Salomé Pradas pide al CGPJ que resuelva ya su queja contra la jueza de la dana

La defensa de la exconsellera Salomé Pradas ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que dé un impulso a la resolución de las quejas pendientes que presentó en su día contra la instrucción de la causa de la dana de Valencia que realiza la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, a la que acusa de falta de imparcialidad.

En un escrito con fecha de este lunes al CGPJ, al que ha tenido acceso EFE, solicita a este órgano que adopte las medidas necesarias para garantizar que la instrucción del procedimiento «se ajuste a los principios de imparcialidad, celeridad y justicia que deben regir todo Estado de Derecho».

El 14 de mayo de 2025 el abogado de Pradas presentó una queja a la que aún no se ha dado respuesta y, a su entender, desde entonces se han producido nuevos hechos que afectan «gravemente» al derecho de defensa de la exconsellera, una de las dos investigadas en la causa penal de la dana que se sigue en el Juzgado de Catarroja por las 230 víctimas mortales de las inundaciones.

En esa queja denunciaba que el derecho de defensa de Pradas «está siendo gravemente afectado por la forma en la que se está practicando la instrucción de la causa por la magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja», Nuria Ruiz Tobarra.

Según argumenta en el último escrito remitido al CGPJ, la queja se centra en «la vulneración del derecho de defensa y la falta de imparcialidad objetiva de la Magistrada Instructora, a quien se acusa de conducir la instrucción bajo prejuicios y criterios apriorísticos» y se denuncia «la adopción de una 'tesis de culpabilidad prematura'» .

Afirma además que «mientras se practican diligencias que arrojan luz sobre la inocencia o la atenuación de responsabilidad de mi mandante, la instructora mantiene sus criterios iniciales sin el menor rubor, como si las diligencias de prueba que se van practicando, no existieran».

Critica el escrito que la titular del juzgado «sigue insistiendo una y otra vez, en que la única causa de lo sucedido el pasado 29 de octubre de 2024 fue la patente desidia o inactividad de los investigados y el retraso en enviar los Es-Alert, obviando la concurrencia de otras muchas causas».

El 21 de agosto el CGPJ abrió diligencias informativas a la jueza de Catarroja, tras las quejas presentadas por Pradas, a las que después se sumó el otro investigado, Emilio Argüeso, un procedimiento habitual siempre que se recibe una queja contra un juez.

En el escrito de este lunes, la defensa de Pradas señala el «excesivo tiempo transcurrido» desde la queja inicial y sus dos posteriores ampliaciones y alega que la prolongación «artificial» de la fase de instrucción, en la que «se suceden continuamente las testificales de todo aquel que haya tenido el más mínimo contacto con los hechos», está acarreando «perjuicios devastadores» para Pradas.

Y recuerda el auto del pasado 6 de febrero que fue «para responder» a la intervención del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión de investigación del Congreso, en «una utilización espúrea» del procedimiento, «con valoraciones políticas» y «valoraciones impropias de una instructora».

Sostiene que el CGPJ no puede ser ajeno a una situación donde el transcurso del tiempo, «lejos de servir para el esclarecimiento de los hechos, se está utilizando para consolidar una situación de injusticia material».

También hace referencia al esposo de la jueza para decir que, de confirmarse la presencia o intervención en la sala, durante la ratificación de las denuncias, «se habría vulnerado el derecho de las partes al juez ordinario predeterminado por la ley, y se habría incurrido en una flagrante infracción del deber de secreto».