Imagen de archivo del alcalde de Elche, Pablo Ruz

Imagen de archivo del alcalde de Elche, Pablo RuzEuropa Press

El alcalde de Elche denuncia que el Gobierno «atribuye» gestiones de la regularización de inmigrantes «sin planificación»

Pablo Ruz también critica que la medida de Sánchez carece de una «dotación de recursos suficientes»

La regularización masiva de inmigrantes puesta en marcha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sumando críticas. Si este martes a primera hora fue la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, la que ha calificado la medida como una «chapuza», poco después ha sido su homólogo en la localidad alicantina de Elche, Pablo Ruz, el que ha hecho lo propio.

Así, el primer edil ha denunciado que el «Estado ha atribuido a los ayuntamientos esta gestión sin una planificación previa ni dotación de recursos suficientes». Además, ha aseverado que el Consistorio que lidera «está asumiendo la tramitación de este procedimiento con un volumen muy elevado de solicitudes en muy poco tiempo», señalan fuentes municipales en un comunicado.

Por su parte, el equipo de gobierno que conforman el Partido Popular y Vox ha afirmado que, «para mejorar la atención y reducir la presión asistencial» en las Oficinas Municipales de Atención Ciudadana (OMAC), el Ayuntamiento de Elche «ha habilitado un nuevo trámite específico».

En concreto, se trata de la «solicitud de certificado de vulnerabilidad para regularización de personas extranjeras», disponible tanto en la sede electrónica como de forma presencial. «Este documento es necesario para aquellas personas que deben acreditar su situación de vulnerabilidad dentro del proceso», recalca la Administración local. Según el Ayuntamiento de Elche, «una vez presentada la solicitud, esta se remite a la Oficina de Atención a Personas Migradas (PANGEA), que contacta con los solicitantes para realizar una entrevista personal previa a la emisión del certificado».

«El procedimiento está dirigido a personas solicitantes de protección internacional anteriores al 1 de enero de 2026 y a personas en situación administrativa irregular que acrediten su estancia en España antes de esa fecha. En este último caso, deben cumplir alguno de los siguientes requisitos: haber trabajado en España, contar con unidad familiar con hijos menores o acreditar una situación de vulnerabilidad», ha añadido.

Los empadronamientos, un 40 % más

El Ayuntamiento también ha apuntado que continúa «reorganizando» sus recursos municipales «para hacer frente al incremento de solicitudes derivado del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras, tras su aprobación por parte del Gobierno de España».

Desde la puesta en marcha de este proceso, «la demanda en los servicios municipales se ha incrementado de forma notable». Así, el consistorio ha indicado que, «en los primeros 15 días de abril, las solicitudes de certificados de empadronamiento han crecido un 40 %», hasta alcanzar las 2.464 peticiones, y ha precisado que, «en una sola jornada», las OMAC «han llegado a atender a 1.800 personas».

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