El alcalde socialista imputado por la piscina de 1,2 millones de euros anuncia que optará de nuevo a ser candidato

En los tiempos en los que vuelven a aflorar los casos judiciales con políticos y cargos públicos imputados, lo normal es que las formaciones intenten cortar de raíz cualquier escándalo que les afecte a la imagen y la reputación; pero ya son tantas causas que es imposible taponar la herida. El alcalde socialista de la localidad valenciana de Alboraya ha anunciado su intención de presentarse a la reelección como primer edil pese a estar imputado en el caso de la piscina ilegal de 1,2 millones de euros y recaer sobre él una posible solicitud de condena de ocho años de cárcel.

Miguel Chavarría gobierna en la ciudad limítrofe a Valencia desde 2011. Siempre ha sido alcalde gracias a pactos con otras formaciones y su tope de representación lo obtuvo en los comicios de 2019, cuando ganó con nueve concejales, a dos de la mayoría absoluta. Su muleta siempre ha sido Compromís.

Lo cierto es que Alboraya no ha vivido grandes sobresaltos que se hayan extendido más allá de sus fronteras municipales, pero todo cambió en 2022. El Ayuntamiento presidido por Chavarría impulsa la construcción de un nuevo centro deportivo descubierto en unos terrenos que hace varias décadas Alboraya quiso comprar a Valencia, ya que pertenecen a la capital. Nunca se concretó esa transacción y por lo tanto ese terreno oficialmente no pasó a depender de la localidad que tiene por bandera ser la cuna de la horchata.

El año previo a las últimas elecciones el Consistorio de Chavarría impulsa la construcción de esta zona deportiva en ese mismo terreno de Valencia. Se inauguró en 2023 con un coste ya llamativo: 1,2 millones de euros. La batalla judicial empezó en febrero de 2025 y la primera ficha de dominó no tardó en llegar: el alcalde Miguel Chavarría, imputado.

El juez Jarabo Calatayud acaba de ampliar la instrucción hasta diciembre, justo tres semanas después de que el primer edil socialista se haya postulado para la reelección. Sobre Chavarría recae la investigación por los delitos de contra la ordenación del territorio y por malversación, con penas de prisión que podrían oscilar entre los 6 y los 8 años, además de una multa e inhabilitación para cargo público.

Pese a este escenario judicial, el alcalde no ha dudado en dar un paso al frente. Con la instrucción prorrogada hasta diciembre, aunque podría darse por cerrada antes o ampliarse seis meses más, lo que sí parece evidente es que el caso coleará durante la precampaña y más cuando también está imputada su concejal de Urbanismo, Ana Bru. Ellos son dos de los cuatro investigados por parte de Alboraya, a los que hay que sumar a la arquitecta municipal Silvia Requeni y el arquitecto del complejo Emilio Conejero.

Según ha podido saber El Debate, al parecer si se iba a llevar a cabo una sucesión interna por la que Chavarría cedería la candidatura a su actual portavoz Susana Cazorla, pero no se habría podido certificar por cuestiones internas del partido socialista local.

¿'Sorpasso' del PP en 2027?

Y si el plano procesal ya se presenta peliagudo, en el político la cuestión tiene visos de complicarse aún más. El PSOE ha perdido toda la renta que llegó a tener sobre el PP en Alboraya y ya en los comicios de 2023 hubo un empate a siete concejales entre ambas formaciones. Las tendencias en política pueden con todo y prueba de ello es que en 2019 Chavarría sacó nueve regidores por sólo tres del PP, quien incluso fue superado por Ciudadanos en aquella elección.

¿Qué pasará en 2027? Pues obviamente es la gran pregunta que sobrevuela Alboraya. Lo que sí se 'ha ganado' el municipio es convertirse ya en protagonista electoral, tanto por la previsible presencia de un candidato imputado y el posible 'sorpasso' del PP, con Modesto Martínez como previsible candidato, al PSOE de Chavarría.