenar cinco años consecutivos como la última provincia de España en inversión del Estado y después de cuatro ejercicios situada en el último puesto del ranking nacional de inversión per cápita, con la confirmación de un nuevo recorte al trasvase Tajo-Segura que afecta de lleno al campo alicantino.

A la falta de presupuestos se suma ahora la aplicación efectiva de una decisión largamente anunciada, pero no por ello menos lesiva, que reduce aún más los recursos hídricos disponibles para el sureste español.

La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, consecuencia de que el Gobierno no haya presentado en plazo el anteproyecto de las cuentas para 2026, consolida un escenario de bloqueo que la patronal de la obra pública ya califica como estructural. Es el quinto ejercicio consecutivo con Alicante a la cola de la inversión estatal, un periodo que la Federación de Obra Pública y Auxiliares de la provincia (FOPA) ha bautizado como el «quinquenio negro» por su impacto directo en la competitividad, la conectividad y el desarrollo económico del territorio.

Este déficit inversor no responde a un episodio aislado ni a una coyuntura puntual. Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, sus distintos gobiernos han mantenido a la provincia de Alicante sistemáticamente relegada en el reparto de inversiones, incluso en ejercicios de crecimiento económico, consolidando una brecha que lastra su desarrollo a medio y largo plazo.

A este déficit inversor se añade ahora una decisión que golpea uno de los pilares productivos de la provincia. El Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado desde el 1 de enero de 2026 el caudal ecológico del río Tajo a su paso por Aranjuez hasta los 8 metros cúbicos por segundo. La medida se enmarca en el actual ciclo del Plan Hidrológico de Cuenca del Tajo, vigente desde enero de 2023, que ya incrementó el caudal de 6 a 7 metros cúbicos por segundo en 2025. Para los regantes del trasvase Tajo-Segura, este nuevo aumento supone una vuelta de tuerca más que compromete seriamente el futuro del regadío en Alicante.

Un recorte con impacto directo

Desde la Generalitat Valenciana, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha denunciado que «el Gobierno de España perjudica de nuevo a la agricultura de la provincia del Alicante al permitir de manera arbitraria aumentar el caudal ecológico del Tajo que solo beneficia a Portugal con más agua mientras reduce los aportes a la agricultura de la provincia». A su juicio, no se trata de una decisión aislada, sino de una política continuada que debilita el trasvase y castiga al sureste.

Barrachina ha advertido de las consecuencias en cascada que puede tener esta estrategia: «Las decisiones del Ejecutivo central respecto al trasvase acabarán con la agricultura, incrementará el riesgo de incendios forestales y aumentará las posibilidades de inundaciones. Este Gobierno prefiere Portugal inundado mientras secan la despensa de Europa». El conseller ha alertado además de que el abandono de explotaciones agrícolas y la tala de hasta 10 millones de árboles «conduce directamente a la desertificación de una zona y a la desaparición de una agricultura que devuelve en forma de riqueza toda la solidaridad hídrica que recibe».

Los datos económicos refuerzan esa advertencia. En la provincia de Alicante, aproximadamente el 67,2 % de la superficie regada con agua del trasvase se destina a cítricos como la naranja, la mandarina o el limón, cultivos que generan empleo, exportaciones y un importante beneficio ambiental, con una absorción estimada de 1,2 millones de toneladas de CO2. Según cifras de 2024, la producción agrícola vinculada al trasvase alcanza los 403 millones de euros anuales, a los que se suman 496 millones de la actividad comercializadora y 115 millones de las empresas de transformación. «Todo este tejido económico está en peligro por una decisión injustificada», ha subrayado Barrachina.

Críticas por la falta de base técnica

El conseller también ha cuestionado el aumento del umbral a 531 hectómetros cúbicos, al considerar que «carece de justificación técnica, va en contra de la ley y solo podría modificarse mediante una nueva norma con rango de ley», recordando además que «los caudales ecológicos se cumplen y, de hecho, se superan ampliamente». A estas críticas se suma la política de envíos de agua a Portugal. «Estamos mandando a nuestros vecinos agua que no piden ni quieren. Les enviamos el doble de lo que solicitan: más de 6.000 hm³ por decisión del Gobierno de España y ahora 100 hm³ adicionales, mientras se intenta secar parte de la provincia de Alicante», ha denunciado.

La Diputación de Alicante comparte ese diagnóstico. Su vicepresidenta primera, Ana Serna, ha criticado la elevación del caudal ecológico aprobada para 2026 «porque supone un nuevo recorte del trasvase Tajo-Segura» y ha lamentado que, como en ocasiones anteriores, «este recorte se aplica de forma arbitraria y sin obedecer a ningún criterio técnico ni científico». Serna ha recordado que la provincia es la cuarta de España en población y la quinta en aportación al PIB nacional, y ha advertido de que la previsible modificación de las reglas de explotación del trasvase podría reducir aún más los caudales disponibles.

Inversión bajo mínimos

Mientras el agua se reduce, la inversión pública tampoco llega. Los datos de licitación reflejan un importante desplome: en el primer semestre del pasado año, el Estado licitó en Alicante 37,6 millones de euros, frente a los 122,2 millones del mismo periodo de 2024. La Generalitat Valenciana también recortó su esfuerzo inversor, pasando de más de 71 millones a apenas 29,5 millones. Para FOPA, esta tendencia compromete infraestructuras básicas y la capacidad de la provincia para adaptarse a un contexto de fenómenos climáticos cada vez más extremos.

Desde la patronal advierten de que trabajar con presupuestos prorrogados durante toda una legislatura tiene efectos que no siempre se contabilizan: pérdida de oportunidades, menor productividad y un deterioro progresivo de la seguridad y los servicios. «Invertir en obra pública supone trabajar en seguridad, en protección, en la reducción de riesgos y en salvar vidas», recuerdan.

Con este panorama, Alicante inicia 2026 atrapada entre dos frentes: la escasez de recursos hídricos y el abandono inversor. Instituciones, empresarios y regantes coinciden en que la combinación de ambos factores consolida un agravio histórico que amenaza con dejar a la provincia en clara desventaja frente a otros territorios y compromete su desarrollo económico, social y medioambiental a medio y largo plazo.