Un letargo judicial que beneficia al PSOE: el tren con 49 pasajeros que se adentró sin avisos en un incendio

Hace exactamente cuatro años, el municipio de Bejís se convirtió en el escenario de una pesadilla que dejaría cicatrices imborrables. Un virulento incendio forestal devoraba la comarca castellonense, arrasando a su paso más de 19.000 hectáreas de terreno en un episodio de auténtico pánico.

Sin embargo, el momento de mayor desesperación no se vivió únicamente en las calles de las localidades afectadas, sino sobre las vías férreas. Un tren de Media Distancia, con 49 pasajeros a bordo, tuvo que frenar de urgencia al toparse de frente con un muro de llamas, desatando el terror y provocando heridas de diversa consideración en una quincena de viajeros.

Hoy, en el cuarto aniversario de aquella jornada aciaga, las víctimas continúan atrapadas en un laberinto administrativo y legal sin final a la vista. Lejos de encontrar respuestas a sus reclamaciones, los afectados se enfrentan a un proceso penal enquistado en el Juzgado de Segorbe. Tal y como ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a El Debate, no se han producido novedades en una investigación judicial que cuenta ya con cuatro años de vida.

El caso experimentó un revés inicial al ser archivado de forma provisional en enero de 2023, pero el recurso presentado por una de las perjudicadas, quien consideraba que faltaban elementos cruciales por investigar, logró frenar el carpetazo.

El último movimiento procesal de relevancia data de marzo de 2025, momento en el cual la Audiencia Provincial de Castellón resolvió la última apelación pendiente dentro de la causa. Desde aquel momento, la responsabilidad de reabrir o cerrar definitivamente la instrucción recae sobre la titular del juzgado segorbino.

Las fuentes del TSJCV aseguran que esta magistrada, incorporada a su puesto en septiembre de 2025, todavía se encuentra estudiando el asunto para emitir una decisión firme. Esta lentitud contrasta drásticamente con el sufrimiento continuo de los damnificados, quienes padecieron graves secuelas físicas y psicológicas, llegando algunos a requerir largos ingresos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Una trampa de fuego

La reconstrucción narrativa de los hechos revela una cadena de fallos de coordinación que abocó al convoy a una trampa mortal, permitiendo que circulara sin aviso previo hacia el peligro. La emergencia comenzó a gestarse el 16 de agosto de 2022, cuando se declaró el incendio forestal inicial.

Al día siguiente, la extrema voracidad del fuego forzó a la Generalitat Valenciana a ordenar la evacuación de Bejís y de la población vecina de Torás, una decisión notificada a las 15:22 horas a través de la cuenta de X del servicio de Emergencias 112.

Pese a la magnitud de la catástrofe, a las 16:23 horas -justo 61 minutos después de aquella alerta pública- el tren de Media Distancia 18506 partió desde la estación de Valencia con destino a Zaragoza, acumulando apenas un minuto de retraso.

Inexplicablemente, ni Adif ni Renfe tenían constancia alguna sobre el fuego que asolaba la comarca por la que debía transitar el vehículo, por lo que el viaje comenzó con absoluta normalidad.

A las 17:54 horas, la fatalidad se hizo evidente. Al llegar al entorno de Bejís, la maquinista observó una intensa lluvia de humo y ceniza, lo que la motivó a contactar de inmediato con el centro de regulación del tráfico ferroviario para consultar si había algún incendio activo en la zona.

La respuesta que obtuvo desde el centro de control fue que no habían recibido esa información. Aquella consulta se convirtió en la primera comunicación oficial sobre el terreno, tal y como reconocería más tarde en sede parlamentaria la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

Caos, huida y un rescate a contrarreloj

Ante la inminencia de las llamas, la conductora solicitó y recibió autorización para hacer retroceder el vehículo. Para ejecutar la maniobra, debía cambiar de cabina, un lapso de tiempo durante el cual el pánico se adueñó de los vagones. Sumidos en la confusión al ver el fuego a escasos metros, varios viajeros trataron de abandonar el tren y algunos lograron conseguirlo.

En medio del caos, hubo quienes activaron los frenos automáticos de emergencia para forzar la apertura de las puertas, lo que en realidad supuso que la maniobra de huida se demorara peligrosamente.

Tras unos angustiosos minutos de máxima tensión, la maquinista consiguió rearmar el sistema del vehículo. Con el tren de nuevo operativo, recogió a los pasajeros que corrían despavoridos por las inmediaciones de la vía y emprendió la marcha atrás hasta alcanzar el municipio de Caudiel, donde se ubicaba la estación más cercana, llegando a las 18:39 horas.

El suceso dejó un trágico balance de quince heridos evacuados a diversos centros sanitarios. El caso más crítico fue el de una mujer de 62 años, trasladada de urgencia en helicóptero al hospital La Fe de Valencia debido a la gravedad de sus quemaduras. Esta paciente no recibiría el alta médica hasta el 11 de noviembre, casi tres meses internada tras el suceso.

Acusaciones cruzadas

Una vez extinguido el fuego, se desató la tormenta política para esclarecer qué Administración fue responsable de permitir el inicio del viaje hacia una zona previamente evacuada. El Gobierno autonómico, liderado entonces por Ximo Puig, desvió inicialmente las culpas hacia los responsables del Puesto de Mando Avanzado y, posteriormente, apuntó a Renfe y Adif.

Las empresas públicas rechazaron estas acusaciones, escudándose en el estricto cumplimiento de sus protocolos internos y en la ausencia de comunicaciones sobre la emergencia.

Sin embargo, los textos oficiales contradicen el silencio administrativo. El Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Generalitat establece que corresponde al servicio de Emergencias comunicar y notificar estas situaciones a los organismos afectados.

El documento, actualizado en 2021, detalla que el 112 dispone de un operador de comunicaciones las 24 horas y que es este ente quien debe poner en marcha la operativa de aviso al recibir la alerta del fuego.

A día de hoy, la herida sigue abierta y el actual Ejecutivo valenciano ha elevado el tono ante la falta de justicia. A finales de julio, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, exigió al Gobierno de España que acelere los procedimientos y depure responsabilidades penales.

Barrachina tachó de inadmisible que las víctimas sigan sin ser resarcidas y sufran pérdidas de empleo, recordando incluso el trágico fallecimiento de un afectado que no pudo continuar con normalidad su tratamiento oncológico tras las lesiones.

Mientras tanto, los damnificados de Bejís continúan mirando a los juzgados de Segorbe en busca de una respuesta que se resiste a llegar.