(Foto de ARCHIVO)
Imagen de archivo de un agente y un coche de la Policía Nacional.

REMITIDA / HANDOUT por SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN VALLADOLID
Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
01/1/1970

Imagen de archivo de un agente y un coche de la Policía NacionalEuropa Press

Liberados doce migrantes explotados en obradores de pan en una operación con cinco detenidos, uno de ellos en Alicante

La red criminal los sometía a jornadas de hasta 17 horas diarias, sin descanso, bajo amenazas y en condiciones extremas de calor e insalubridad

La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo de Palencia, ha desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la explotación laboral de personas migrantes en obradores de pan y pastelería, en una operación que ha permitido liberar a doce víctimas y detener a cinco personas, una de ellas en la provincia de Alicante.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la actuación se ha saldado con cinco registros simultáneos, la clausura judicial de dos obradores situados en las localidades palentinas de Ampudia y Aguilar de Campoo, la intervención de 3.000 euros en efectivo y abundante documentación relevante para la investigación.

La investigación se inició en junio de 2025 tras detectar irregularidades en varios obradores de pan de ambas localidades, lo que llevó a los agentes, junto a Inspección de Trabajo, a constatar la existencia de un entramado que se aprovechaba de la situación de extrema vulnerabilidad de personas extranjeras.

El modus operandi de la organización consistía en obtener certificados de insuficiencia de candidatos emitidos por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, documentos que posteriormente utilizaban para tramitar autorizaciones de residencia y trabajo. Para la gestión de estos trámites se exigían pagos en efectivo que oscilaban entre los 15.000 y 20.000 euros, canalizados a través de intermediarios.

Una vez en España, las víctimas eran sometidas a constantes presiones y amenazas. Los responsables les advertían de que, si no aceptaban las condiciones impuestas, iniciarían los trámites para la revocación de sus permisos de residencia y trabajo, con el consiguiente riesgo de perder su situación administrativa y ser deportados a sus países de origen.

Además, los trabajadores eran aleccionados para no abrir la puerta a la Policía o para mentir durante las inspecciones laborales. La investigación ha revelado que las víctimas se encontraban sometidas a vigilancia permanente mediante sistemas de videograbación, lo que generaba un clima continuo de miedo y coacción.

Condiciones de vida «absolutamente inhumanas»

Las personas explotadas trabajaban en condiciones calificadas por la Policía como «absolutamente inhumanas», en obradores donde las temperaturas superaban los 40 grados. El empresario les prohibía abrir puertas y ventanas, agravando aún más el calor hasta el punto de que algunos trabajadores llegaban a desnudarse para poder soportarlo.

Las jornadas laborales se extendían entre 10 y 17 horas diarias, todos los días de la semana, sin descanso, sin vacaciones y sin percibir compensación económica alguna. Los centros de trabajo presentaban graves deficiencias higiénico-sanitarias, con presencia de insectos y roedores, lo que evidenciaba la ausencia total de medidas de salubridad.

Parte de las víctimas residía en viviendas propiedad del empresario o colindantes a los obradores. En estos inmuebles, las facturas de suministros eran abonadas por el legítimo propietario, quien, según la investigación, también era sometido a coacciones por parte de los miembros de la organización criminal.

La operación ha concluido con la detención de cinco personas —cuatro en la provincia de Palencia y una en Alicante—, entre ellas los dos principales responsables de la red. No se descartan nuevas detenciones a medida que avance el análisis del material intervenido.

La Policía Nacional ha recordado que dispone del teléfono 900 105 090 y del correo electrónico trata@policia.es para la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos, precisando que las llamadas no quedan reflejadas en la factura telefónica.

comentarios
tracking

Compartir

Herramientas