La Guardia Civil sitúa a dos altos cargos de Justicia tras el acceso al audio de Aemet filtrado y manipulado del 29-O

Un informe del Equipo de Investigaciones Tecnológicas (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia ha revelado que dos altos cargos de la Conselleria de Justicia e Interior accedieron al audio de la conversación mantenida la mañana del 29 de octubre de 2024 entre una funcionaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del servicio de emergencias 112 Comunidad Valenciana, una grabación que fue filtrada meses después de forma incompleta y manipulada.

El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria (Valencia), que investiga la filtración del audio difundido en febrero de 2025, en el que únicamente se hacía pública una parte de la conversación, concretamente aquella en la que la funcionaria de Aemet aludía a un desplazamiento del temporal hacia la Serranía de Cuenca.

Según detalla el informe, entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre de 2024 accedieron a la grabación dos responsables de la Conselleria de Justicia e Interior que entonces dirigía Salomé Pradas, investigada en la causa de Catarroja. Se trata de Ricardo García García, subsecretario del departamento, y de Alberto Martín Moratilla, que en aquel momento ocupaba el cargo de director general de Emergencias y Extinción de Incendios. Ambos habrían obtenido una copia del audio mediante un dispositivo USB.

Martín Moratilla, citado como testigo por la jueza de Catarroja para el próximo 6 de febrero, cesó la pasada semana en la Generalitat «a petición propia».

La elaboración de este informe responde a una solicitud expresa de la jueza de Llíria, que requirió a la Guardia Civil información detallada sobre el protocolo de conservación de las grabaciones del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), el sistema de acceso a las mismas y la identificación de las personas que accedieron a la grabación entre el 29 de octubre de 2024 y el 12 de febrero de 2025, fecha en la que se publicó el audio manipulado.

En el marco de estas diligencias, agentes de la Guardia Civil se personaron el 13 de octubre de 2025 en el CCE, donde mantuvieron una entrevista con el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, y con personal técnico del 112.

Durante esa comparecencia, los investigadores constataron que la llamada se encontraba almacenada en un sistema antiguo que no registra los accesos realizados, lo que impide conocer con precisión quién accedió a las grabaciones. Además, se indicó que, al tratarse de un acceso interno, no era necesario atravesar el firewall de seguridad, por lo que tampoco quedaban registros de entrada.

Aunque el sistema cuenta con credenciales restringidas a un número limitado de usuarios, la Guardia Civil detectó que cualquier usuario interno con conocimiento de dichas credenciales podría acceder a las grabaciones sin que quedara constancia documental de ello.

Pese a estas limitaciones técnicas, los agentes lograron determinar que sí se produjo un acceso y grabación de la llamada investigada en las fechas mencionadas, y que dicha actuación fue realizada por Ricardo García García y Alberto Martín Moratilla, quienes copiaron el audio en un pendrive.

La causa judicial

La investigación judicial se abrió el pasado año tras la denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Valencia por la filtración del audio, al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, tipificado en el artículo 197, apartados 1 y 3, del Código Penal.

El ministerio público inició diligencias preprocesales a raíz de la denuncia presentada por la presidenta de Aemet, quien alertó de la publicación en febrero de 2025 de la conversación mantenida a las 12.05 horas del 29 de octubre entre una funcionaria predictora del organismo estatal y una técnica del Centro de Gestión de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana.

Según la Fiscalía, dicha conversación tiene carácter reservado, al haberse producido en el marco de la gestión de una emergencia. La Ley 13/2010, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad Valenciana, establece que la información generada en estos casos solo puede utilizarse para la gestión del incidente y, una vez finalizado, únicamente puede facilitarse a requerimiento de la autoridad judicial.

El audio fue publicado el 12 de febrero en un medio digital, en una versión incompleta y manipulada, y posteriormente reproducido por otros medios. La Fiscalía subrayó en su denuncia que las grabaciones de emergencias se conservan en el sistema Coordcom, alojado en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana.