El tercer testigo clave de la dana de Valencia declara 15 meses después

La investigación judicial por la dana de Valencia lleva un camino claro: dar el nivel de responsabilidad penal que hay en la Generalitat Valenciana por, actualmente, las 230 muertos provocadas por la riada del 29 de octubre de 2024. No hay más líneas en la instrucción porque cualquier otra ha sido desechada por la jueza Nuria Ruiz Tobarra. La agenda de su Juzgado de Catarroja ha priorizado durante los últimos meses hallar pruebas o el rastro de una posible acción directa de Mazón en la gestión de la emergencia, provocando que el tercer testigo clave declare este miércoles, 14 de enero, cerca de 15 meses después de la riada.

José Miguel Basset accedía al Juzgado de Catarroja sin esquivar a los medios de comunicación, ante los que negaba cualquier disputa o debate con Jorge Suárez, el máximo técnico presente en el Cecopi, con respecto al envío del Es-Alert. Tanto Pradas, Argüeso y el propio Suárez señalaron a la negativa inicial de Basset como motivo para iniciar un debate que demoró en exceso la alerta a la población. De ello ya ha dado cuenta la propia jueza de la dana en sucesivos autos.

«Estaba claro», ha dicho un Basset que el día de la dana ocupaba el cargo de inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y era el jefe operativo de la emergencia. Ahora está jubilado.

Su declaración se ha demorado en el tiempo como si la segunda voz técnica más importante en la gestión de la dana fuera menos relevante que encontrar si alguien escuchó o pudo escuchar una conversación en la que Carlos Mazón diera alguna orden a Pradas aquella tarde.

Según explicaron fuentes judiciales a El Deabte en su momento, la agenda del Juzgado se organiza en función de «la importancia de la testifical para la instrucción». Cuando la Audiencia de Valencia avaló investigar los contactos de Mazón aquella tarde, sin tener que elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, aún quedaban por agendarse dos declaraciones fundamentales: Jorge Suárez y José Miguel Basset.

Ambos han pasado por Catarroja en pleno maremoto judicial con vistas a si la jueza Nuria Ruiz Tobarra tiene ya pruebas y datos suficientes como para suplicar al TSJCV que impute al expresidente valenciano.

Pero la declaración de Basset, que seguramente sea preguntado por si escuchó que alguna orden de Pradas venía indicada o señalada por Mazón, permitirá saber, por ejemplo, por qué los bomberos fueron retirados cuando el Poyo comenzó a descender tras una primera alerta al mediodía. Es decir, que Basset deberá arrojar luz sobre puntos más propios de la gestión de la emergencia y no tanto brillo sobre puntos que pueden tener una vertiente política.

Basset es, tras Suárez y Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el tercer testigo clave, porque sus palabras permitirán conocer cómo se desarrolló a nivel técnico la gestión de la emergencia, sin tener que tomar decisiones por órdenes políticas, sino el punto de vista profesional de un cargo que tuvo una intachable carrera profesional al más alto nivel de emergencias durante 40 años.