Un vídeo destapa los pisos insalubres que un magrebí 'vende' en Alicante a okupas con contratos falsos

La okupación de viviendas ha dejado de ser, en muchos casos, un fenómeno derivado exclusivamente de la exclusión social para convertirse en una modalidad delictiva estructurada, fría y altamente lucrativa. En Alicante, esta problemática se ha consolidado como una de las mayores inquietudes para la seguridad ciudadana y el derecho a la propiedad privada. La tormenta perfecta -formada por el precio de los alquileres en máximos históricos, la escasez de oferta habitacional y un marco legislativo que los propietarios tildan de garantista con el infractor- ha convertido a barrios enteros en el escenario de un mercado inmobiliario paralelo y clandestino.

A pesar de que el Ayuntamiento de Alicante puso en marcha en 2024 una oficina específica para asesorar a los afectados y coordinar acciones con la Policía, la realidad a pie de calle revela que las redes de «logística de la okupación» operan con una impunidad y sofisticación que desbordan los mecanismos institucionales, extendiéndose por cada vez más distritos de la capital alicantina.

El epicentro de esta actividad se localiza en la Zona Norte de la ciudad, donde la tensión vecinal ha ido en aumento tras la difusión de nuevas evidencias sobre el funcionamiento de estas mafias. Un reciente vídeo, al que ha tenido acceso El Debate en exclusiva, revela que este negocio opera como un auténtico «catálogo» para potenciales clientes y deja escaso margen a la imaginación sobre el estado en que se encuentran algunos de estos inmuebles.

Las imágenes, grabadas bajo una luz lúgubre, recorren un piso marcado por el abandono absoluto y la insalubridad. Grandes manchas de humedad cubren las paredes, los muebles básicos están en un estado de deterioro avanzado y la suciedad se acumula en cada rincón, creando una atmósfera irrespirable.

Lejos de ser un hogar listo para habitar, las estancias se han convertido en depósitos de electrodomésticos viejos y pilas de escombros. En la cocina, el mobiliario está reventado, con puertas rotas y encimeras dañadas, completando un cuadro de desolación.

Este inmueble, a pesar de sus condiciones deplorables, no está en el mercado convencional. Según fuentes consultadas por este periódico, se «vende» por una tarifa cerrada de 800 euros. No se trata de una transacción de propiedad ni de un depósito legal, sino del pago por el asalto y la entrega de llaves.

Lo más alarmante de esta oferta, sin embargo, no es el precio, sino el «seguro de permanencia» que incluye: el facilitador entrega a los nuevos moradores un contrato de alquiler falso. Este documento fraudulento tiene un objetivo puramente táctico: si la Policía acude tras la denuncia de un vecino, los ocupantes lo exhiben para alegar que han sido víctimas de una estafa y que poseen un título legítimo, forzando así un proceso judicial civil que puede durar años y evitando el desalojo inmediato.

Vigilancia y profesionalización del delito

Detrás de esta operativa se encuentra una figura bien conocida por los residentes de la zona. Se trata de un hombre de origen magrebí que, tal y como publicó este periódico, ha hecho de la okupación su medio de vida tras haber pasado seis años en prisión. Lejos de ser un amateur, este individuo es descrito como «el mejor» en su especialidad. Su modus operandi es metódico y calculador: no improvisa. Antes de actuar, somete a bloques enteros a una vigilancia exhaustiva durante semanas. Busca el perfil de vivienda «segura» para ser asaltada: pisos de personas recientemente fallecidas, segundas residencias de propietarios que viven fuera de Alicante o inmuebles que quedan vacíos temporalmente por mudanzas.

Una vez seleccionado el objetivo, la ejecución es técnica y discreta. El asaltante suele acceder a través de balcones o ventanas, utilizando guantes de manera sistemática para no dejar rastro biológico ni huellas dactilares que permitan su identificación forense. Según las mismas fuentes, sus tarifas estaban hasta hace poco estandarizadas: 400 euros por la apertura del piso y 1.500 euros si el servicio incluía la localización y entrega llave en mano a terceros. La actual oferta detectada de 800 euros por el piso del vídeo, sumada al contrato falso, confirma que el negocio se adapta a la demanda, profesionalizando cada vez más el «blindaje» jurídico del okupa, a costa del estado de la vivienda.

Zonas en alerta y degradación del barrio

La Zona Norte de Alicante, marcada por una alta densidad de población extranjera y un historial complejo de convivencia, concentra el mayor volumen de denuncias. La sensación entre los residentes es de una alerta permanente y un desgaste psicológico profundo. Muchos vecinos reconocen que viven pendientes de las persianas de sus familiares o de cualquier ruido extraño en el rellano.

La okupación profesionalizada trae consigo una degradación inmediata del entorno: enganches ilegales a la red eléctrica que suponen un riesgo de incendio para todo el bloque, ruidos constantes y, en ocasiones, el uso de estas viviendas como puntos de venta de droga. Esta imagen de un apartamento ruinoso, sucio y lleno de escombros no es una anécdota aislada, sino un fiel reflejo de la degradación que amenaza a estos barrios.

«No es solo que alguien necesite un techo; es que hay gente que vive a cuerpo de rey vendiendo las casas de otros», explica uno de los testimonios recogidos por este medio. Para los propietarios, la realidad es de una indefensión total. Comprobar cómo un delincuente profesional utiliza guantes para no dejar huellas y fabrica contratos falsos para burlar a la ley genera una profunda desconfianza en el sistema. En muchos casos, los afectados se ven obligados a recurrir a empresas de desokupación privadas, asumiendo un coste extra ante la lentitud de los procesos judiciales ordinarios que parecen, a ojos del ciudadano, legislar en favor del allanador.

El 'contrato trampa' y el laberinto legal

La eficacia de este intermediario magrebí reside en su conocimiento de los tiempos legales. Al facilitar un contrato de alquiler falso, traslada la carga de la prueba al propietario y a la Policía. En el momento en que existe un documento, aunque sea fraudulento, los agentes se ven a menudo atados de pies y manos para proceder a un desalojo exprés, ya que la entrada en el domicilio requiere entonces de una orden judicial que puede tardar meses. Esta impunidad alimenta el motor del negocio: mientras haya un «escudo legal» que garantice la estancia, habrá clientes dispuestos a pagar esos 800 euros por llave, sin importar el estado de suciedad o los muebles rotos.

A pesar de los esfuerzos del Ayuntamiento con la oficina antiokupación, la percepción en los barrios más afectados es que las medidas son insuficientes ante organizaciones que han profesionalizado el delito. La falta de vivienda asequible es el caldo de cultivo, pero la acción de estos individuos convierte una carencia social en un mercado negro organizado.

La realidad de Alicante, reflejada en este vídeo de un piso sombrío «vendido» por un exconvicto, dibuja un escenario donde el derecho a la propiedad privada se subasta cada día en los portales de la Zona Norte, bajo la atenta mirada de quienes han hecho del asalto su profesión. El contrato de alquiler falso no es solo un papel; es la herramienta que garantiza que la degradación de la vivienda y la impunidad del asaltante se perpetúen en el tiempo.