Las víctimas de la dana se quitan la careta política: cobijan las protestas contra Ayuso y Juanma Moreno pero olvidan a las de Adamuz

Curiosa la imagen que se vivió en la última concentración de varias decenas de personas contra Carlos Mazón con motivo de la dana: junto con las «más de 200 asociaciones» que promueven las protestas mensuales contra el expresidente, representantes de las asociaciones '7291 Verdad y Justicia' y las de AMAMA Sevilla. Tras una misma pancarta, los colectivos que acusan a tres dirigentes del PP. Pero casualmente no estaban las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

El movimiento asociativo de víctimas tras la dana ha sido una amalgama de intereses tanto políticos como económicos y sociales. Hay víctimas, la gran mayoría, que no se han 'alistado' a ningún colectivo, mientras, por ejemplo, Mariló Gradolí preside una de las entidades como afectada de la diana y no como víctima o familiar directa de una persona fallecida en la trágica riada. Ella, además, fue en las listas de Compromís por Catarroja en las últimas elecciones municipales. Ahora ha pedido que L'Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre 2024 debe «mantener las protestas» contra Mazón.

Christian Lesaec también presidió la Asociación de Damnificados por la Dana Horta-Sud Valencia teniendo en su currículum haber formado parte de la candidatura de Compromís por Alfafar.

El tercer elemento es Rosa Álvarez, portavoz de Víctimes Mortals 29 d'Octubre, quien admitió haber formado parte del PSOE e incluso haber participado en la recogida de avales para Pedro Sánchez, según señala esdiario.

Los tres se alzaron como los representantes de las víctimas más combativos contra la Generalitat Valenciana en general y contra Carlos Mazón en particular. En diversas ocasiones se negaron a reunirse con el dirigente cuando aún era presidente, alegando motivos varios.

En cambio no tuvieron reparo alguno en encerrarse con Pedro Sánchez el 22 de mayo de 2025 en la delegación del Gobierno de Valencia, al que no le pusieron ninguna condición para verse a varios kilómetros de distancia de la zona cero y evitando que el socialista volviera a pisar el área afectada de la que huyó el 3 de noviembre de 2024.

El trasfondo político de este tipo de colectivos ante una tragedia de tal magnitud parecía haber quedado ya demostrado, pero este domingo 26 de abril se vivió una imagen que bien sirve para explicar por qué las manifestaciones por la dana comenzaron siendo un homenaje a las víctimas para acabar en una simple concentración contra Mazón. En año y medio han pasado de rondar las 180.000 personas a ser menos de 500.

Las víctimas de la dana buscaron simbolizar un 'hermanamiento' con afectados representantes de las asociaciones '7291 Verdad y Justicia' y las de AMAMA Sevilla. La primera es la constituida para acusar a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por los fallecidos en las residencias de mayores durante la pandemia del Covid, pese a que durante ese periodo se autoproclamó Pablo Iglesias con las competencias para tal gestión de estos centros; la segunda ha servido para unificar a todas las mujeres y familiares de personas afectadas por los fallos en los cribados de las pruebas del cáncer de mama en Andalucía, centrando toda su crítica contra el también 'popular' Juanma Moreno Bonilla.

Así que una manifestación contra tres dirigentes 'populares', sin saber si es por causalidad o casualidad. Eso sí, nadie mencionó una ausencia muy notable. Por el motivo que fuera, estos tres movimientos sociales convertidos en criticar gestiones políticas del PP 'olvidaron' invitar a los representantes de las víctimas del accidente de Ademuz, única tragedia que faltó este domingo. Tal vez la diferencia es que los afectados por el descarrilamiento y choque de dos trenes en Córdoba exigen que las responsabilidades se asuman por parte del Gobierno de España y Adif.

Expusieron los movimientos 'hermanados' que su nexo de unión era sentirse «víctimas de lo mismo, de una negligente gestión y del maltrato institucional permanente», señalando siempre al PP y en este caso a Mazón, Ayuso y Moreno Bonilla.

A lo mejor las víctimas de Adamuz, que no han sido recibidas por el Gobierno de España desde que se produjo el alcance el 18 de enero de 2026, no se les puede considerar «víctimas de un maltrato institucional permanente», y más cuando nadie del Ejecutivo nacional ha asumido responsabilidades tanto por los hechos como por la situación sacada a la luz por los diversos informes de la Guardia Civil.