Izquierda Unida mueve ficha en Alicante y sondea una moción de censura contra el PP mientras Vox guarda silencio

El grupo municipal EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado que en los próximos días iniciará una ronda de contactos con el resto de la oposición -PSPV, Compromís y Vox- para explorar la presentación de una moción de censura contra el alcalde, Luis Barcala (PP). El movimiento se produce tras la crisis política abierta por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan, unos hechos que el propio Barcala llegó a calificar públicamente de «escándalo».

En un comunicado, la coalición de izquierdas sostiene que la decisión se adopta después del pleno extraordinario y monográfico celebrado este jueves sobre las VPP, en el que, según EU-Podem, «todos los grupos de la oposición expresaron de manera explícita su falta de confianza» en el alcalde y solicitaron su dimisión.

El portavoz de EU-Podem, Manolo Copé, considera que «la alcaldía de Luis Barcala ha perdido toda credibilidad y arrastra a esta ciudad a una parálisis institucional insostenible». A su juicio, la situación no se explica solo por el bloqueo político, sino también por «los graves casos de corrupción en materia de vivienda pública que salpican a su gobierno». «Alicante no se merece esto», ha afirmado.

Copé defiende que la ronda de contactos no responde a un cálculo táctico. «Ante este bloqueo y esta pérdida de confianza mayoritaria, no podemos mirar para otro lado. Tenemos la obligación democrática de buscar una salida», ha señalado, al tiempo que ha insistido en que la iniciativa pretende «devolver la normalidad y el gobierno a Alicante», más allá de «quién ocupa el sillón».

Reacciones dispares en la oposición

Tras el anuncio de EU-Podem, los distintos grupos de la oposición han comenzado a fijar posición. Desde el PSOE, su portavoz municipal, Ana Barceló, ha subrayado que su formación no contempla «ningún otro escenario que no pase por la dimisión de Barcala», cuya gestión, afirma, «sigue bajo sospecha».

Barceló ha reprochado al alcalde que no haya aclarado si existen más concejales o familiares beneficiados por viviendas públicas ni haya facilitado los informes internos relacionados con la promoción. «La Fiscalía hará su trabajo, pero lo que estamos exigiendo son responsabilidades políticas», ha remarcado, calificando a Barcala como «un alcalde completamente desacreditado».

En una línea similar se ha pronunciado Compromís. Su portavoz en el consistorio, Rafa Mas, ha instado a la oposición de izquierdas a «planificar los siguientes pasos» ante un alcalde que considera «desacreditado y acorralado». Desde la coalición nacionalista reclaman una reunión para valorar el nuevo escenario político tras la petición mayoritaria de dimisión en el pleno.

No obstante, Compromís dirige parte de sus críticas a Vox, al que acusa de haber sido «cómplice y corresponsable del gobierno del PP». Según la coalición, el partido de Abascal ha pasado en pocos días de aprobar presupuestos y escenificar sintonía con el PP a pedir la dimisión del primer edil.

Vox, la clave que no habla

En este contexto, la posición de Vox se convierte en el principal factor de incertidumbre. A preguntas de El Debate sobre la propuesta de EU-Podem, el grupo municipal que encabeza Carmen Robledillo ha evitado pronunciarse por el momento. Según han señalado, prefieren no fijar postura ahora, un silencio que, en la práctica, frena cualquier avance inmediato de la moción.

La aritmética municipal hace que el apoyo de Vox sea imprescindible para que la iniciativa prospere, algo que, a día de hoy, se considera poco probable. De salir adelante, la moción arrebataría la Alcaldía al PP para entregarla a la izquierda, un escenario políticamente delicado y aún lejano, aunque sí podrían exigir 'la cabeza de Barcala' para continuar negociando medidas con los 'populares', dando estabilidad a la legislatura.

Dimisiones y consecuencias

La crisis política tiene su origen en la adjudicación de VPP en Les Naus, entre cuyos beneficiarios figuran la hasta hace unos días concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, familiares de la exdirectora general María Pérez-Hickman y un arquitecto municipal. Como consecuencia, han dimitido Gómez, Pérez-Hickman y el jefe de Gabinete de la Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez, quien negó vínculos con la promoción pese a que la madre de sus dos hijas figura como adjudicataria.

Además, la Generalitat ha suspendido de empleo y sueldo a un funcionario implicado en el visado de la promoción, al ser marido de una solicitante adjudicataria y funcionaria del Ayuntamiento, por presuntamente omitir datos relevantes sobre su unidad de convivencia.

En el pleno, Barcala anunció la apertura de expedientes informativos a dos técnicos de Urbanismo beneficiarios de viviendas y aseguró que el Ayuntamiento ejercerá acciones legales para que quienes hayan adquirido de forma ilegítima viviendas en Les Naus las pierdan.

Mientras tanto, la moción de censura queda en fase de tanteo. Con Vox en silencio y el escenario político en plena tensión, el futuro del Gobierno municipal de Alicante sigue abierto.