El dueño de una empresa que desaloja a okupas: «El 98 % son extranjeros y de ellos el 90 % magrebíes»

Javier Martínez tiene 43 años y lleva desde los 19 curtiéndose en el mundo de la seguridad. Hace un lustro, ante la avalancha de usurpaciones y la desesperación de cientos de propietarios, decidió fundar Desokupa2, una empresa especializada en la mediación y recuperación de inmuebles arrebatados a sus legítimos dueños. Desde su sede en la ciudad alicantina de Elche, y operando en puntos calientes del litoral mediterráneo como Torrevieja y en otros puntos de España, Martínez se enfrenta a diario a una realidad incómoda que choca frontalmente con el relato institucional. Lejos del mito del gran tenedor bancario o del okupa vulnerable sin recursos, lo que este experto se encuentra al otro lado de la puerta son familias trabajadoras despojadas de sus ahorros, extorsiones económicas descaradas y un laberinto burocrático inoperante. En esta entrevista, arroja luz sobre el verdadero perfil de quienes usurpan viviendas en nuestro país y denuncia un sistema que, asegura, protege sistemáticamente al infractor frente al ciudadano de a pie.

¿Cómo nace la empresa y qué os llevó a dedicaros a recuperar viviendas okupadas?

Nace a raíz de la demanda social y de lo que vemos en los medios de comunicación todos los días. Yo me he movido mucho por Torrevieja, he trabajado codo con codo con la Policía y la Guardia Civil, y es una de las zonas que más sufre el problema de la okupación. Vi de primera mano el drama que había allí, así que formé un equipo y empezamos a trabajar.

¿A qué se dedicaba anteriormente?

Actualmente tengo 43 años y llevo en el mundo de la seguridad desde que tenía 19.

¿En qué año fundan la empresa?

En 2021. Llevamos ya cinco años en activo.

Desde que pusisteis en marcha este proyecto, ¿cómo veis que ha evolucionado el fenómeno? ¿Recibís hoy más solicitudes de ayuda que en vuestros inicios?

Sí, esto ha evolucionado a lo bestia. Al principio gestionábamos dos o tres casos semanales; ahora mismo cerramos contratos a diario. Solamente esta mañana, antes de las doce del mediodía, ya había firmado dos expedientes nuevos.

«No trabajamos con entidades bancarias ni con fondos buitre. El cien por cien de nuestros clientes son particulares a los que les usurpan la primera o la segunda residencia»Javier MartínezPropietario de Desokupa2

¿Cuántos casos llegáis a gestionar al mes?

Es difícil dar una cifra exacta porque el volumen es alto, pero le puedo decir que en los últimos dos meses habremos llevado unos 28 ó 29 casos que, a día de hoy, continúan en vías de mediación.

Desde el Gobierno se insiste a menudo en que la gran mayoría de las viviendas okupadas pertenecen a bancos o grandes fondos de inversión. ¿Cuál es el perfil real del propietario que os encontráis en vuestras intervenciones?

Esa afirmación es totalmente falsa. De hecho, nosotros no trabajamos con entidades bancarias ni con «fondos buitre». El cien por cien de nuestros clientes son particulares. En su gran mayoría se trata de segundas residencias, pero también nos encontramos con okupaciones de la primera vivienda. La semana pasada, sin ir más lejos, intervenimos en un domicilio habitual en Ciudad Quesada. Los propietarios son una pareja que pasa tres meses al año en el Reino Unido. Tenían todos sus enseres personales dentro, toda su vida. Y da igual que sea la vivienda habitual: a nivel policial y legal se gestiona exactamente igual que si fuera una segunda residencia. Es decir, de entrada, no se hace nada.

Muchos afectados aseguran sentirse abandonados por la Administración. ¿Qué os transmiten los propietarios cuando os llaman por primera vez?

Generalmente, cuando nosotros entramos en escena, ya ha habido una intervención previa y fallida de la Policía o la Guardia Civil. Los propietarios nos relatan siempre la misma historia: que los agentes les dicen que tienen las manos atadas, que vayan a poner una denuncia y que esperen a que el asunto se resuelva en el juzgado. Esa teoría de que, al tratarse de un allanamiento de morada y un delito flagrante, la Policía desaloja en el momento... yo todavía no la he visto aplicarse. No digo que no exista algún caso aislado, pero en mi experiencia no ocurre. Siempre que nos llaman, la vía policial ya ha fracasado y la vivienda continúa okupada.

«Todavía no me he cruzado con una sola familia vulnerable de verdad. De cada diez casos que gestionamos, nueve son extranjeros y muchos cobran ayudas mientras trabajan en B»Javier MartínezPropietario de Desokupa2

¿Consideráis entonces que la legislación actual protege más al okupa que al legítimo propietario?

Totalmente. Debería ser algo de sentido común: es tu casa, tienes la escritura a tu nombre, los vecinos atestiguan que eres el dueño y tus pertenencias están dentro. A veces, la situación roza lo surrealista y es el propio okupa quien reconoce ante todos que lo es, confirmando que las cosas del propietario están dentro y diciéndole, con toda la calma del mundo, que no se preocupe, que se las ha guardado en cajas.

Existe la creencia arraigada de que la mayoría de los okupas son familias vulnerables sin alternativa habitacional. ¿Se corresponde esta imagen con la realidad que presenciáis a pie de calle?

Para nada. En los años que llevo dedicándome a esto, todavía no me he cruzado con una sola familia vulnerable de verdad, a la que consideremos que necesita auxilio urgente. Si yo veo a una familia que lo está pasando mal de manera legítima, intentamos tenderle la mano. Una vez, en Murcia, mediamos para intentar conseguirles un alquiler social porque era una vivienda sin uso; el dueño se negó -algo también lícito y comprensible-, pero fue un caso muy excepcional.

La inmensa mayoría son unos «jetas» que han decidido vivir del cuento con la ley bajo el brazo. Te reciben diciendo: «Ya ha venido la Policía y me ha dejado claro que de aquí no me saca nadie». De vulnerabilidad, cero. Saben el guion: se declaran vulnerables ante Servicios Sociales, pero a nosotros nos consta que tanto el hombre como la mujer trabajan en negro y, además, cobran ayudas sociales de más de 1.400 euros. En ocasiones hasta dejan a los menores solos en casa. Pero para la Administración, sobre el papel, son «gente vulnerable».

Era precisamente mi siguiente pregunta: ¿predominan los okupas españoles o los extranjeros?

Extranjeros, con total rotundidad.

¿Y de qué nacionalidades concretas?

Principalmente árabes. Es el perfil predominante y, lamentablemente, el que actúa con mayor descaro. Se plantan y te dicen que tienen derecho a estar allí, y que, si no viene un juez a decírselo, no piensan moverse.

En vuestras redes sociales mostrasteis el desalojo de una vivienda en Elche que llevaba cerca de 20 años okupada. ¿Cómo es posible que una anomalía así se prolongue dos décadas sin una solución judicial?

Ese caso correspondía a un matrimonio que se separó justo después de reformar la vivienda, por lo que nunca llegaron a estrenarla. Al no haber acuerdo en el divorcio sobre el uso del inmueble durante todos esos años, quedó vacía. Hablando con los vecinos, descubrimos que por allí habían pasado decenas de personas; se iban vendiendo las llaves de unos a otros. Primero entró una familia, luego otra... Los últimos okupas nos confesaron sin tapujos que habían pagado 3.500 euros por esas llaves a los anteriores inquilinos ilegales. Llevaban ya ocho años viviendo allí.

A nivel personal, ¿qué intervención te ha impactado más?

Cada caso es un mundo y te encuentras todo tipo de escenarios: desde toxicómanos hasta gente que te cuenta historias de ciencia ficción. Afortunadamente, en cinco años nunca hemos llegado a las manos con nadie. Por teléfono suelen mostrarse muy hostiles y valientes, pero cuando nos presentamos físicamente reculan bastante. No obstante, la semana pasada, en la casa de Ciudad Quesada que te mencionaba, tuvimos un pequeño altercado. Los okupas, de nacionalidad argelina, se vinieron arriba y el hombre cargó contra nosotros, provocando un forcejeo. Pero repito, es la excepción; nuestra norma es no tener altercados violentos.

¿Cuál es vuestra forma de proceder?

Nuestra primera y principal herramienta es la vía de la mediación. Acudimos con toda la intención de informarles con claridad sobre las consecuencias legales a las que se enfrentan. Les advertimos también del desgaste que supone tenernos a nosotros haciendo acto de presencia constante. Les dejamos cristalino que vamos a recuperar la propiedad, de una manera u otra, pero les ofrecemos pactar un plazo prudencial de tiempo para que busquen una alternativa y recojan sus pertenencias con calma. Si aceptan, nos comprometemos a no molestarles ni a dejarles en evidencia delante del vecindario. La gran mayoría cede y firmamos un acuerdo amistoso.

Sin embargo, hay otra vertiente oscura: la extorsión. Hay okupas que te exigen 30.000 euros para marcharse. Chantajear pidiendo rescate por la casa era algo típico del «okupa de patada», pero ahora lo hacen muchísimo los «inquiokupas». Tenemos un caso en La Hoya (Elche) donde los inquilinos, tras seis años sin pagar una sola mensualidad de alquiler, nos han mandado fotos mías descargadas de internet para amedrentarme con denuncias falsas, a la par que extorsionan a la propietaria exigiéndole un pago de 13.200 euros para liberar la vivienda.

¿De dónde sacan esas cifras tan específicas?

Hacen sus propios cálculos absurdos. Te argumentan que perdieron dinero porque un día no pudieron ir a trabajar por miedo a que cambiáramos la cerradura, o aseguran haber hecho supuestas reformas en la casa en las que se gastaron equis cantidad, y exigen que se les reembolse. Todo son excusas para sacar tajada económica.

En El Debate hemos documentado la existencia de una mafia en la zona norte de Alicante, liderada por un hombre argelino con antecedentes penales, dedicada a abrir casas y redactar contratos de alquiler falsos para blindar legalmente al okupa. ¿Os topáis a menudo con estas tácticas?

Ese es nuestro pan de cada día. Vivienda okupada implica, casi por sistema, un contrato de arrendamiento falso de por medio. Lo desesperante es que es facilísimo de desmontar. Cuando voy a una intervención llevo encima toda la documentación legal del verdadero propietario: su DNI, las escrituras originales... Bastaría con que la Guardia Civil cotejara mínimamente la falsedad de la firma. Pero cuando se lo mostramos al agente, muchas veces se lavan las manos. Como el okupa les ha enseñado un papel que dice ser un contrato, afirman que ya no es su competencia y nos derivan a la vía civil en los juzgados. Nuestra primera línea de defensa debería ser la Policía, pero la legislación los limita por completo.

«Cuando hay niños en una casa okupada sin luz, sin agua y convertida en un fumadero de droga, Servicios Sociales ni asoma. Cuando la Administración tiene que proteger de verdad, no está»Javier MartínezPropietario de Desokupa2

Por la vía judicial ordinaria, ¿cuánto puede demorarse un desahucio? Entiendo que la presencia de menores enquista aún más el proceso.

No es que los menores compliquen la vía judicial por sí solos, el problema es la hipocresía institucional. Yo defiendo que, cuando hay niños involucrados, Asuntos Sociales debería intervenir de oficio y retirar a esos menores del peligro. Esas casas no están en condiciones de habitabilidad; están sin luz, sin agua, plagadas de cucarachas... A veces llegamos un martes al mediodía y están los menores sin escolarizar viendo cómo el salón es un fumadero de droga. Y en esos casos de negligencia evidente, Servicios Sociales ni asoma.

En cambio, cuando acudimos al domicilio okupado por una familia que trabaja en negro y percibe rentas sociales, ahí sí aparecen para blindarlos. Le pondré un ejemplo doloroso: teníamos a un cliente de 83 años al que cinco varones magrebíes le habían usurpado la casa. Todos trabajaban irregularmente. Se personó una trabajadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Orihuela. Pensé que venía a reubicarlos para que el anciano pudiera pasar sus últimos años en paz en su hogar. Me miró, me dijo «Yo ya sé cómo funciona esto», se subió a la terraza a tomarse un café riéndose con los okupas y empezó a insultarnos. Cuando la Administración tiene que proteger de verdad, no está.

Si pudiera sentarse mañana con el Gobierno, ¿qué cambios legales reclamaría de urgencia para atajar esta sensación de impunidad?

Pediría algo tan básico como aplicar el sentido común. Si a una persona se le solicita un contrato de alquiler o un título de propiedad y no lo tiene, debe ser expulsada de la propiedad inmediatamente. Los usurpadores te reconocen abiertamente que son okupas porque se saben impunes; son plenamente conscientes de que el sistema judicial es lento y garantista con ellos. Si supieran que entrar a la fuerza implica ser detenido en el acto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, saldrían de las casas y se acabaría este problema de raíz.

Desde ciertas tribunas políticas y mediáticas se etiqueta sistemáticamente a las empresas de desokupación de racistas. ¿Entiende el origen de esta animadversión?

No lo entiendo ni lo comparto. Nosotros de racistas tenemos bien poco. De hecho, en mi propia plantilla trabajan un chico de nacionalidad argelina y otro de etnia gitana. Lo que ocurre es que los números son los que son y resultan incómodos para algunos relatos. Nos cuelgan esa etiqueta porque, de forma empírica, resulta que en el 98 % de las intervenciones a las que vamos, los okupas son extranjeros. Y de ese porcentaje, cerca de un 90 % son de origen magrebí. En cuanto nos ven aparecer, y sin que hayamos abierto siquiera la boca, son ellos los que utilizan la carta del racismo a la defensiva. Pero relatar esto no es discriminación, es pura estadística y ceñirse a los datos.