El alcalde de Elche asegura que impedirá el acceso de políticos, asesores y altos cargos a vivienda pública

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha asegurado que el Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, impedirá el acceso a vivienda pública a «aquellos que ya disponen» de un inmueble y a «quienes no cumplen los requisitos legales, quienes incumplen la ley o intenten hacerlo mediante fraude o información falsa, además de concejales de la corporación, asesores y altos cargos».

Así lo ha manifestado este martes en una rueda de prensa, en un contexto marcado por la polémica surgida en la ciudad de Alicante por las adjudicaciones de viviendas de protección pública en la promoción Les Naus, construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan, y ante unos hechos que el primer edil alicantino, Luis Barcala, ha llegado a calificar de «escándalo».

El debate ha surgido tras conocerse que la hasta hace unos días concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, y que familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, están entre los adjudicatarios de VPP. Además, Miguel Ángel Sánchez ha renunciado al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.

Ante este escenario, el alcalde ilicitano ha explicado que una parte de las viviendas será gestionada directamente por la empresa municipal Pimesa en régimen de alquiler y la otra por la compañía adjudicataria, «siempre bajo control público».

En el caso de la empresa adjudicataria, «esta no decidirá sola y todas las personas que quieran acceder a una vivienda deberán ser comunicadas a Pimesa, que será quien revise, verifique y valide el cumplimiento de los requisitos».

Asimismo, la empresa municipal ha elaborado un documento específico sobre ausencia de incompatibilidades, «que deberá ser firmado obligatoriamente por todas las personas que quieran acceder a una vivienda pública», según ha detallado el consistorio en un comunicado.

«Con ese documento se garantiza que no exista conflicto de intereses ni situaciones irregulares en el acceso a la vivienda», ha señalado Ruz, quien ha indicado que se va a habilitar un canal de denuncias, «para que cualquier persona pueda comunicar de forma segura y confidencial posibles irregularidades en el proceso».

A juicio del alcalde, «estas medidas no endurecen el acceso», sino que protegen «a quienes realmente necesitan una vivienda», y cree que el gobierno local «pone reglas, vigila y actúa y quienes no cumplan con la normativa su acceso a estas viviendas va a ser imposible».

Este martes, Ruz ha anunciado que el próximo jueves el consejo de administración de Pimesa llevará a cabo la adjudicación provisional del lote 1 y 2 del programa Casa Fácil, que «supone el pistoletazo de salida a la construcción de 240 viviendas de protección pública en Elche con el objetivo de paliar el déficit de vivienda existente».

Así, ha asegurado que, «para que no haya ningún tipo de dudas», el gobierno municipal «ha introducido cláusulas claras, mecanismos de control y garantías adicionales desde el inicio del proceso» con el fin de que «no accedan a la vivienda pública personas a las que no les corresponde». «Casa Fácil es vivienda pública con garantías, pensada para las personas, no para los abusos ni los privilegios», ha sentenciado.