Protesta de los vecinos afectados por la Ley de Costas del Gobierno
Las viviendas tradicionales de la costa valenciana quedan desprotegidas y a expensas de los derribos que prevé el Gobierno
El Constitucional suspende a instancias del Ejecutivo de Pedro Sánchez las medidas de la Generalitat para salvaguardar las casas afectadas por los deslindes
Las casas miran al mar como lo han hecho durante décadas. En algunos casos, casi un siglo. Fachadas sencillas, arena acumulada en los bajos y puertas que se abren cada mañana con la rutina de quien nunca pensó que tendría que marcharse. Hoy, ese horizonte cambia: el Tribunal Constitucional ha suspendido parte de la ley valenciana que trataba de proteger estas viviendas, y con ello vuelve la amenaza de los derribos.
El alto tribunal ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra varios artículos clave de la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana, una de las normas más emblemáticas de la actual legislatura autonómica, aprobada por Partido Popular y Vox en las Cortes Valencianas con el objetivo de blindar los núcleos tradicionales del litoral.
La decisión afecta al artículo 17, a la disposición final primera -en lo relativo a edificaciones residenciales, comerciales o vinculadas a actividades económicas tradicionales- y a la disposición adicional cuarta. Todos ellos eran pilares de la protección diseñada por la Generalitat para dar cobertura legal a viviendas situadas en zonas afectadas por los deslindes.
La suspensión ha sido automática tras la invocación del artículo 161.2 de la Constitución por parte del Ejecutivo. Está en vigor desde el 26 de febrero para las partes implicadas y se extenderá al conjunto de afectados tras su publicación oficial. Mientras tanto, el fondo del asunto sigue pendiente de resolución.
Casas con historia, familias en vilo
En lugares como Guardamar del Segura, en Alicante, el conflicto no se mide en artículos legales sino en vidas cotidianas. Allí, las viviendas de la playa de Babilonia se han convertido en símbolo de una batalla que mezcla derecho, territorio y memoria.
Son casas que rozan los cien años de antigüedad. No responden a promociones modernas ni a operaciones especulativas. Nacieron, según recuerdan los vecinos, con el impulso de la propia Administración y con una función concreta: proteger el entorno de las dunas y servir de barrera frente al avance de la arena.
Imagen de las viviendas de la playa de la Babilonia desde el mar
Hoy, sus propietarios sienten que todo ese pasado pesa menos que una línea trazada en un plano.
«Las demoliciones y expulsar a familias de sus casas no puede ser la respuesta al abandono administrativo del patrimonio litoral», denuncia la Asociación de Vecinos de Guardamar Playa. La frase resume el clima que se vive en la zona: una mezcla de indignación y cansancio acumulado.
Un pulso legal con consecuencias reales
El Gobierno sostiene que los preceptos recurridos pueden vulnerar la normativa estatal y la Constitución, en particular en lo relativo al dominio público marítimo-terrestre y a las competencias exclusivas del Estado. También apunta a posibles conflictos con principios como la separación de poderes o la seguridad jurídica.
Pero sobre el terreno, la discusión adquiere otra forma. Los vecinos insisten en que el problema no es solo jurídico, sino también ambiental y de gestión. Hablan de décadas sin soluciones estructurales, de playas que retroceden por la falta de aportes del río Segura y de intervenciones que han acelerado la erosión.
«Urgimos al diálogo de la Administración del Estado con las familias del litoral que se ven afectadas por esta decisión», reclaman. Aseguran haber pedido reuniones con responsables del Ministerio sin obtener respuesta.
El bloqueo que desespera
La frustración crece al mirar hacia el Congreso. Allí permanece paralizada desde hace dos años una reforma de la Ley de Costas que, según los afectados, podría dar una salida legal a situaciones como la suya.
Vecinos de la Babilonia en una de las viviendas que el Gobierno quiere derribar
«La reforma de la ley de costas estatal, con el objeto de la salvaguarda de estos núcleos históricos, es sistemáticamente bloqueada en el Congreso», denuncian desde la asociación.
Esa parálisis contrasta con la rapidez de los procedimientos administrativos y judiciales. Mientras el debate político no avanza, los expedientes de demolición siguen su curso.
Para muchos vecinos, esa diferencia de ritmos es difícil de aceptar. «Es impropio de un Estado moderno y democrático impedir esta participación pública y que el empeño se dirija a expulsar familias de sus centenarias casas y no a la protección de las playas y medio ambiente», sostienen.
Un futuro en suspenso
La admisión a trámite del recurso no anticipa el fallo del Tribunal Constitucional, pero sí marca un punto de inflexión. La ley autonómica que pretendía proteger estas viviendas queda, por ahora, parcialmente desactivada.
Eso deja a miles de personas pendientes de una decisión que no llegará de inmediato. Entre tanto, el conflicto sigue abierto: en los tribunales, en las instituciones y, sobre todo, en la primera línea de costa.
