La Policía explica la clave para poder desalojar a los okupas en tiempo récord

La okupación de viviendas se ha convertido en una de las principales preocupaciones en España. El fenómeno se multiplica cada año y genera inquietud tanto en las grandes ciudades como en localidades medianas, donde la proliferación de intentos afecta directamente a la convivencia vecinal. Como ha contado El Debate en los últimos meses, la provincia de Castellón, la situación es cada vez más visible y municipios como Almazora, Burriana o la propia capital han registrado un incremento notable. Aunque muchos de estos intentos no llegan a consumarse gracias a la intervención policial, la sensación de inseguridad sigue creciendo. La colaboración ciudadana, que en muchos casos permite actuar con rapidez, se ha convertido en un recurso indispensable.

El último ejemplo se produjo en Burriana durante el pasado fin de semana. El sábado 28 de septiembre, a las once de la mañana, la Policía Local recibió un aviso vecinal que alertaba de la presencia de okupas en un edificio situado en la avenida Jaime Chicharro. Una patrulla acudió de inmediato y confirmó que en el interior había un hombre y una mujer que habían forzado la entrada con la intención de instalarse en la vivienda. Ambos fueron identificados y requeridos para abandonar el lugar.

Posteriormente, los agentes procedieron a precintar y asegurar la puerta de acceso para evitar un nuevo intento. La propia Policía Local destacó en sus redes sociales la importancia de la inmediatez y recordó a la ciudadanía la necesidad de avisar al primer indicio de que se esté produciendo una okupación ilegal.

Los casos recientes confirman que el éxito de estas intervenciones depende, en buena medida, de la rapidez de la respuesta y del compromiso vecinal. Cuando los vecinos alertan de inmediato, la Policía puede actuar con eficacia y frenar el delito antes de que se consolide. Una vez que los okupas se instalan y pasan las primeras horas, el marco legal limita notablemente la actuación de las autoridades, lo que complica enormemente la recuperación del inmueble.

Doce intentos frenados desde abril

En Castellón de la Plana, la concejalía de Seguridad y Emergencias ha puesto en marcha un plan estructurado en tres ejes que busca anticiparse a estas situaciones y minimizar el riesgo de okupación. El primero es la intervención inmediata. La coordinación entre asociaciones vecinales, administradores de fincas y la Policía de Barrio ha permitido abortar okupaciones en cuestión de horas, tanto en bajos comerciales como en viviendas vacías. Según los datos facilitados, desde abril se han evitado doce intentos en la capital, siete de ellos en apenas cuatro meses, lo que confirma la eficacia del sistema.

El segundo eje se centra en la prevención. La Policía Local asesora a los propietarios sobre medidas de seguridad como la instalación de puertas antiokupa, alarmas o cámaras, además de insistir en la importancia de la vigilancia comunitaria. Una alerta temprana es, en la mayoría de los casos, la mejor garantía de que la okupación no se produzca.

El tercer pilar aborda las situaciones más complejas: las okupaciones ya consumadas. En estos casos se aplican medidas como la revisión de contratos, el seguimiento de empadronamientos irregulares y la coordinación con las compañías suministradoras para cortar los servicios de luz o agua cuando no existen pagos en regla. También se refuerza el contacto con entidades financieras y fondos de inversión, propietarios en muchos casos de inmuebles vacíos que se convierten en objetivos frecuentes para los ocupantes.

Los agentes señalan que no existe un patrón único. Hay intentos en viviendas cerradas desde hace meses, en locales comerciales en desuso o en pisos propiedad de bancos. Esa diversidad obliga a mantener un dispositivo flexible, en el que las unidades de Proximidad y la Policía de Barrio juegan un papel decisivo. El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, subraya que estas actuaciones reflejan el compromiso del equipo de gobierno con la defensa de la legalidad y los derechos de los vecinos: «Trabajamos cada día para aumentar la seguridad de nuestros vecinos y actuaremos siempre con firmeza y dentro de la legalidad».

Ortolá recalca además que la colaboración ciudadana es la pieza clave para que las intervenciones funcionen. «La implicación de los vecinos resulta esencial para que la Policía Local pueda actuar con rapidez y eficacia», explica. Esa rapidez es la que marca la diferencia entre un intento frustrado y una ocupación consolidada. «Gracias a estas actuaciones inmediatas se logra frenar la ocupación antes de que llegue a consolidarse, evitando conflictos posteriores y problemas de convivencia en las comunidades afectadas».

Los casos de Burriana y Castellón reflejan una estrategia que combina rapidez, prevención y firmeza. Pero también ponen en evidencia que la lucha contra las okupaciones ilegales no depende solo de la Policía, sino de un engranaje en el que vecinos, propietarios y autoridades locales deben implicarse conjuntamente. La experiencia reciente confirma que la vigilancia vecinal y el aviso inmediato pueden marcar la diferencia entre perder una vivienda durante meses o evitar que la okupación llegue siquiera a producirse.