Imagen de la adolescente protagonista de la historia
La reivindicación de una madre coraje que lucha por la vida de su hija: «Ella sólo piensa en quitarse del medio»
Una madre de Requena denuncia las trabas, los costes y la falta de recursos públicos mientras su hija permanece ingresada en Barcelona por anorexia y riesgo suicida tras sufrir bullying
«Mi hija todos los días se autolesiona. Su fin es que se quiere morir, solo piensa en quitarse del medio». Esta frase resume años de angustia, noches sin dormir y un peregrinaje sanitario que una madre jamás imaginó recorrer. Cuando lo descubrieron, la menor llevaba año y medio sufriendo acoso en silencio. «La insultaban, le llamaban gorda. Solo en cuatro meses perdió 30 kilos». El desenlace fue un ingreso urgente en un centro especializado en trastornos de la conducta alimentaria en Barcelona, a más de 450 kilómetros de su casa en Requena, Valencia.
La menor, de entonces 15 años, llegó en infrapeso al centro. Once meses después, apenas ha recuperado un 12 % y sigue vigilada las 24 horas porque el riesgo persiste. Esta es la historia es la de una madre valenciana que pide auxilio para salvar a su hija y que, en el camino, ha descubierto un laberinto de trámites, derivaciones y carencias públicas. Pide más implicación de las administraciones, más recursos sanitarios y más información para las familias que, como la suya, se enfrentan a un problema que no eligieron y que les ha cambiado la vida.
Los datos ayudan a entender que su caso no es una excepción. En España, informes recientes sitúan entre el 6 % y el 12 % el alumnado que reconoce sufrir acoso escolar o ciberacoso. La Fundación ANAR atendió en 2025 más de 6.500 casos de ideación suicida en menores y más de 1.400 intentos. En la Comunidad Valenciana, estudios como PISA reflejan que alrededor del 6 % de adolescentes de 15 años declara haber sufrido acoso. Las consultas por ansiedad, trastornos alimentarios y conductas autolesivas en jóvenes no han dejado de crecer.
La madre de adolescente relata que, en casa, nunca la dejaban sola: «Tenía que entrar en el cuarto de baño con la puerta abierta. Como no la dejábamos vomitar, al final dejó de comer. Cuando estaba en el centro de día, por las noches yo no dormía, estaba de guardia, y luego al día siguiente a trabajar».
El Departamento de Salud recomendó el cambio de régimen y la hospitalización de la menor por persistencia de conductas de riesgo y falta de respuesta al abordaje ambulatorio. «Le paralizaron la pérdida de peso, pero el avance es lento y sigue autolesionándose con sus propias manos», explica. En el centro, dividido por plantas según el riesgo y la evolución, la vigilancia es constante, con cámaras y sin acceso a objetos peligrosos. Aun así, la madre subraya que llegar hasta ahí no es lo habitual.
«En la mayoría de ocasiones los padres se encuentran mil trabas para que los deriven a un centro especializado. La falta de profesionales y medios públicos es uno de los grandes problemas», asevera la madre afectada.
18.000 euros de gastos en un solo año
A la carga emocional se suma la económica. Hoteles, comidas, gasolina, peajes, tratamientos que no cubre la clínica, analíticas, atención dermatológica y dental por las secuelas físicas: «Cada fin de semana hacemos más de 1.000 kilómetros para verla. Gastos constantes fuera de nuestras posibilidades. Se nos han ido 18.000 euros en tan solo un año».
La residencia está subvencionada, pero todo lo demás corre a cargo de la familia. «Si por lo que sea la seguridad social ahora no me lo pagase, mi hija tendría que volverse a casa. Es imposible de pagar, cada mes son 5.000 euros y cada día que entrase en la UCI son 1.300», explica.
La madre también ha tenido que dejar su trabajo. «Esto no solo afecta a ella. Tenemos más hijas y sus vidas también han cambiado. Les ha afectado a sus estudios y a su salud. Todo gira alrededor de su hermana mayor. Ya no tenemos la vida que teníamos antes», relata.
A la distancia se suma la sensación de desinformación: «Al cambiar de comunidad autónoma, hay muchas cosas que no te entran. Estoy tramitando un SIP provisional sin empadronarla en Barcelona, pero de todo esto te enteras un año después, porque ni las trabajadoras sociales lo saben. Llevo para pedir una ayuda de transporte por distancia para sufragar gastos de gasoil y comida meses, y a día de hoy, no he podido ni tramitarla ni sé lo que pagan».
Estamos abandonados por las administraciones públicas
Las alternativas que encontró al principio fueron insuficientes. Estancias cortas en unidades psiquiátricas con pacientes adultos y centros de día que no podían contener el riesgo. Y es que la unidad de trastornos alimentarios del Hospital Universitari i Politècnic La Fe, el centro hospitalario que le correspondería por cercanía a su hogar, dispone de solo 11 camas y una lista de espera que, según la madre, supera los dos años.
Caso Isabel Martínez
La rapidez con la que finalmente fue derivada desde la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil de Requena hasta el hospital de día en Valencia y, después, al centro de referencia en Barcelona pudo estar condicionada por un precedente trágico. El de Isabel Martínez, la adolescente de 16 años fallecida en 2022 tras haber pedido ayuda días antes en psiquiatría. Su caso, denunciado por la familia, evidenció fallos graves en la evaluación del riesgo suicida y marcó a toda la comarca.
El padre de Isabel impulsó entonces una iniciativa en Change.org para reclamar mejoras en la atención a la salud mental infantojuvenil, un movimiento al que ahora se suma esta madre desde Requena.
«No estamos pidiendo dinero, pedimos firmas, que la gente se conciencie con el tema. Esto afecta a gran parte de la población y estamos abandonados de las administraciones públicas». Su petición es clara: más hospitales y recursos especializados, ayudas reales para las familias desplazadas y una red que no dependa del código postal.