Vox denuncia el aumento de la delincuencia y la inseguridad en Alicante vinculadas a la inmigración ilegal

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante ha denunciado en el pleno municipal las consecuencias que, a su juicio, están teniendo las políticas de inmigración ilegal del Gobierno de España y de la Unión Europea sobre la seguridad ciudadana y la convivencia en la ciudad. La formación vincula el aumento de la delincuencia, la ocupación ilegal de viviendas y la presión sobre los servicios públicos a la falta de control efectivo de las fronteras.

La portavoz de Vox en el Consistorio, Carmen Robledillo Sánchez, ha presentado una Declaración Institucional para la sesión plenaria que tendrá lugar el próximo 29 de enero de 2026 en la que sostiene que el Ayuntamiento, como Administración más cercana al ciudadano, «es el primer nivel institucional que sufre las consecuencias directas de las políticas impulsadas por el Gobierno de España y por las instituciones de la Unión Europea, especialmente en materia de inmigración ilegal, seguridad ciudadana y fiscalidad».

Según el texto, Vox considera que las actuales políticas migratorias han supuesto «la renuncia efectiva al control de fronteras y al cumplimiento de la legalidad vigente», con efectos directos sobre la convivencia y la seguridad en Alicante.

Presión creciente en los barrios

La declaración señala que esta situación está generando «una presión creciente sobre los barrios de nuestra ciudad», con especial incidencia en las zonas más humildes. Vox sostiene que en estos barrios se concentran los problemas derivados de la inmigración ilegal masiva, como la degradación del entorno urbano, los conflictos vecinales y un aumento de la inseguridad.

El grupo municipal afirma que «la falta de una respuesta firme por parte del Gobierno de España ha propiciado un clima de impunidad que perjudica gravemente a los vecinos que cumplen la ley y pagan sus impuestos», una circunstancia que, a su juicio, agrava la sensación de abandono institucional.

La okupación, principal preocupación

Uno de los puntos centrales de la declaración es la okupación ilegal de viviendas, que Vox califica como una de las principales preocupaciones de las familias alicantinas. El texto advierte de que esta problemática genera «inseguridad jurídica, miedo y una clara desprotección de la propiedad privada», y denuncia la falta de herramientas legales suficientes para que los ayuntamientos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúen con eficacia.

Rechazo al Pacto Verde Europeo

Más allá de la inmigración y la seguridad, Vox amplía su crítica al ámbito económico y fiscal. El grupo municipal manifiesta su rechazo al Pacto Verde Europeo y a su aplicación normativa en España, al considerar que está imponiendo «una fiscalidad verde asfixiante» que repercute directamente en el bolsillo de los ciudadanos mediante el encarecimiento de la cesta de la compra, el aumento de impuestos y la subida de los precios de la energía y los carburantes.

El «tasazo» y las ZBE

La formación pone el foco de manera específica en el denominado «tasazo» de la basura, que atribuye a una imposición del Gobierno de Pedro Sánchez derivada de una interpretación de una directiva europea. Según Vox, este incremento impositivo penaliza injustamente a los vecinos y limita la autonomía financiera de los ayuntamientos. También critica la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones, al considerar que están diseñadas sin atender a la realidad social y territorial de ciudades como Alicante y que perjudican a comerciantes, trabajadores y vecinos.

En los acuerdos propuestos al pleno, Vox solicita que el Ayuntamiento de Alicante manifieste su rechazo expreso a las políticas de inmigración ilegal, inste al Gobierno de España a garantizar el control efectivo de las fronteras y reclame la expulsión inmediata de quienes entren o permanezcan ilegalmente en el país. Asimismo, pide medidas urgentes contra la ocupación ilegal, el rechazo al Pacto Verde Europeo, la derogación del «tasazo» de residuos y el respeto a la autonomía municipal.

La declaración concluye reclamando que el Ayuntamiento defienda los intereses de los alicantinos frente a decisiones que, según Vox, están deteriorando la seguridad, la convivencia y la calidad de vida en la ciudad, y solicita que el texto sea trasladado a las distintas administraciones e instituciones competentes.