Un magrebí abre casas en Alicante para venderlas a okupas por 2.500 euros

Las mafias de la okupación en Alicante han dado una vuelta de tuerca a su actividad delictiva al implantar un modelo de negocio que emula los servicios de una agencia inmobiliaria convencional, pero operando en la absoluta clandestinidad.

El cerebro de esta red, un delincuente magrebí especializado, asalta viviendas en la capital alicantina para posteriormente comercializarlas de manera ilegal por importes que alcanzan los 2.500 euros. El pago no solo garantiza la patada en la puerta y la entrega inmediata de las llaves, sino que incluye un elaborado «blindaje jurídico» mediante documentación falsa para impedir que la Policía pueda desalojar a los usurpadores de forma exprés.

El funcionamiento de este mercado negro ha quedado de nuevo al descubierto gracias a un segundo vídeo al que ha tenido acceso El Debate en exclusiva. Si en una anterior ocasión las imágenes revelaban el estado de abandono de otro inmueble de la red, esta nueva filmación, grabada por el propio asaltante en primera persona, funciona como un «catálogo virtual» actualizado para captar compradores, mostrando esta vez un piso de clase media completamente equipado y listo para entrar a vivir.

Durante el recorrido por el inmueble, la cámara avanza en penumbra mientras el «vendedor» muestra las estancias con una tranquilidad pasmosa. Un detalle clave revela la profesionalidad de su proceder: en todo momento, la mano que aparece en el encuadre viste un guante de trabajo grueso, una medida de precaución sistemática para evitar dejar cualquier rastro de huellas dactilares o perfiles biológicos que puedan identificarlo en una investigación forense.

Con total frialdad, el individuo va tocando y validando las calidades de la casa; abre los armarios empotrados de los dormitorios -provistos de colchones y ropa de cama-, inspecciona el cuarto de baño y se detiene en la cocina para certificar que electrodomésticos como la lavadora, el frigorífico y la vitrocerámica están operativos. Incluso enfoca dos televisiones de pantalla plana de grandes dimensiones en la habitación principal y el salón.

Lo más desafiante de esta grabación, sin embargo, es su localización exacta. Las fuentes consultadas confirman que la vivienda ofertada en este segundo documento gráfico se sitúa a escasos metros de la Comisaría de la Policía Nacional de la Zona Norte de Alicante, uno de los puntos con mayor índice de conflictividad de la ciudad. Grabar este vídeo promocional casi a las puertas de la comisaría evidencia el grado de impunidad con el que se mueven estas redes.

Un exconvicto con un amplio historial

Detrás de este lucrativo entramado se encuentra un ciudadano de origen magrebí que ha convertido el asalto de inmuebles en su medio de vida de forma continuada desde hace años. Según relatan fuentes cercanas a este periódico, este hombre cuenta con un extenso y denso historial delictivo en los archivos policiales de la provincia. Su trayectoria en el mundo del crimen no es nueva: llegó a cumplir una condena de seis años de prisión en un centro penitenciario, un tiempo entre rejas que, lejos de rehabilitarlo, le sirvió para perfeccionar sus conocimientos sobre los resquicios del sistema legal.

Los testimonios de sus compradores describen a este individuo como un auténtico especialista que no deja nada al azar. Su modus operandi requiere paciencia: somete a bloques enteros de pisos a vigilancias que se prolongan durante semanas. Su objetivo prioritario son viviendas vulnerables, tales como segundas residencias de personas que viven fuera de Alicante, inmuebles vacíos de forma temporal por mudanzas o propiedades de ancianos que han fallecido recientemente. Una vez confirmado que el piso está deshabitado, ejecuta el asalto de forma limpia, descolgándose por patios interiores, forzando puertas o ventanas.

El 'seguro' del contrato falso

La tarifa que exige este dinamizador de la okupación, que escala hasta los 2.500 euros en función de las comodidades del piso y de su ubicación, incluye un elemento disuasorio clave: un contrato de alquiler falsificado. Este documento fraudulento se entrega junto a las llaves y tiene una función estrictamente táctica.

Si los vecinos alertan a las patrullas policiales al detectar movimientos extraños en el inmueble, los okupas exhiben el papel a los agentes asegurando que han sido víctimas de una estafa por parte de un supuesto propietario. Esta argucia legal surte un efecto inmediato: ante la existencia de un contrato -aunque sea falso-, la Policía no puede intervenir de forma sumarísima por la vía penal y se ve obligada a trasladar el caso a los juzgados civiles. De esta manera, el dueño legítimo se ve atrapado en un laberinto judicial que se prolonga durante meses o años, mientras la mafia consolida su negocio a costa de la propiedad privada ajena.