Docentes manifestándose frente a un centro educativo en Denia (Alicante)
«No utilizar a nuestros hijos como rehenes»: familias valencianas denuncian el intento de acabar con el español en las escuelas
Hablamos Español alerta de que los sindicatos usan la huelga educativa para reivindicar el modelo de inmersión lingüística
La huelga indefinida de docentes en la Comunidad Valenciana ha entrado en una fase de máxima tensión en la que las reivindicaciones laborales parecen haber quedado entrelazadas con una profunda carga ideológica. Lo que comenzó como una mesa de negociación sobre condiciones de trabajo ha derivado, según denuncian numerosas familias y la asociación Hablamos Español, en una herramienta de presión para revertir la actual Ley de Libertad Educativa. Esta norma, que permite a los padres elegir la lengua base de enseñanza para sus hijos, se encuentra ahora en la diana del sindicato STEPV -organización que mantiene posiciones extremistas vinculadas al nacionalismo y a Compromís-, que supedita el fin del paro a la derogación de dicha libertad de elección.
El Debate ha tenido acceso al testimonio de diversos padres que asisten con indignación al desarrollo de estas jornadas. El sentir generalizado entre estos grupos de familias se resume en una petición contundente a las centrales sindicales: «No utilizar a nuestros hijos como rehenes». Los afectados denuncian que los menores se han convertido en las víctimas de lo que consideran una «huelga política» que busca imponer de nuevo el modelo de inmersión lingüística obligatoria, desplazando al castellano de las aulas valencianas bajo el pretexto de las mejoras en el sector público.
La preocupación se ha extendido también a las formas de comunicación empleadas por los centros. Según relatan familias a este periódico, se han recibido mensajes de correo electrónico enviados desde las propias direcciones oficiales de los colegios e institutos que contienen proclamas de un cariz «claramente político». En estas comunicaciones se ensalzan las bondades del modelo lingüístico de inmersión y se insta a la comunidad educativa a movilizarse contra la normativa de libertad de lengua, un hecho que los padres consideran una extralimitación de las funciones de los equipos docentes y un uso impropio de los canales institucionales de educación.
Manifestación en la primera jornada de la huelga educativa
En este escenario, si bien es cierto que la Conselleria de Educación ha puesto sobre la mesa medidas destinadas a favorecer el día a día en los centros escolares -como el plan de confort térmico, la reducción progresiva de ratios según el calendario estatal o la creación de nuevas aulas para alumnos con necesidades especiales (UECO)-, la parte sindical se mantiene enrocada. Estas propuestas técnicas, que incluyen la creación de 135 plazas de Audición y Lenguaje y la simplificación de trece procedimientos burocráticos, han sido consideradas insuficientes por los convocantes, quienes insisten en vincular la negociación a la imposición del valenciano como lengua vehicular única y una mejora salarial.
La lengua como moneda de cambio
La presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, ha sido especialmente crítica con la inclusión de estos puntos en la plataforma reivindicativa de la huelga. En conversación con El Debate, Lago advierte sobre la estrategia de los sindicatos para camuflar objetivos ideológicos dentro de un conflicto laboral. Según explica, los padres han detectado que «Habían introducido la cuestión lingüística entre las reivindicaciones de los docentes, a pesar de ser un tema ajeno a sus condiciones de trabajo. A los padres les resultaba incomprensible, pues no veían en ello una forma de recuperar la normalidad y la convivencia en los centros educativos».
Cartel colgado por docentes para solicitar que el valenciano esté más presente en las aulas
La situación en las entradas de los colegios refleja esta crispación. Muchos centros han sido empapelados con carteles que, más allá de las ratios o los sueldos, atacan directamente la posibilidad de que los niños estudien en español. Para la asociación, esta práctica busca amedrentar a quienes pretenden ejercer su derecho a elegir. Lago denuncia que esta maniobra es, en realidad, «Su objetivo es poner otra vez el valenciano en el centro del debate, pero en unos términos inasumibles. Hablan de acabar con la imposición cuando lo que realmente piden es la inmersión lingüística. Nos parece una forma de manipular a las familias, y ellas mismas perciben que se las está utilizando».
Desde Hablamos Español señalan que existe una clara intencionalidad de generar un ambiente de «confrontación y crispación» que trasciende los muros de las escuelas y llega a los grupos de WhatsApp y redes sociales. Según la entidad, se está intentando convencer a las familias de que optar por el castellano supone actuar contra el patrimonio valenciano, cuando se trata simplemente de un derecho constitucional. La advertencia es clara: se está utilizando el momento de la matrícula para presionar a los padres, utilizando a los docentes como agentes de una «ingeniería social» que busca la marginación del español en las zonas donde es la lengua predominante.
