El nuevo negocio de la okupación que dirige un magrebí en Alicante: 400 euros por abrir pisos y 1.500 por «venderlos» a terceros

La okupación se ha convertido en uno de los problemas que más inquietan a los ciudadanos. La dificultad creciente para acceder a una vivienda -con alquileres disparados y una oferta cada vez más escasa- convive con la sensación de indefensión de los propietarios, que se enfrentan a procesos judiciales lentos y costosos para recuperar sus inmuebles.

En Alicante, el Ayuntamiento llegó a poner en marcha el pasado año una oficina antiokupación, pensada para asesorar a afectados y coordinar con la Policía. Pese a ello, la realidad en algunos barrios de la ciudad va más allá de lo que muestran las estadísticas. Testimonios recogidos por El Debate revelan la existencia de un negocio clandestino que convierte la okupación en una actividad lucrativa, con tarifas cerradas y todo un sistema de captación de viviendas.

Un exconvicto dirigiendo el 'negocio'

Según relatan las fuentes consultadas, el epicentro de esta red se encuentra en la zona Norte de Alicante. Allí opera un hombre de origen magrebí, con un largo historial delictivo y que llegó a pasar seis años en prisión. Vecinos y conocidos lo describen como «el mejor» en este negocio, alguien que ha hecho de la okupación su medio de vida.

Su tarifa está clara: 400 euros por abrir un piso vacío y 1.500 euros si, además, localiza y entrega la vivienda a terceros. «Sabe cómo hacerlo y nunca deja rastro», cuentan quienes lo han visto actuar. Su especialidad es identificar pisos que van a quedar deshabitados durante meses -porque sus dueños han fallecido, porque son segundas residencias o porque los inquilinos se marchan- y ofrecerlos a cambio de dinero en efectivo.

Vigilancia, entrada y pago en efectivo

El procedimiento es siempre similar. Vigila durante semanas bloques de pisos y calles enteras hasta confirmar qué viviendas están vacías. Una vez seguro, ofrece la oportunidad a okupas interesados en pagar. Cuando accede, lo hace por balcones o ventanas, usando guantes para no dejar huellas. En pocas horas, el piso queda listo para que los nuevos moradores entren sin resistencia ni sospechas inmediatas que pudieran provocar el desalojo.

Aunque no es el único que se dedica a esta actividad -los testimonios aseguran que «hay varias personas que viven de esto»-, la fama de este hombre lo coloca en el centro del negocio. Su eficacia y la discreción con la que se mueve lo han convertido en un intermediario clave, capaz de garantizar viviendas 'okupables' en un mercado negro cada vez más activo.

Barrios en alerta permanente

La zona Norte de Alicante, marcada por una alta densidad de población extranjera y por un historial de conflictos de convivencia, concentra buena parte de las denuncias relacionadas con la okupación. Allí se multiplican los casos de pisos ocupados tras la marcha de sus dueños y los problemas asociados: enganches ilegales a la luz, enfrentamientos vecinales o viviendas convertidas en focos de inseguridad.

La alarma entre los residentes es creciente. Muchos reconocen que viven pendientes de que sus viviendas o las de familiares no queden vacías demasiado tiempo. Otros señalan directamente al «negocio» como el verdadero motor de la okupación en la ciudad: «No es solo gente sin casa, hay quienes se lucran con esto», explica uno de los testimonios recogidos.

Respuesta institucional en entredicho

Desde la apertura de la oficina antiokupación, el Ayuntamiento ha insistido en su compromiso con los vecinos. Pero en los barrios afectados cunde la sensación de que las medidas son insuficientes. Los procesos judiciales se alargan, los desalojos inmediatos son escasos y la existencia de intermediarios que cobran por forzar pisos vacíos alimenta la idea de impunidad. En muchos casos, los afectados se ven obligados a contratar los servicios de empresas antiokupación para poder acceder a sus inmuebles de manera más ágil.

La realidad es compleja. En Alicante confluyen factores estructurales, como la falta de vivienda asequible, con la acción de individuos que han profesionalizado la okupación hasta convertirla en un negocio. La mezcla de necesidad social y delincuencia organizada dibuja un escenario difícil de abordar, que desborda a propietarios y desgasta a las administraciones, que en algunos casos parecen legislar en favor del allanador.