El exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, a su salida de la prisión de Martutene, en San Sebastiá
La Fundación Manuel Broseta condena la salida de la cárcel de 'Txeroki'
El colectivo denuncia que el exjefe de ETA «no ha mostrado arrepentimiento, no ha pedido perdón, no ha reparado el daño causado y no ha colaborado en el esclarecimiento de los muchos atentados»
La controversia surgida a raíz de la concesión de beneficios penitenciarios a Garikoitz Aspiazu, alias 'Txeroqui', uno de los jefes de la banda terrorista ETA, sigue generando reacciones. Una de las últimas es la expresada por la Fundación Profesor Manuel Broseta, que ha lamentado y condenado la medida: «No ha mostrado arrepentimiento, no ha pedido perdón, no ha reparado el daño causado y no ha colaborado en el esclarecimiento de los muchos atentados cuya autoría no ha podido ser determinada», denuncia el colectivo en un comunicado.
Así se ha pronunciado la Fundación ante la concesión de un régimen de semilibertad a Garikoitz Aspiazu, condenado a más de 400 años de prisión por graves delitos de terrorismo y por su pertenencia a ETA. La Fundación en memoria del jurista, senador y profesor universitario Manuel Broseta, asesinado en Valencia por ETA en 1992, ha recordado que la legislación penitenciaria española establece que cualquier progresión de grado o acceso a regímenes de semilibertad debe ajustarse estrictamente a los principios de legalidad, individualización y reinserción social, conforme al artículo 25.2 de la Constitución Española.
En el ámbito de los delitos de terrorismo, el ordenamiento jurídico ha previsto requisitos reforzados, entre ellos la desvinculación expresa de la organización terrorista, la colaboración efectiva con las autoridades en el esclarecimiento de crímenes cuya autoría se desconoce y la manifestación inequívoca de arrepentimiento y reparación, en los términos establecidos por la ley y la jurisprudencia.
Según la Fundación, la concesión de beneficios penitenciarios en ausencia de esos elementos «compromete la coherencia del sistema penal y puede generar una grave desafección en las víctimas y en la sociedad, que han confiado siempre en la firmeza del Estado democrático frente a quienes atentaron contra la vida y la libertad». «El respeto a la dignidad de las víctimas del terrorismo exige que cualquier decisión penitenciaria sea plenamente transparente, jurídicamente fundada y estrictamente ajustada a los requisitos legales», afirma en el comunicado.
La Fundación reitera su compromiso con la memoria de las víctimas, con la defensa del Estado de Derecho y con la aplicación rigurosa de la ley, «sin excepciones ni interpretaciones que puedan debilitar los principios que han permitido derrotar al terrorismo dentro del marco constitucional».
