Imagen de la cocina del 'piso patera' durante el registro policial
Detienen a una inmigrante irregular por explotar por segunda vez un 'piso patera' en Alicante
La Policía Nacional arresta a la mujer, de 56 años, que cobraba a otras personas en situación ilegal por alojarse en condiciones de insalubridad y los expulsaba ante el menor impago
agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a una mujer de 56 años acusada de convertir su vivienda habitual en un lucrativo «piso patera». El inmueble, ubicado en la capital alicantina, albergaba a un número indeterminado de ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular, quienes se veían obligados a malvivir hacinados y bajo condiciones higiénicas calificadas por los investigadores como estrictamente infrahumanas.
La investigación penal fue asumida por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Alicante. Los agentes especializados tuvieron conocimiento de la existencia de este punto negro tras recibir informaciones operativas que apuntaban a que una mujer se estaba lucrando de manera sistemática a costa de la extrema necesidad de personas sin papeles.
El trasiego constante de personas no tardó en despertar las alarmas en la comunidad; de hecho, la Policía Nacional constató numerosas quejas vecinales motivadas por ruidos persistentes a altas horas de la madrugada, momento en que nuevos inmigrantes acudían al inmueble en busca de un techo, quebrando por completo la convivencia ciudadana.
Según detallan las fuentes policiales, la detenida ejercía un férreo y despiadado control sobre los moradores del inmueble. Aprovechándose de su precaria situación económica y de la absoluta desprotección jurídica que sufren al carecer de documentación legal en España, la responsable no dudaba en aplicar medidas draconianas: ante el más mínimo desacuerdo económico, retraso o impago de las cuotas estipuladas, expulsaba a los inquilinos de forma fulminante a la vía pública, dejándolos en el desamparo más absoluto.
Un negocio clandestino reincidente
El historial delictivo vinculado a este piso no es, ni mucho menos, un hecho aislado para las fuerzas de seguridad. Los registros policiales revelan que la sospechosa ya había sido detenida en el año 2024 exactamente por los mismos hechos. En aquella primera intervención, la inspección de la UCRIF desveló un escenario de hacinamiento extremo: doce personas convivían apretadas en apenas tres habitaciones.
Ocho de ellas eran inmigrantes en situación irregular que pagaban una tarifa fija de diez euros diarios al núcleo organizador por el derecho a ocupar un espacio, mientras que las otras cuatro personas correspondían a los moradores habituales de la vivienda. Aquella operación previa se saldó con el procesamiento de la propietaria y de sus acompañantes por un delito de favorecimiento de la inmigración irregular.
Pese al antecedente judicial y la gravedad de los cargos previos, las pesquisas recientes de la UCRIF confirmaron que la dueña del inmueble había reanudado la actividad delictiva a gran escala, empleando idéntico modus operandi para explotar el flujo de la inmigración irregular. Al proceder al nuevo registro del domicilio, autorizado judicialmente, los agentes descubrieron que la mujer residía junto a sus tres hijos y un varón de 27 años, ajeno al clan familiar. El entorno en el que pernoctaban se caracterizaba por una alarmante insalubridad y falta de higiene. Tras comprobarse que este joven de 27 años carecía de cualquier permiso de residencia, se procedió a su detención por infracción flagrante a la Ley de Extranjería.
Amenazas y resistencia a la autoridad
El desenlace de la operación policial se tornó especialmente violento una vez la principal investigada fue citada en las dependencias de la Comisaría Provincial. En el momento en que los funcionarios policiales le comunicaron formalmente que se iba a proceder a su detención por un presunto delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, la mujer reaccionó de forma hostil y agresiva.
Salón de la vivienda registrada en Alicante
Según recoge el acta policial, profirió amenazas de muerte de extrema gravedad dirigidas tanto contra los agentes actuantes como contra sus familiares directos, oponiendo al mismo tiempo una fuerte resistencia física y desobediencia civil para impedir el arresto.
Para sorpresa de los investigadores, los posteriores cotejos de identidad y el análisis documental revelaron un giro inesperado en las actuaciones: la propia arrendadora e impulsora de la red de explotación se encuentra también en situación irregular en el territorio nacional.
Finalmente, la mujer de 56 años fue formalmente imputada por la presunta comisión de una amalgama de delitos que incluye el favorecimiento de la inmigración ilegal, amenazas graves, resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, además de tramitársele el correspondiente expediente por infracción a la Ley de Extranjería.
Tras concluir la redacción de las diligencias policiales y la toma de declaraciones, la detenida fue conducida bajo custodia y puesta a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Alicante, que dictará las medidas cautelares pertinentes.
