La alcaldesa de Valencia: «Quien diga que la okupación no es un problema que venga a atender a los afectados»

El incendio ocurrido esta semana en el barrio valenciano de Benicalap, además del propio suceso en sí mismo, ha reabierto una polémica como es la de la okupación, ya que el inmueble donde se declaró el fuego estaba habitado de forma irregular. En este sentido, la alcaldesa, María José Catalá, ha sido contundente a la hora abordar esta circunstancia:

«Quien diga que la okupación ilegal no es un problema, que venga a atender a los afectados», ha señalado en clara alusión a los partidos que vienen haciendo apología de este hecho y que, incluso, lo trasladan a la opinión pública como si de un derecho fundamental se tratara. Del mismo modo, ha indicado que el Ayuntamiento solicitó el desalojo de la finca de la calle Picayo a la Policía Nacional hace «años».

En cuanto a la situación de los vecinos, la regidora ha adelantado que los que viven en el portal 25 todavía pueden tardar varios en días en volver a sus casas, un hecho que preocupa especialmente dado que algunos de ellos están en «situación de vulnerabilidad» y que las fechas del año hacen que la capital tenga una altísima demanda turística y, por tanto, sea más complicado encontrar opciones de realojo de las familias.

Preguntada por las causas de las llamas, ha apuntado que una de las hipótesis que los agentes manejan es que el incendio se pudo producir por los trabajos de soldadura de las persianas para sellar los bajos, si bien se ha mostrado cauta porque es la Policía Nacional «quien se encara de las investigaciones». «Yo no puedo confirmarlo», ha insistido.

«Hay personas muy afectadas»

Igualmente, ha explicado los próximos pasos a dar: «Bomberos y disciplina urbanística están trabajando para analizar el estado de la infraestructura. Todo parece indicar que los vecinos del portal número 23 no está muy afectada y durante el día de hoy tal vez puedan volver. En el caso de 25 la afectación es mayor, no por la estructura pero sí por circunstancias que hacen que la vida diaria sea inviable. Estos vecinos tardarán un plazo más largo para volver a sus viviendas con normalidad».

Con el suceso de Campanar y otros todavía sin olvidar, Catalá ha añadido: «Hay personas muy afectadas. Desde que soy alcaldesa he vivido cuatro incendios, pero en este caso hablamos de personas en una situación de especial vulnerabilidad. Y también soy consciente por la experiencia anterior, que cuando los bajos están quemados las cosas cuestan mucho de recuperar. Eso implica no poder tener una habitabilidad con normalidad, no poder utilizar la cocina o los baños».

Es por eso que el Ayuntamiento ya trabaja buscando soluciones habitacionales: «La disponibilidad de hoteles y apartamentos es muy limitada. Estamos buscando opciones para que puedan tener una estancia un poco más larga y que no tengan que estar mudándose por la ciudad», ha aseverado.

Catalá ha hecho hincapié en los efectos de la okupación: «La okupación irregular es un problema. Esta situación manifiesta una realidad a la que tenemos que hacer frente, y no es una competencia municipal, trasciende nuestras responsabilidades, pero es una evidencia que la okupación irregular en este país es un problema y que a nivel nacional se tienen que tomar medidas. Que los procesos judiciales tienen que ser más rápidos. Que se tiene que intervenir de forma más ágil y que los ayuntamientos estamos con las manos atadas sin poder hacer frente a ese contexto».

«Es que ayer por la mañana es cuando ya finalmente hay una autorización judicial para que el Cuerpo Nacional de Policía desokupara esos bajos, mientras nosotros llevábamos años trasladando el problema. Pues quien diga que la okupación irregular no es un problema, que se venga conmigo durante todo el día a atender a los afectados y a ver las consecuencias», ha zanjado la mandataria.