Vox impulsa el blindaje de las cruces de los caídos frente al boicot del Gobierno a la Ley de Concordia

El partido político Vox ha presentado en las Cortes Valencianas una iniciativa con la que intentar sortear el recurso del Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional contra le Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana. El partido quiere «evitar la destrucción, retirada o eliminación de edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en aplicación de la norma valenciana, con el fin de preservar intacto el patrimonio histórico nacional».

Uno de los elementos que Vox propone para esta especial protección son las cruces de los caídos. Ubicadas en plazas y junto a las iglesias, su presencia está prohibida por la Ley de Memoria Histórica, por lo que con esta propuesta del partido de Santiago Abascal se pondrían mantener.

El plan de Vox pasa porque estos símbolos sean declarados como de interés cultural, lo que elevaría su protección ante cualquier posible retirada o demolición. Así, se librarían de desaparecer la cruz de los caídos de Alicante o la cruz del parque Ribalta de Castellón, entre otros muchos símbolos nacionales.

De esta forma se conseguiría sortear la suspensión del Tribunal Constitucional, para lo que la formación de derechas ha defendido que la modificación de la norma a través de la ley de Acompañamiento respeto a la reubicación y resignificación de los símbolos afectados, que «no ha sido suspendida».

La Ley de la Concordia es un texto normativo emanado del parlamento valenciano en el que se equiparaba a las víctimas, sin distinción entre República, franquismo y de ETA. La izquierda, tanto regional como nacional, montaron en cólera al ser una legislación que busca desmontar el uso partidista de la historia manteniendo una eterna y constante división entre 'buenos o malos', dependiendo del bando por el que se batalló en la Guerra Civil o por los ideales políticos de la época.

Es por ello que el Gobierno de España presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para que frenara en seco esta ley valenciana pactada entre PP y Vox. El órgano judicial admitió la petición y el texto normativo vigente es la Ley de Memoria Histórica, dejando sin efecto el texto regional.

Ello implica, por ejemplo, que del callejero de la Comunidad Valenciana debe desaparecer cualquier vestigio con finalidad política de entre 1936 y 1975, incluyendo una tergiversación y una resignificación de un símbolo religioso como es la cruz.

Ubicadas para mantener la memoria de los creyentes caídos durante la Guerra Civil, con la Ley de la Memoría Histórica se han convertido en blanco fácil de la izquierda, negando cualquier homenaje a los españoles asesinados por su religión.

Al respecto, el portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha estimado que «las cruces son un símbolo religioso e histórico, por lo que no tiene nada que ver con regímenes políticos».

Por parte del PP, su portavoz Nando Pastor ha desvelado que votarán a favor de la iniciativa de Vox, señalando que la Ley de Concordia es «poner en valor y en el mismo escalón a todas las víctimas»: las de la República, las del franquismo y las de ETA, porque todas merecen la misma «calificación y respeto».