El pulso judicial entre Page y Sánchez amenaza al trasvase Tajo-Segura

El enfrentamiento entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el Gobierno de Pedro Sánchez ha entrado en una nueva fase tras la decisión judicial que obliga a mover ficha al Ejecutivo. La admisión a trámite del recurso autonómico para aplicar ya los recortes previstos en el trasvase Tajo-Segura sitúa en el centro del debate una infraestructura clave para el sureste y abre un escenario de presión institucional con consecuencias económicas, territoriales y políticas.

García-Page confirmó el pasado viernes que los tribunales han aceptado estudiar su recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica, con el objetivo de forzar la ejecución de unas reglas de explotación ya aprobadas pero aún pendientes de aplicación efectiva. El movimiento judicial añade tensión a una disputa que enfrenta a dos administraciones socialistas con intereses divergentes.

«Estamos ya enfocados a que se empiece a tramitar la demanda que hemos hecho, la denuncia ante el Ministerio y espero que simplemente se vean obligados a cumplir. Es tristísimo ganar sentencias y sentencias y tener que seguir yendo los tribunales para que se cumplan», afirmó el presidente castellanomanchego en Toledo.

El dirigente autonómico cargó contra la gestión del Ejecutivo central, que encabeza Pedro Sánchez, y calificó de «absolutamente inasumible la inactividad del Gobierno», pese a la existencia de sentencias y de una planificación hidrológica vigente que obliga a modificar las reglas del trasvase.

Choque político en el seno del PSOE

El conflicto tiene un componente político poco habitual al enfrentar a responsables del mismo partido. García-Page reconoció que «algunos se extrañan» de esta situación, pero defendió su postura: «hay que retratarse y ser sinceros». En ese sentido, subrayó que su prioridad es «defender los intereses de la tierra, esté quien esté en el Gobierno».

En el fondo de la disputa está la aplicación del Real Decreto 35/2023 y el incremento progresivo de los caudales ecológicos del Tajo, una medida que implicará una reducción sustancial del agua trasvasada al Segura en los próximos años. Este recorte, con horizonte en 2027, genera una fuerte inquietud en Alicante y Murcia, donde el trasvase sostiene buena parte de la actividad agrícola y ganadera.

El reciente fallo del Tribunal Supremo que inadmitió el recurso de la Diputación de Alicante por falta de legitimación no ha resuelto la cuestión de fondo. Aún quedan decisiones pendientes que deberán determinar si la planificación del Gobierno cumple con los requisitos técnicos y legales necesarios.

Incertidumbre en el sureste

Desde el sector de los regantes, la preocupación es evidente. El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, insistió en que el debate clave sigue abierto: «Estamos pendientes de que el Tribunal declare la legalidad o no de la planificación. Es decir, si se ha revestido bien técnicamente la decisión de recortar el trasvase».

Jiménez considera que detrás de la medida hay una decisión política y cuestiona la falta de alternativas reales. «No podemos prescindir del Tajo. No hay ninguna medida compensatoria aprobada. Es una locura. Es demencial. Y como esto nos lo ha quitado la política, la política nos lo debe devolver», afirmó en declaraciones a El Debate.

El trasfondo económico del conflicto es notable. La reducción prevista del trasvase podría afectar de forma directa a miles de hectáreas de cultivo y a decenas de miles de empleos, en un contexto en el que las comunidades receptoras denuncian la falta de infraestructuras suficientes para sustituir esos recursos hídricos.

García-Page, por su parte, lamentó lo que considera un incumplimiento reiterado por parte del Ejecutivo central: «duele especialmente cuando se incumple la palabra que nos han dado a todos, que está en el Boletín Oficial». Además, lanzó una crítica más amplia al sistema: «Van unos, vienen otros, pero lo cierto y verdad es que la gestión hidráulica en España está muy lejos de estar a la altura del país».

Con varias resoluciones judiciales aún por conocerse y el calendario electoral aproximándose, el conflicto del Tajo-Segura se intensifica. La decisión final marcará tanto el futuro del reparto del agua como el equilibrio político entre territorios y el coste que esta disputa pueda tener para el Gobierno de Pedro Sánchez en las urnas.